El kirchnerismo avanza en el Congreso con el traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Justicia civil y comercial que hoy está en manos de la Nación. El senador porteño Daniel Filmus presentó un proyecto que contempla no solo el traspaso de las competencias de ambos fueros, sino también “sus estructuras funcionales, presupuesto, patrimonio, infraestructura, medios materiales y recursos humanos”. La iniciativa incluye la conformación de una comisión para discutir los recursos económicos y hasta le devolvería al Banco Ciudad los nuevos depósitos judiciales que ahora irán al Banco Nación. En el macrismo insisten en que el traspaso “es inexorable”, aunque desde hace un año frenan en la Legislatura la ratificación de la ley que traspasa a la Ciudad la Justicia penal. “Lo vamos a considerar siempre y cuando esto se haga con los recursos correspondientes, que son muchos millones”, dijo a Página/12 el diputado nacional de PRO y ex procurador porteño Pablo Tonelli, que redobló la apuesta y afirmó que la Ciudad va a aceptar la propuesta oficialista solo si la Nación le aumenta la coparticipación para “garantizarse” los recursos económicos.

El proyecto de Filmus ya tiene preferencia para su tratamiento en el recinto de la Cámara alta, luego de que un plenario de comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Presupuesto elaboren un dictamen. Una iniciativa en el mismo sentido también fue presentada por el diputado kirchnerista Carlos Kunkel en la Cámara baja, aunque en este caso solo contempla la transferencia a la Ciudad de la competencia sobre parte de la Justicia ordinaria. Luego de conversaciones entre ambos, coincidieron en respaldar el proyecto que tenga más posibilidades de prosperar.

De todas maneras, la iniciativa del senador aparece como más atractiva y viable para contrarrestar las exigencias con que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, siempre se parapetó para rechazar cualquier traspaso de la Justicia a la Ciudad, pese a sus reclamos de autonomía. La propuesta de Filmus es la transferencia total de los fueros civil y comercial con todas sus “estructuras funcionales, presupuesto, patrimonio, infraestructura, medios materiales y recursos humanos, quedando comprendidos los jueces, fiscales, asesores, defensores y tutores públicos y los funcionarios, empleados y auxiliares que se desempeñan en los mismos”. Sólo deja afuera a la Justicia federal –de exclusiva competencia nacional y, por lo tanto, intransferible– y al fuero laboral, “por su mayor complejidad”.

El capítulo tercero del proyecto está dedicado a la Comisión de Transferencia para resolver las dificultades que podría generar el traspaso y que integrarían trece miembros de todos los sectores involucrados. La lista incluye a la Corte Suprema y el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, los consejos de la Magistratura nacional y porteña, los ministerios de Economía de ambas jurisdicciones, jueces y fiscales de los distintos fueros.

Una forma de dar “garantías” al Gobierno de la Ciudad que en el debate estarán todos los interesados, además del reparto de responsabilidades y erogaciones. A modo de ejemplo –insisten en kirchnerismo–, el resto de las provincias que tienen a cargo y manejan su propio sistema judicial, la Ciudad no tiene un servicio penitenciario propio. “Los reclamos de autonomía, incluyen derechos y obligaciones”, repiten en el oficialismo nacional.

El traspaso de los fueros civil y comercial devolvería incluso al Banco Ciudad la mayoría de los futuros depósitos judiciales, que a partir de la promulgación de la ley aprobada la semana pasada por el Parlamento (y que no incluye a los depósitos ya existentes) pasarán al Banco Nación. Depósitos que el Gobierno de la Ciudad reclama como un derecho adquirido y en defensa de su “autonomía”, a pesar que esos mismos tribunales de la Justicia ordinaria en territorio porteño son solventados (a diferencia del resto de las provincias) con el Presupuesto nacional.

La alternativa de recuperar los depósitos judiciales por la vía del traspaso de la Justicia ordinaria a la Ciudad fue considera como “positiva” por la comisión interna de los trabajadores del Banco Ciudad y del gremio bancario, manteniendo sus reclamos en defensa de las fuentes laborales. Los sindicatos también descreen de la encendida “defensa de la banca pública” que hace el Gobierno de la Ciudad, que dejó en manos del sector privado el cobro de todos los impuestos y hasta el pago de una parte de los salarios de los municipales porteños.

De todas maneras el macrismo insiste en sus argumentos y redobla la apuesta. “Lo vamos a considerar siempre y cuando esto se haga con los recursos correspondientes, que son muchos millones”, dijo el diputado nacional de PRO Pablo Tonelli, aunque admitió a este diario que no leyó todavía el proyecto de Filmus. El ex procurador de la Ciudad que no dejó una buena relación con el escaso sistema judicial porteño –presentó sin suerte más de 400 recusaciones al juez Roberto Gallardo por supuesta “enemistad y odio manifiesto” al gobierno porteño– es el hombre designado por el macrismo para analizar los proyectos parlamentarios que involucran al traspaso del sistema judicial a la Ciudad.

Tonelli dijo a Página/12 que el gobierno porteño va a aceptar la propuesta oficialista solo si la Nación le aumenta la coparticipación para “garantizarse” los recursos económicos. “Ya hemos tenido problemas con el traspaso en tiempo y forma de los recursos económicos que la Nación debía efectuar por otras transferencias. Así que vamos a reclamar un aumento de la coparticipación (federal) para garantizarlos, si no no aceptaremos el traspaso”, sentenció Tonelli ante este diario. El especialista jurídico del PRO también dijo desconocer por qué la Legislatura porteña nunca rubricó el traspaso de la Justicia penal a la Ciudad.

La Ley 26.702 que traspasa a la órbita porteña el fuero penal fue sancionada por el Congreso Nacional en septiembre de 2011 y promulgada por el Ejecutivo en octubre de ese mismo año, pero la Legislatura nunca lo ratificó. El legislador Aníbal Ibarra –Frente Progresista Popular– presentó el 2 de agosto un proyecto para que el tema sea tratado. Pero la iniciativa que también acompañaron los legisladores porteños del Frente Progresista Popular, la UCR, el Bloque Sindical Peronista, el Frente para la Victoria y Nuevo Encuentro, siempre fue bloqueada por el macrismo.

“El gobierno porteño siempre ha utilizado como excusa la falta de traspaso de los recursos económicos para no asumir ciertas responsabilidades. Pero no usó ese mismo criterio con la Metropolitana, donde dispone de mil millones del presupuesto en una policía que tiene una incidencia mínima en la seguridad de la Ciudad. Como considera que la visibilidad de la Metropolitana le da rédito político lo hace, pero como cree que el traspaso de la Justicia no le es útil en ese sentido no está dispuesto a destinar ningún dinero para eso”, argumentó Ibarra ante Página/12.

Ahora, el macrismo ató sus reclamos de mayor autonomía a un aumento de la coparticipación federal para hacerse cargo de la Justicia ordinaria.