En medio de la crisis social y económica, se implementó en España el decreto que impulsa dejar sin tarjeta sanitaria a más de 153 mil inmigrantes en situación irregular. En su segunda semana de vigencia, la iniciativa es rechazada por la población, la comunidad médica y distintas organizaciones. Dado que el sistema de salud está descentralizado en las comunidades autónomas, la norma se está aplicando con distintos criterios, dependiendo de la región.

El mes de septiembre sacudió a España con la implementación de la reforma sanitaria impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de este país. La misma incluye el retiro de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, medida que impacta profundamente en aquellos que se encuentran desocupados, a los que les caduca el documento de residencia por no tener trabajo y, en consecuencia, son considerados “irregulares”. La cifra de extranjeros en esta situación es para el Instituto Nacional de Estadística (INE) de 153 mil personas. En tanto, organizaciones locales dan cuenta de una cifra que oscila entre 600 mil y un millón en todo el estado.

Hasta ahora, la tarjeta sanitaria se le otorgaba a cada ciudadano e incluía a todos los inmigrantes o extranjeros que acreditaran residir y estar empadronados en un municipio español, otorgándoles el derecho a todas las prestaciones de atención primaria, especializada, intervenciones, hospitalizaciones y tratamientos. Por eso, la iniciativa generó el rechazo en algunos lugares que tomaron distintas medidas para disminuir el impacto de la reforma. En Madrid, asociaciones de inmigrantes y médicos acamparon el jueves en el Hospital La Paz de Madrid. Previamente, Galicia impulsó un programa de protección social para mantener la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles en los centros de salud. Mientras que en Castilla y León propusieron cobrar la factura de la asistencia a los países de origen.

En Reus, Cataluña, se creó la Mesa Ciudadana en Defensa de la Salud Pública impulsada por representantes sindicales del Hospital Sant Joan, el Centre Mèdic Quirúrgic y el Institut Pere Mata y por el presidente del Centro Latinoamericano, el periodista argentino Carlos Iaquinandi Castro.

“La iniciativa nació después de una asamblea que convocamos desde nuestro Centro Latinoamericano y en conjunto con otras asociaciones de inmigrantes, para explicar los alcances del decreto ley 16/2012 a todos los interesados. Era para informarles que quienes estuvieran ‘en paro’ y por lo tanto hubieran perdido la tarjeta de residentes, quedarían excluidos de la sanidad pública, con excepción de urgencias, partos y los niños, que están protegidos por leyes internacionales”, señaló Iaquinandi Castro quien se exilió en España en 1976 y vive desde entonces en el país ibérico.

En sintonía con otras comunidades, el argentino destacó que el decreto tiene generalidades y “lagunas” que tendrán que ir resolviendo en su aplicación, lo cual depende de cada comunidad, que tiene competencias y autonomía para actuar en el tema. “Hay una gran improvisación en las medidas que toman los gobiernos, tanto el estatal como los autonómicos. Las decisiones no han sido consultadas ni con los profesionales de la sanidad ni con las asociaciones de usuarios. Los recortes están llevando además a la progresiva paralización de las entidades que cubrían con esfuerzo propio la atención a mayores dependientes, a personas discapacitadas, a enfermos terminales”, relató.

Desde su implementación, la reforma fue rechazada no sólo por los afectados sino también por organizaciones españolas y del mundo. “La reforma sanitaria introducida por el real decreto ley 16/2012 dejará a miles de personas sin acceso a los sistema de salud pública. Además de suponer la interrupción de tratamientos y seguimientos, va a significar la imposibilidad de acceder a la medicina preventiva y a diagnóstico para miles de personas en situación administrativa irregular que residen en España”, manifestó la organización no gubernamental Médicos del Mundo. La organización mostró su preocupación ante la medida y lanzó una campaña contra ella.

Asimismo, la Organización Médica Colegial (OMC) se pronunció sobre este tema y su presidente, Juan José Rodríguez Sendín, enfatizó –según Europa Press– que ningún profesional sanitario puede ser sancionado por brindarle atención a los inmigrantes sin papeles. Mientras que, como precisó el diario español Público, la plataforma “Yo Sí Sanidad Universal” –integrada por médicos, enfermeros, farmacéuticos y personal sanitario– invitó a la ciudadanía a desobedecer la reforma y a conformar grupos para acompañar a los inmigrantes en situación irregular a los centros de salud.

Informe: Romina Lascano.