El escándalo por las escuchas ilegales en Colombia se cobró ayer la cabeza de un segundo directivo del Servicio de Inteligencia. Fernando Tabarez, el director general de Inteligencia presentó su renuncia, un día después de defender su inocencia ante los medios de comunicación. Hacía 18 meses que ocupaba el cargo y antes de asumir había sido uno de los principales asesores en esa materia en el Ministerio de Defensa. Unas horas antes de conocerse su dimisión, el presidente Alvaro Uribe había dado un golpe mortal al organismo de espionaje. Le quitó el poder de interceptar las comunicaciones internas y se lo entregó a la policía nacional.

“A partir de hoy el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) no ejercerá directamente la competencia para hacer interceptaciones con orden judicial”, anunció ayer el presidente Uribe. “En cualquier caso, cuando lo necesite, además de la orden judicial, tendrá que hacerlo con la policía”, aclaró el mandatario en una declaración leída ante la prensa en la Casa de Nariño. Esa declaración fue la forma, medida y casi sutil, de reconocer que su Servicio de Inteligencia tan alabado se había descarrilado. No llegó a cerrar el organismo como propusieron miembros de su gobierno como el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, pero sí le quitó una de sus herramientas más valiosas.

El escándalo se destapó el fin de semana pasado con una investigación de la revista Semana. Según la publicación, el DAS había interceptado en los últimos meses en forma ilegal comunicaciones de periodistas, políticos, jueces de los altos tribunales e incluso funcionarios del gobierno. La revista aseguró, citando a funcionarios del DAS que no identificó, que la información de Inteligencia era vendida a grupos de la mafia, paramilitares de ultraderecha y guerrilleros.

La acusación no era nueva. La misma revista había revelado en octubre pasado que el organismo de Inteligencia estaba espiando al senador opositor y férreo enemigo de Uribe, Gustavo Petro. Ese escándalo no sólo tumbó a la entonces cúpula del DAS sino que, además, reveló que el organismo tenía una Oficina de Actividades de Inteligencia Política y Social. Aún ningún directivo dio cuentas sobre las tareas de esta oficina y cuál fue su alcance.

Con la renuncia de Tabarez ayer ya son cuatro los funcionarios de jerarquía que tuvieron que dar un paso al costado por las escuchas ilegales. Hace dos días, el director general de Contrainteligencia, quien había jurado su inocencia junto con Tabarez, presentó su renuncia indeclinable sin dar más explicaciones. Los dos militares habían trabajado juntos en el Departamento de Inteligencia de la Marina, antes de llegar al DAS.

Pero las renuncias y los mea culpa no convencen ni a la oposición ni a la Corte Suprema, las dos grandes víctimas de este reiterado espionaje ilegal. El presidente del máximo tribunal del país, Jaime Arrubla, se quejó de la tibieza del gobierno y aseguró que por ahora sólo se han aplicado paños fríos, no soluciones de fondo. El director del DAS intentó calmar los ánimos ayer y anunció la primera detención. No dio nombres, pero informó que junto con el sospechoso se incautaron varias memorias USB y discos, en donde se encontraría gran parte de las pruebas de la operación ilegal de espionaje.

Pero, aunque lo intente, el gobierno no puede disimular la envergadura que está tomando el escándalo. Un analista de seguridad afín a Uribe reconoció ayer que el DAS está fuera de control. “El DAS sigue requiriendo de una reestructuración radical porque existe un absoluto descontrol y una penetración de la corrupción”, advirtió Alfredo Rangel.