El Parlamento de Italia aprobó ayer de modo definitivo el proyecto de ley que permitirá al jefe del gobierno italiano, Silvio Berlusconi, y a sus ministros no presentarse a declarar en los tribunales alegando compromisos institucionales relacionados con sus cargos. Pero por otra parte, según un sondeo publicado ayer, el apoyo popular a Berlusconi cae al nivel más bajo de su mandato.

La llamada ley del “legítimo impedimento”, que la oposición interpreta como un nuevo intento del gobierno para evitar que Berlusconi acuda a los tribunales, pasó ayer el examen del Senado con 169 votos a favor, 126 en contra y tres abstenciones, en otra polémica sesión parlamentaria. El proyecto de ley se pasó después de que la Cámara alta aprobara dos nuevos votos de confianza que el Ejecutivo había planteado a otros tantos artículos del texto y que suponen la trigésima primera iniciativa de este tipo que Berlusconi presenta desde que llegó al poder en 2008.

Según explicó el gobierno, la ley del “legítimo impedimento”, que ya fue aprobada por la Cámara de los Diputados el pasado 3 de febrero, es necesaria para que el primer ministro y los miembros de su gabinete puedan “desarrollar serenamente las funciones atribuidas por la Constitución y por las leyes”. Con la aprobación de la norma y siempre que los miembros del gobierno decidan acogerse a ella, los jueces se verán obligados a aplazar el proceso cada seis meses, pero congelando los tiempos de prescripción de los delitos.

La ley sólo estará en vigor 18 meses, según el gobierno, el tiempo necesario para que se elabore una nueva norma que garantice la inmunidad a los altos cargos del Estado, el llamado “Laudo Alfano bis”, que retome las bases de la norma que invalidó el pasado octubre el Tribunal Constitucional, pero que esta vez obtenga el beneplácito de la Corte.

Berlusconi podrá así suspender, alegando problemas de agenda, los dos procesos judiciales que tiene en curso en el Tribunal Penal de Milán: uno por fraude fiscal en la compraventa de derechos televisivos (caso Mediaset) y otro por corrupción en acto judicial (caso Mills).

La norma fue aprobada ayer en medio de evidentes muestras de desacuerdo por parte de la oposición, donde los senadores del Partido Demócrata (PD) y de Italia de los Valores (IDV) mostraron ejemplares de la Constitución italiana y, en el caso de estos últimos, lucieron camisetas con el mensaje: “Berlusconi, dejate procesar”.

“Hay un asesino de la democracia y se llama Silvio Berlusconi que, tras haber hecho un decreto para maquillar las reglas de las elecciones, hoy hace que se apruebe con el voto de confianza el legítimo impedimento que lo pone al amparo a él y a todos los ministros”, dijo ayer el líder de IDV, Antonio Di Pietro, desde la sede de la Cámara de Diputados. “Yo hago un llamamiento al jefe del Estado para que abra los ojos e impida esta masacre a la legalidad y la democracia”, añadió, en declaraciones que recogen los medios italianos.

Por su parte, la presidenta del grupo del PD en el Senado, Anna Finocchiario, afirmó desde la sede de la Cámara alta que la aprobación de esta norma supone un “punto de no retorno”, un nuevo ejemplo de “la rotura continua de las normas y de la creación de la regla hecha a medida para el poderoso”.

Sin embargo, el apoyo de los italianos a Berlusconi cayó a su nivel más bajo desde que el primer ministro inició su tercer mandato en 2008, según una encuesta publicada ayer. Un 44 por ciento de los consultados por el instituto Ipr Marketing dijo mantener la confianza en el magnate, dos puntos menos que en la misma encuesta del mes pasado. Según el trabajo publicado por el diario de izquierda La Repubblica, Berlusconi había alcanzado su mayor nivel de apoyo, un 62 por ciento, en octubre de 2008, cuando el gobierno recientemente elegido comenzó a resolver la crisis de la basura en Nápoles.

También el apoyo al partido del primer ministro, Pueblo de la Libertad, cayó a un mínimo del 43 por ciento, según la encuesta. La consulta se realiza con el partido y sus aliados en la región del Lazio (ver recuadro) sumidos en una controversia por el registro de sus candidatos para las elecciones regionales de fines de marzo.