Desde una cárcel federal en Estados Unidos, dos jefes de los grupos paramilitares colombianos denunciaron que no les permiten confesar sus crímenes y pagar las indemnizaciones a sus víctimas. La denuncia la hicieron Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, dos hombres acusados de ordenar decenas de miles de asesinatos, torturas y desapariciones durante la década de los noventa y hasta 2006, año en el que se desmovilizaron, de la mano del presidente Alvaro Uribe. A pesar de estar acusados de crímenes de lesa humanidad, hace un año fueron extraditados a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Aislados de todos y de todo, los ex comandantes paramilitares buscaron ayuda en una antigua enemiga, la senadora antiuribista Piedad Córdoba. El viernes la dirigente colombiana conversó con Mancuso y, más tarde, con el abogado de Jorge 40. “La extradición impidió la continuación del proceso de reparación y búsqueda de la verdad en Colombia”, sentenció la senadora al salir de la prisión federal en Washington.

En marzo pasado el abogado de Mancuso le hizo llegar una carta a Córdoba. Con un tono formal, el comandante paramilitar le pedía ayuda. “A partir de nuestra extradición se ha generado un estado de indefensión, tanto para las víctimas como para nosotros, quienes además de vernos impedidos para continuar los trámites judiciales de la Ley de Justicia y Paz observamos con preocupación e impotencia cómo nuestras familias son amenazadas por parte de sectores que no quieren que sigamos contando la verdad”, había escrito. Un mes después, la senadora colombiana recibía otra carta de un ex jerarca paramilitar detenido en Estados Unidos. Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, le pedía que lo fuera a ver a su celda en Nueva York. Estaba preocupado por su familia en Colombia, explicó más tarde Córdoba.

Hace más de un año que los máximos líderes de los grupos paramilitares están aislados en prisiones federales norteamericanas. No tienen contactos con sus familias ni con sus antiguas filas. Mientras los procesos por narcotráfico avanzan sin pausa, los extraditados se encuentran con poco tiempo y pocas herramientas para negociar. A principio de año salieron las primeras dos condenas. Al recibir su condena, alias Cuco Vanoy anunció que dejaba la Ley de Justicia y Paz, la cuasiamnistía otorgada por Uribe que lo obligaba a confesar sus crímenes a cambio de un pena mínima porque el gobierno colombiano se negaba a garantizar la seguridad de su familia. Una semana después un sicario baleaba a su hermano a plena luz del día.

La elección de la senadora liberal como interlocutora demuestra la desesperación de algunos de los jefes paramilitares detenidos en Estados Unidos. Córdoba y su hija fueron secuestradas por los paramilitares hace diez años, dos de sus guardaespaldas fueron asesinados y su chofer quedó inválido como resultado de varios atentados en su contra. Hace tres años uno de sus asesores más cercanos fue ejecutado en plena calle; nunca encontraron al culpable, pero ella acusó públicamente a los paramilitares no desmovilizados y al gobierno de Uribe. Como si eso no fuera suficiente, fue una de las primeras en denunciar la alianza entre el uribismo y los paras –lo que más tarde se conoció como la parapolítica– y la falta de controles gubernamentales durante la desmovilización y el desarme de más de 30 mil paramilitares en 2006.

Pero su voz casi no se escuchaba en Colombia. Desde entonces, la senadora se convirtió en la única figura política colombiana con legitimidad para negociar, con eficacia, con la principal guerrilla del país, las FARC. En los últimos dos años, junto con la ayuda de su amigo, el presidente Hugo Chávez, consiguió la liberación unilateral de seis secuestrados de la guerrilla. En el proceso, Córdoba tejió alianzas y contactos con el resto de los países latinoamericanos y otros aliados en el debate humanitario como Francia, Suiza y España.

Desde de que la cúpula paramilitar colombiana fuera extraditada a Estados Unidos hace un año, el único que declaró en un juicio de lesa humanidad de Colombia fue Mancuso y lo pudo hacer sólo una vez. Según contó ayer la senadora Córdoba, el ex comandante paramilitar se quejó de que la Justicia norteamericana no habilitaba las audiencias vía video para seguir declarando ante los tribunales colombianos y tampoco les daban garantías de que los bienes que entregaran en Estados Unidos fueran entregados a sus víctimas y no al Estado colombiano. “No existen instrumentos jurídicos de ninguna clase, ni una estructura que permita que los bienes de los paramilitares vayan a parar al fondo de las víctimas en Colombia y no se queden aquí”, advirtió Córdoba.

Después de salir de su reunión con Mancuso, la senadora anunció que ayer se reuniría con los congresistas demócratas james McGovern y Bill Delahunt, este último ha sido uno de las voces más críticas contra la firma de un Tratado de Libre Comercio con el gobierno de Uribe y un férreo denunciante de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos contra los líderes sociales y sindicales. La senadora espera conseguir el apoyo de los congresistas antes de su cita en el Departamento de Justicia el próximo martes. Es la única carta que tiene para jugar.