Durante los últimos cien días, los argentinos asistimos al espectáculo de los cortes de ruta. Supimos, por los movileros y los formadores de opinión multimediática, de las demandas que “el campo” hacía en defensa de sus intereses sectoriales. Sin embargo, casi nunca se les preguntó a los “productores” por los números que nos permitieran dilucidar cuán pequeño, mediano o grande era cada uno de ellos, cuánto habían ganado con la última cosecha, si mientras piqueteaban en la ruta continuaban las tareas en el campo o si tenían peones contratados. Menos aún hubo alguna cámara que se alejara de las banquinas para mostrar qué pasaba tranqueras adentro, en las tierras de aquellos efusivos reclamantes. Hasta los pantagruélicos asados nos fueron escamoteados a los televidentes. Sólo se nos hizo visible el reclamo por la justa rentabilidad.

Los que, definitivamente, permanecieron invisibles, fueron los trabajadores rurales. No se los vio por el piquete ni siquiera como actores de reparto. En ningún discurso de las entidades patronales que se arrogaron la representación de “el campo” fueron mencionados los trabajadores, ni siquiera en los de la muy progresista Federación Agraria. ¿Estarían trabajando? ¿Les habrían dado licencia porque había un “paro”? ¿O será que en ese idílico universo rural de pequeños productores que labran la tierra con su propio esfuerzo ya no quedan más peones?

En 1944, para disgusto de las entidades patronales, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión el coronel Perón sancionó el Estatuto del Peón de Campo y, ya como presidente, la ley 13.020 de protección a los cosecheros y trabajadores temporarios. Fue así que los peones rurales obtuvieron, entre otros derechos, el de un salario mínimo pagado en moneda nacional, descansos obligatorios, estabilidad laboral, asistencia médica, vacaciones pagas, provisión de ropa de trabajo, buenas condiciones de higiene y alimentación. Después del Martín Fierro y del Grito de Alcorta, el trabajador del campo volvía a aparecer en escena, esta vez como ciudadano con plenos derechos reconocidos por el Estado. Por supuesto, los empleadores se resistieron cuanto pudieron a estos cambios y consiguieron, en 1980, durante la dictadura militar, que estas leyes fueran en parte modificadas y muchos de sus beneficios escatimados. Otra vez la invisibilidad, ahora realizada por los expertos en desapariciones.

En estos días, en que los argentinos nos fuimos convirtiendo en especialistas en temas agropecuarios, comienza a emerger muy lentamente el verdadero pequeño-pequeño del campo. Ese al que las cuatro entidades patronales le escamotean entre otras cosas la jornada laboral de ocho horas, la ropa de trabajo y el incentivo para que termine su escolaridad primaria y secundaria.

* Historiador.