Desde México, D. F.

La disputa entre los principales cárteles de la droga mexicanos por zonas de control salió ya del país y abarca al menos 150 ciudades por todo Estados Unidos, de acuerdo con un reporte del Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas el Departamento de Justicia estadounidense citado por el semanario mexicano Proceso.

En México, según la misma publicación, los grupos de narcotraficantes han feudalizado extensas zonas del territorio nacional donde la fuerza del Estado no puede revertir la falta de credibilidad que arrastra desde las controvertidas elecciones presidenciales de 2006 que llevaron a la presidencia a Felipe Calderón, en medio de graves acusaciones de fraude electoral que nunca fueron borradas.

Entre las innumerables irregularidades en aquellos comicios está el rebase de los topes de financiamiento electoral y el flujo de enormes cantidades de dinero aportadas por empresarios y grupos de poder sin identificar.

Según el especialista Eduardo Buscaglia, la administración de Calderón no ha tocado los vínculos financieros y patrimoniales del crimen organizado con el sector empresarial ni con los anillos de corrupción y protección política, la cual se alimenta financiando campañas de presidentes municipales, diputados locales, legisladores federales, gobernadores, funcionarios judiciales y agentes policiales. “Y así seguirá, hasta alcanzar el poder absoluto”, dice el investigador.

Así, mientras el Congreso estadounidense encuentra una nueva fórmula retórica que haga aceptables para México sus condiciones para apoyar el combate al narcotráfico, la posibilidad de un pacto político que cambie las reglas del juego, imponga controles patrimoniales y cierre los flujos financieros ilícitos hacia las campañas políticas ha quedado cancelada por el momento por el voto de los senadores del PAN, el partido en el poder, y del PRI, partido que aspira a recuperar la presidencia en el 2012, para eliminar el desvío de recursos públicos y el rebasamiento de los topes financieros de campaña como causal de nulidad de elecciones de presidente de la República, diputados y senadores.

De todos modos, dice Buscaglia, en México no podrá llegarse a un acuerdo así, al menos no con Calderón como presidente, simple y sencillamente porque no tiene liderazgo. “Es un hombre débil que carece de controles en el país.”

Pese a todo, la administración de Calderón no renuncia a aparentar lo contrario. El viernes, la canciller Patricia Espinosa y el secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, durante cuatro horas intentaron convencer a embajadores y representantes de 61 países de los cinco continentes de que no se están violando derechos humanos en la lucha contra la delincuencia y de que los inversionistas extranjeros no tienen nada que temer en México.

Horas después Calderón atribuía “muchas ejecuciones” en México a deudas de droga que no se pagan; son narcomenudistas que asesinan a sus clientes o distribuidores que matan a los vendedores, declaró en una gira.

Y si no le creen, basta recordar las declaraciones del procurador General de la República, Eduardo Medina Mora: “Aunque no lo parezca, vamos ganando” la guerra al narco, dijo a finales de mes cuando la cuenta de ejecuciones rebasaba ya los cuatro mil muertos en 18 meses de la administración de Calderón, de los cuales más de 500 son elementos federales.