El lockout rural hegemoniza la agenda política de la Argentina desde hace cien días. En cualquier corrillo parece imposible eludir la discusión sobre el apoyo o el repudio a las retenciones móviles a las exportaciones de granos y oleaginosas. Es lógico teniendo en cuenta la abrumadora cobertura mediática. Menos lógico parece que el jefe de la Armada, Jorge Godoy, le haya ordenado al almirante Mario Rubén Abadal, jefe del Servicio de Inteligencia (SIN), un trabajo sistemático relacionado con el conflicto del campo. “No es espionaje porque es análisis de cosas que pasaron”, repitió un marino que aseguró que el grupo de especialistas civiles adscriptos al SIN estaba abocado al tema. Los hombres de Godoy aseguraron a PáginaI12 que “no está dentro de la competencia de la Armada esa clase de informes. El tema no ha sido ni charlado en rueda informal”, exageraron.

“El Estudio de Estado Mayor”, que habría sido encargado a Abadal, constaría de un análisis día por día de la situación; de un estudio de hipótesis sobre posibles salidas o agravamiento del conflicto y un pronóstico acerca de un posible cambio de gabinete. “No nos hemos ocupado de eso, la Armada no hace ningún tipo de inteligencia del tema interior. Si alguien dijo eso, se desmiente oficialmente”, insistieron ante este diario.

Quienes aseguran que en el quinto piso del Edificio Libertad un grupo de especialistas, personal civil de inteligencia, está trabajando sobre el conflicto rural explican que “no se trata simplemente de elaborar un cuadro de situación para saber dónde pararse”.

Después del escándalo por el espionaje interno en la Base Naval Almirante Zar de Trelew, Chubut, que estalló en marzo del 2006, toda el área de Inteligencia de la Armada fue modificada. Hasta ese momento era el llamado Grupo de Acción Psicológica el encargado de hacer los informes que ahora habrían pedido.

“Lo que pasa es que el almirante tiene que saber cómo posicionarse ante un posible cambio de escenario”, especulaban quienes justificaban el trabajo. En realidad, la jefatura de la Armada viene golpeada por distintos episodios. El último fue la imputación del fiscal Fernando Gelvez porque en la causa por espionaje interno apareció un Plan Básico de Inteligencia Naval, edición 2005, firmado por Godoy, en el que se ordena investigar “amenazas asimétricas” que, en realidad, suponen tareas de seguimiento interno. En la cartera de Defensa están expectantes por la posible citación a indagatoria de la plana mayor de la Armada para decidir qué hacer.

El fiscal Gelvez le remitió pedidos de documentación a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la ministra de Defensa, Nilda Garré. Por pedido de Garré, Godoy remitió parte de lo reclamado por la Justicia de Chubut. El fiscal insistirá para completar la nueva causa sobre espionaje. A raíz de ese escándalo fue descabezada, en su momento, el área de inteligencia naval. A partir de una reciente denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la mira se orientó directamente hacia la cúpula de la fuerza.

“El almirante está ocupado en un seminario sobre intereses marítimos que se desarrollará la semana próxima”, aseguraron los colaboradores de Godoy y remarcaron que “no le dio ninguna orden al almirante Abadal” para que elabore un estudio sobre el conflicto rural. El seminario Storni está organizado en forma conjunta con la Cancillería y, en realidad, Godoy no está convocado como uno de los expositores.

La omnipresencia del lockout rural tocó de lleno a la Armada en un comienzo, cuando la Secretaría de Comercio dispuso que entregaran todas las cabezas de ganado de los campos que explota esa fuerza en la provincia de Buenos Aires. Los camiones jaula fueron cargados con las vacas para ser faenadas y así tratar de contrarrestar el efecto de la negativa de los ruralistas a entregar cabezas al Mercado de Liniers.

El intento por despegarse de cualquier sospecha llevó a los marinos a desmentir oficialmente hasta que el conflicto rural formara parte de sus charlas informales. Un desinterés increíble.