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La lógica de la causa judicial por las escuchas ilegales es que, más tarde que temprano, sea citado a declarar Franco Macri, el padre de Mauricio. Es que la Cámara Federal le ordenó al juez Norberto Oyarbide que verifique si, tal como sospecha la propia Cámara, se forjó un verdadero “aparato paraestatal de espionaje”. Por lo tanto debe establecerse quiénes fueron o son los responsables por encima del ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios y del ex policía y empleado porteño Ciro James. En el juzgado de Oyarbide ya siguen varias pistas en esa dirección, que tienen como hilo conductor la pinchadura al celular de Daniel Leonardo, el cuñado del jefe de gobierno porteño. Y allí entra su padre, señalado por Leonardo y hasta, tácitamente, por el propio Mauricio. Las visitas de James al Ministerio de Seguridad porteño inmediatamente posteriores al retiro de grabaciones de la SIDE, su contacto constante con varios hombres fuertes de la policía porteña, la contratación de ex agentes de inteligencia de la Policía Federal y los informes financieros sobre legisladores de la oposición y gremialistas gestionados desde una oficina de Palacios y su sucesor Osvaldo Chamorro, son algunas de las líneas de investigación que se empiezan a profundizar en tribunales. Si, además, se considera que el espionaje a Leonardo tiene su fundamento en una interna familiar de Mauricio, el primer paso de la cadena será la convocatoria de papá Franco.

La semana pasada, cuando confirmó que Palacios y James deberían seguir presos, la Cámara Federal le indicó al juez que no se detuviera en el análisis aislado de cada una de las diez escuchas telefónicas ilegítimas detectadas, ya que –evaluó el tribunal– serían “sólo una arista de una maniobra delictiva de contornos mucho mayores”. Los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah se animaron a hablar de una posible estructura paraestatal de espionaje que se sirvió del “sistema nacional de inteligencia y sus recursos para funcionar”. Le señalaron al juez que se concentre en “abarcar en su justa medida la conducta de los responsables de tamaña maniobra ilícita”. En este contexto, los colaboradores de Oyarbide seguirán trabajando en enero en la causa, con miras a dar alguna nueva sorpresa en febrero.

“La escucha a Leonardo es punto de partida y punto de llegada en todo esto”, ilustra un investigador, con lo que James sería el espía paradigmático. El parapsicólogo casado con Sandra Macri tuvo su teléfono pinchado desde el 23 de mayo de 2008 y durante un mes. Una semana después del inicio de la intervención, James fue contratado como supuesto asesor legal del Ministerio de Educación porteño, donde nunca firmó dictamen o informe alguno y nadie sabe explicar qué hizo. En el ínterin, el 25 de mayo el espía retiró las primeras grabaciones del cuñado de Macri de oficinas de la SIDE, ordenadas por un juez de Misiones en una causa trucha (el mismo método que se aplicó en todas las escuchas individualizadas). En esa época ya se estaba delineando la Metropolitana, con participación de Palacios, entonces jefe de seguridad en Boca y hombre de suma confianza de años del jefe de Gobierno. Oyarbide ya dio por probado que la relación entre James y Palacios distaba mucho de ser el vínculo entre jefe y subordinado.

El juzgado intenta sacar cuentas del tiempo que pasaba James en la cartera educativa y cuánto en la de Justicia y Seguridad, donde se encuentra la Metropolitana, a la que Palacios lo haría ingresar. De todos modos ya se sabe a grandes rasgos que en Educación su presencia fue mínima, en cambio las antenas de telefonía celular determinaron que hablaba muy seguido desde la zona de la Metropolitana en los últimos meses. Pero además de saber dónde pasaba la mayor parte de sus horas “laborales”, interesan sus recorridos: al parecer, en más de una ocasión, al salir de la SIDE tras retirar casetes con escuchas, James se iba directo o con alguna mínima parada de por medio, al edificio del Ministerio de Seguridad porteño. Esto podría ligar de manera más “institucional” el espionaje con la Metropolitana, ubicada en el cuarto piso.

Leonardo, ante el juez, acusó de la escucha a su suegro, Franco Macri, “que habrá hablado con Mauricio –declaró– a los efectos de que violaran mi intimidad por medio de una pinchadura de teléfono”. Dijo que Franco, de quien había recibido otras amenazas, siempre quiso alejarlo de su hija por razones ligadas con la fortuna familiar. Después de ese testimonio judicial, el mandatario porteño intentó que su cuñado lo desvinculara del escándalo: le redactó un comunicado de prensa que le envió y que Leonardo denunció.

Entre los miles de llamados telefónicos de James y Palacios desde 2007 que están en análisis, se rastrean contactos –entre otros– con la empresa de seguridad contratada por Franco Macri, The Ackerman Group. El propio Mauricio Macri fue quien sugirió esta relación, al decir públicamente que había un “conflicto de mi padre y este señor” (por Leonardo) y que si “este señor Ciro James envía casetes a la agencia americana (...) no tengo absolutamente nada que ver”. Por ahora, en el expediente no habría ningún dato que haga pensar a qué otra persona –más allá de los Macri– le podía interesar escuchar lo que hablaba el parapsicólogo.

Aunque la escucha ilegal a Leonardo parece relacionada con la interna familiar, la lógica indica que no se pudo hacer sin el visto bueno de Mauricio, como lo señaló el cuñado de entrada. Es que el jefe de Gobierno viene recurriendo a Palacios desde hace años, incluso nombrándolo jefe de seguridad de Boca Juniors durante su mandato. Es llamativo que nunca hasta el momento Mauricio Macri haya hecho la menor crítica a Palacios por la cuestión de las escuchas cuando está claro que James no actuaba solo, que hubo 300 llamadas entre ellos y que Palacios no se comunicaba con ningún otro subordinado 300 veces, en algunos casos a horarios tan poco relacionados con el trabajo normal como las siete de la mañana o las 11 de la noche. En el marco de la relación Mauricio-Palacios y la de Palacios–James parece imposible que Palacios no lo haya consultado a Mauricio antes de proceder a la operación de espionaje y que no lo haya mantenido al tanto de los resultados de la escucha al cuñado.

Hay una lista de los 3000 números con los que hablaban James y Palacios en los últimos tres años. De ella se hizo un recorte de unos 300 teléfonos con los que hablan cerca de la fecha de cada una de las escuchas detectadas. Entre otras, está en análisis la relación de James con otros personajes de la Metropolitana con los que hablaba seguido: el ex vicejefe de la fuerza Osvaldo Chamorro, Roberto Ontivero y Eduardo Orueta. También se estudia el papel de un socio de James, con el que hablaba todo el tiempo, que podría haber actuado como puente de muchas operaciones.

El juez pidió hace tiempo una nómina de al menos veinte ex agentes de inteligencia de la Policía Federal –llamados “plumas”– que fueron contratados para la Metropolitana a mediados de este año. Habría quienes ingresaron con el mismo tipo de contrato de locación de servicios que James. Oyarbide quiere saber para qué fueron incorporados, qué hacían, qué hacen. También trataría de corroborar si una decena de ex agentes de la SIDE están o estuvieron contratados en diversas reparticiones porteñas. Si hubo o hay realmente un grupo de inteligencia y contrainteligencia vinculado con la policía porteña, eso sería ilegal. Detrás de los nombramientos en la Metropolitana hubo un personaje influyente: el ex oficial de la Superintendencia de Seguridad Federal de la dictadura Pascual Miguel Mazzeo.

El llamado a indagatoria del ahora ex ministro de Educación Mariano Narodowski –que determinó su salida del gobierno– fue leído en tribunales como el anticipo de que las citaciones podrían llegar a otros responsables políticos, desde el ministro Montenegro hasta el propio Macri. Pero el primer paso, por lógica, es la convocatoria de Franco Macri, porque es quien fue señalado por la víctima de la escucha y por el jefe de Gobierno como contratante de la maniobra.

Para el juez, por lo pronto, el nombramiento de James en Educación fue la pantalla para que desplegara sus actividades de espionaje. Una de las líneas pendientes de profundización es la que detectó seguimientos financieros a legisladores, sindicalistas y hasta el jefe de Gabinete porteño desde una oficina de Palacios y Chamorro, mientras manejaban la Metropolitana. Es otra de las puntas que hace pensar en una estructura mayor, o al menos en una actividad de inteligencia de amplio alcance que, está por verse si era obra exclusiva de ellos.