Desde La Paz

El gobierno de Evo Morales planteó legalizar ocho mil hectáreas de cultivos de coca, que se sumarían a las 12 mil actualmente permitidas por la ley. Quizás en 2010 la Asamblea Legislativa Plurinacional aumentará esta cifra más allá de las 20 mil hectáreas, porque el nuevo límite se establecerá de acuerdo con un informe sobre consumo de hoja de coca, en elaboración por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta manera, Morales espera tener más control sobre la superficie sembrada de la planta. Desde el Palacio Quemado especulan que 16 mil hectáreas serían destinadas al “consumo tradicional” de la hoja. Con el excedente de cuatro mil hectáreas –que podrían desviarse a la producción de cocaína– el gobierno programa industrializar la hoja de coca. El proyecto de la “Coca Colla”, una bebida energizante, se concretaría este año. También la exportación de coca a otros países.

El gobierno comenzó la campaña publicitaria de la Coca Colla cuando no existe ni una gota de la bebida hecha con la “hoja sagrada” de varios pueblos indígenas andinos. Pero el anuncio venía al caso si se trataba de justificar la propuesta del gobierno para acrecentar la superficie de cultivos legales. “Es una iniciativa privada para producir un energizante de coca. Estamos viendo cómo impulsarla, porque al Estado le interesa la industrialización de la coca”, dijo en conferencia de prensa el viceministro de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vázquez.

El gobierno aún analiza si la empresa que produciría la bebida puede formar una sociedad mixta con el Estado. Tampoco se sabe si mantendrán el nombre, propuesto por productores de coca de El Chapare, en el trópico de Cochabamba, donde este año se legalizarán siete mil hectáreas de la hoja.

De esa región surgió Morales como dirigente campesino. De hecho, el presidente también encabeza la Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, aunque tiene licencia.

Actualmente, las 12 mil hectáreas legales están en los Yungas, una región del departamento de La Paz donde el cultivo de la hoja está permitido porque siempre estuvo destinado al consumo “tradicional”, que pasa principalmente por su mascado, potenciado con una cucharada de bicarbonato de sodio.

En El Chapare, el gobierno de Carlos Mesa –que asumió cuando Gonzalo Sánchez de Lozada fugó a Estados Unidos, en 2003– permitió que cada familia del trópico cochabambino tuviera su “cato” de coca, una parcela de 40 por 40 metros. Aunque esta cantidad se toleraba, no era legal. “La opción de cultivar un cato de coca por familia existe desde antes de que llegáramos al gobierno. Ahora se trata de legalizarlo en los hechos, porque ya está legalizado de facto”, dijo el viceministro de Desarrollo Social, Felipe Cáceres, responsable de la lucha contra las drogas y también surgido de las Seis Federaciones de Cochabamba.

El límite de 12 mil hectáreas fue fijado de acuerdo con un estudio de los años ’70, calculado sobre una población de cinco millones de bolivianos. Ahora son 10 millones.

“Estoy seguro de que el estudio va a arrojar una demanda de consumo tradicional por encima de las 12.000 hectáreas, por ejemplo 16.000 hectáreas ¿Qué vamos a hacer con las cuatro mil hectáreas excedentes? No pueden ir al narcotráfico, por tanto en el gobierno nos planteamos la industrialización, así sea en abonos de coca”, agregó Cáceres. Indicó que las familias que se excedan del cato o que cultiven en zonas donde no está permitido serán castigadas, incluso con la reversión de sus tierras en beneficio del Estado.

El senador electo en Cochabamba por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y secretario ejecutivo de las Seis Federaciones, Julio Salazar, dijo a Página/12 que “años atrás había más coca sembrada. Ahora sólo pedimos que se permita a cada familia tener un cato de coca. Somos 45.700 afiliados, entonces serían siete mil hectáreas. Con el gobierno analizaremos cómo modificar la Ley 1008 (sobre las drogas) para reglamentar la legalización. Además, debemos ver cómo se industrializa la hoja”. Las otras mil hectáreas que completarían las 20 mil están en Caranavi, La Paz.

Según Salazar, se podrá aumentar la superficie a sembrar porque los cocaleros evitan que sus cosechas se desvíen a la producción de cocaína. “Gracias a la conciencia de nuestros compañeros cocaleros tenemos moral para hablar de lucha contra el narcotráfico”, expresó.

Con hojas de coca, en Bolivia se producen infusiones, jarabes, pastas para limpiar los dientes, licores, caramelos, pasteles y hasta obras de arte, como el retrato de Ernesto “Che” Guevara que cuelga del despacho del presidente.

El gobierno reconoció que se contrabandea la hoja de coca a Argentina, Chile y Paraguay, aunque no pudo precisar cifras. “Ingresa a esos países la coca boliviana. Hay que admitirlo. Por eso, a nivel de las cancillerías se debe legalizar el ingreso de coca a países vecinos para que lo consuman de manera controlada y fiscalizada”, dijo Cáceres. Según el gobierno, la coca de contrabando se destina al mascado de la ciudadanía, pero no a la elaboración de cocaína.

Un estudio de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hecho sobre la base de fotos satelitales, indicó que hasta 2008 había 30.500 hectáreas cultivadas, mucho más que las 12 mil legales. Sin embargo, el gobierno sostiene que en su gestión erradicó 20 mil hectáreas ilegales.

Otro estudio de la ONU, de 1949 y coordinado por el banquero y presidente de la Sociedad Americana de Farmacéuticos, Howard Fonda, había determinado que “el uso de la coca es sin duda dañino y posiblemente causa la degeneración racial de los indios”. Este dictamen sirvió para que la hoja de coca fuera a la lista de narcóticos establecida en la Convención Unica de la ONU, de 1961 y aún vigente, ratificada por varios gobiernos de Bolivia que implementaron la política de “coca cero” hasta principios de 2000.

El gobierno de Barack Obama, como el de George W. Bush, considera que Bolivia no hace lo suficiente para erradicar las drogas. Por eso la dejó afuera de la Atpdea, una ley de EE.UU. para que los países considerados comprometidos en la lucha contra los narcóticos pudieran ingresar allí varios productos sin pagar impuestos.

“Un excluido negro puede excluir a un indio. Los llamados indios y negros hemos sido en toda la historia del mundo los más excluidos, los más marginados. Si él quiere excluir, que siga excluyéndonos, eso no interesa. Seguramente nos quiere amedrentar, intimidar, asustar”, dijo Morales la semana pasada sobre la decisión de Obama. Desde el gobierno sostuvieron que Bolivia no perdió por quedar afuera de la Atpdea, ya que sus productos habrían sido relocalizados en Venezuela, Brasil y Argentina.