Desde La Paz

Para recordar el 1º de Mayo, el gobierno boliviano nacionalizó cuatro empresas de electricidad y ahora controla el 80 por ciento de este mercado. “Estamos cumpliendo con el pedido clamoroso del pueblo de recuperar y nacionalizar los recursos naturales y los servicios básicos que antes eran del Estado”, dijo el presidente Evo Morales en Corani, una población del trópico de Cochabamba donde funciona la generadora Corani SA. Allí, como a otras tres empresas, fuerzas policiales y militares entraron ayer, luego de que el gobierno diera por concluidas las negociaciones por la compra de acciones. A diferencia de otros años, en esta celebración Morales no se mostró junto a dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), que convocó para este martes al primer paro general contra el presidente aymara.

Morales firmó los decretos 493 y 494 para comprar las acciones que no tenía el Estado en las generadoras de electricidad Corani SA, Guaracachi SA y Valle Hermoso SA. La misma suerte corrió la Empresa de Luz y Fuerza de Cochabamba (Elfec).

“Estamos recuperando la luz para todos los bolivianos y bolivianas. El Estado Plurinacional controla ahora más del 80 por ciento de energía que se produce en toda Bolivia. Tarde o temprano, el Estado tiene que controlar y administrar el 100 por ciento de energía para que los bolivianos se benefician de la luz”, dijo el presidente. El 20 por ciento restante se encuentra en la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), que funciona en el Oriente a cargo de empresarios de Santa Cruz.

“Los servicios básicos no pueden ser de negocio privado, sino de servicio público”, dijo Morales, en consonancia con lo dicho en la Constitución Política del Estado.

Corani SA era en un 50 por ciento de Ecoenergy Internacional, subsidiaria de la francesa GDF Suez. La británica Rurelec PLC tenía el 50 por ciento de las acciones de la empresa Guarachi SA. La mitad de las acciones de Valle Hermoso SA pertenecía a The Bolivian Generating Group, cuyo grupo inversor en Bolivia es Pan American Energy. En este caso, el resto del paquete accionario estaba administrado por el grupo español Bilbao Viscaya Argentaria y el grupo suizo Zurich a nombre del Estado boliviano. Las acciones de la distribuidora Elfec estaban controladas desde hacía tres años por los trabajadores.

En todos los casos, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) tenía menos del 50 por ciento de las acciones, conforme con lo establecido en el proceso de “capitalización” de empresas del Estado impulsado en los ’90 por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El gobierno aún no anunció a qué valor ha adquirido las acciones que le faltaban.

“Se harán mayores inversiones para nuevas plantas hidroeléctricas y termoeléctricas que produzcan electricidad. Estamos preparándonos para que de aquí en poco tiempo seamos exportadores de energía eléctrica para que no falte luz al pueblo”, dijo Morales en Corani, a 84 kilómetros de la ciudad de Cochabamba.

Los cuatro mil trabajadores de Elfec se manifestaron en la ciudad de Cochabamba contra la nacionalización, pero finalmente llegaron a un acuerdo con el gobierno. “Misión cumplida, ahora tenemos la obligación de cuidar las empresas, especialmente los trabajadores, que deben ejercer un control social hacia el gerente. Cuando el pueblo controle no habrá errores. Tenemos que ser mejores administradores que las empresas extranjeras”, agregó el presidente.

Desde que asumió, en 2006, Morales espera a esta fecha para realizar anuncios a favor de los trabajadores. Por estos casos, Bolivia tiene tres demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial. Pero el gobierno decidió salirse del Ciadi en 2007, al considerarlo un ente “pro empresa”.

La semana pasada, Pan American Energy puso una queja contra el Estado Plurinacional porque –asegura– en 2009 perdió con la venta obligada de sus acciones en la hidrocarburífera Chaco. El segundo proceso lo mantiene con la empresa chilena Quiborax, cuyas concesiones mineras en el salar de Uyuni fueron anuladas en 2004 por el entonces presidente Carlos Mesa. El tercer pleito es con Telecom Italia, por 350 millones de dólares, a raíz de la nacionalización de sus acciones en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) en 2008. El gobierno boliviano recomendó a estas firmas encauzar sus demandas por canales distintos del Ciadi, porque no lo reconoce.