La Cámara Federal porteña ordenó al juez Daniel Rafecas que continúe y profundice la investigación sobre Cecilia Pando por apología del terrorismo de Estado. Los camaristas revocaron el sobreseimiento con que el magistrado la había beneficiado, tras coincidir con el fiscal Luis Comparatore en que no se realizaron las medidas de prueba necesarias.

Pando fue denunciada por los crespones negros que el grupo que lidera pinta todos los meses sobre los pañuelos blancos de la Pirámide de Mayo, que homenajean a las Madres. La denuncia inicial fue presentada hace un año y medio por el entonces director de Derechos Humanos de la Legislatura porteña Carlos Pisoni, quien también planteó que se investigara a Pando por los “discursos en los que defiende y enaltece el terrorismo de Estado desplegado por la última dictadura militar, los que luego quedan registrados en la página” web de su agrupación. En agosto pasado, finalmente, Pando amenazó de muerte al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, durante un juicio oral a represores que se realizó en Corrientes y el hecho fue agregado al expediente.

Pando está casada con el mayor retirado Pedro Mercado y es presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina, una organización que considera “presos políticos” a los militares que han sido condenados o están siendo llevados a juicio por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

El primer martes de cada mes, ella y sus seguidores marchan alrededor de la Pirámide de Mayo, en el mismo lugar que las Madres llenaron de significado durante más de 30 años de lucha. Desde que la agrupación de Pando comenzó sus manifestaciones, en octubre de 2006, hasta el momento en que se presentó la denuncia, se pintaron 32 veces crespones negros sobre los pañuelos. Esta semana, relató Pisoni, lo volvieron a hacer; fue la vez 37.

“Hice la denuncia con intención de que la Justicia determine que esas cosas no pueden hacerse más. No creo que un juez meta presa a una figura pública como es Cecilia Pando, pero sí puede prohibirle volver a pintar crespones negros sobre los pañuelos y hacer pública su defensa de la dictadura”, explicó. Pisoni ya no es director de Derechos Humanos de la Legislatura, pero sigue la causa desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad.

La Defensoría del Pueblo porteña también tomó cartas en el asunto y hace quince días emitió un dictamen en el que “recomendó” al ministro de Cultura de la Ciudad, Hernán Lombardi, y al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que intervengan para “preservar el área que rodea a la Pirámide de Mayo, pintada con los pañuelos que identifican a las Madres de Plaza de Mayo”, ya que el lugar ha sido declarado sitio histórico. La Defensoría dio un plazo de 30 días a los funcionarios macristas, rápidos para salir a judicializar cualquier corte de calle en el que se reclame un derecho social, pero cruzados de brazos cuando la agrupación de Pando tapa los pañuelos blancos.

Al apoyar la apelación del fiscal Comparatore para que el sobreseimiento de Pando fuera revertido, los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah advirtieron que “todavía permanecen inexploradas aquellas aristas que motivaron el inicio de la causa”.

“Es acertada la posición del fiscal ya que las pruebas reunidas en el sumario son escasas para concluir que la Sra. Pando resulte ajena a la comisión del delito que se le atribuye. Pero, fundamentalmente, por cuanto el restringido escenario examinado (por el juez) además de segmentar el universo de situaciones relatadas por el Sr. Pisoni, se circunscribe a un período extraño al denunciado”, concluyeron los camaristas.