Sergio Balardini es uno de los mayores especialistas en juventud de Argentina. Es licenciado en Psicología y miembro del Programa de Estudios de Juventud de Flacso, entre otros puntos de un largo currículum vinculado con adolescencia, juventud y políticas públicas. En diálogo con Página/12, Balardini apoyó el proyecto que amplía el derecho al voto de los jóvenes de 16 y 17 años, señaló que debería ser optativo y remarcó que países como Brasil e, incipientemente, Uruguay, marcan antecedentes en ese sentido. “La ley no debería ser punto de llegada sino punto de partida”, asegura Balardini, que marca una “coherencia” entre el derecho a votar optativamente y el régimen penal juvenil.

–¿Qué opina del proyecto que se debate en el Congreso?

–Estoy de acuerdo porque reconoce los cambios de la época, las nuevas relaciones sociales entre generaciones y las responsabilidades y posibilidades que hoy tienen chicos y chicas. También hay una tendencia de ampliar hacia la baja los derechos políticos. Sucedió en Brasil, donde existe el voto optativo. En Uruguay, hay un estado previo donde en el partido de gobierno, el Frente Amplio, se eligen sus autoridades en la elecciones internas a partir de los 14 años. Son dos antecedentes interesantes. Pero, además, si miramos hacia adentro, hay tres ciudades que ya tienen el voto en autoridades locales: Córdoba, Colonia Caroya y Zapala. En el presupuesto participativo en el que participa la ciudadanía, en una cantidad importante de municipios votan jóvenes también desde los 16. Es algo que viene madurando en nuestra región.

–¿Debe ser optativo u obligatorio?

–Es preferible optativo porque es una franja de edad que recién está ingresando al sistema político. Y al mismo tiempo así se respetan los tiempos de los jóvenes. Habrá quienes tengan interés en ejercer este derecho, otros que dirán todavía no estoy preparado o quisiera tener más información. Me parece más oportuno respetar esos tiempos de maduración y apropiación del derecho y al mismo tiempo ir acompañando con programas.

–Con el debate respecto del voto también resurgió la discusión sobre un aumento en la responsabilidad penal...

–Hay que buscar una coherencia en la conceptualización, aproximándose gradualmente a una normativa con una concepción orgánica. El voto optativo es más afín a tener una definición en el tema de la responsabilidad penal vinculada con un régimen penal juvenil específico. Es coherente decir que entre los 16 y los 18 hay un régimen electoral específico, donde los jóvenes tienen el derecho de ejercer el voto, pero se dan condiciones específicas para que puedan apropiarse de ese derecho. En cuestiones penales es lo mismo, un régimen específico, donde no es la edad para tratarlos como adultos. Los reconocés como sujetos y los hacés responsables. En ningún caso se los iguala a los adultos y al mismo tiempo no se los infantiliza ni se dice que no tienen ninguna responsabilidad. Además, todo esto está amparado en la Convención de los Derechos del Niño y la Ley de Protección de Niñez y Adolescencia.

–Algunos sectores señalan que los jóvenes no están preparados y que la escuela no da los contenidos necesarios para que puedan votar...

–Una cosa es una currícula pensada para ir dando elementos para jóvenes que no van a ejercer el derecho al voto y otra si tienen el derecho. Se trata de una cuestión de calidad. Hay que repensar la formación. El primer lugar, desde la responsabilidad estatal, es la escuela, pero no es el único. También hay que pensar la comunicación gubernamental, no sólo nacional sino provincial. También podría ser la Dirección Nacional Electoral la que aporte capacitación y formación de jóvenes de 16 y 17. La ley no debería ser punto de llegada sino punto de partida. Incluir otra serie de cuestiones que ayuden a que ese voto sea más apropiable tempranamente y de mayor calidad al mismo tiempo.

–¿Pero eso puede darse en paralelo o debería ser anterior al otorgamiento del derecho?

–Hay que reconocer que los jóvenes son tan heterogéneos como los adultos. Desde luego hay quienes estarán en mejor condición que otros. Pero no es un juego de suma cero en el que primero hacemos tal cosa para después hacer otra. Estamos hablando de ampliación de derechos y, al mismo tiempo, de consolidación de derechos. Son responsabilidades que tienen que ser asumidas al mismo tiempo.

–¿El interés que ahora hay en la política también incluye a los jóvenes?

–Por supuesto. Es parte del tiempo y la época que les toca vivir y que incide en toda la sociedad. En los ’90 la política era minimalista, tecnocrática, su-bordinada a la economía y era poco lo que se le podía pedir. No se la pensaba como un lugar de transformación social, entonces era un ámbito muy poco atractivo para los jóvenes. Había participación pero no desde una concepción clásica sino en circunstancias puntuales y en organizaciones socioculturales, porque la política en términos partidarios no generaba expectativas. Hay dos hechos que marcaron un cambio. Uno en el 2000, donde la crisis marca una preocupación por lo público pero un rechazo hacia lo partidario. Y otro a partir de 2003, donde gradualmente las iniciativas del gobierno le dan un nuevo rol al Estado, que empuja a la transformación en vez de limitarse a administrar lo que encuentra. Si la política puede operar sobre la realidad y confrontar sobre los poderes fácticos, cambiar lo que estaba dado, vuelve a ser atractiva. Si se trata de gestionar mejor algo dado que no se puede cambiar, es más difícil. En todo caso se sumarán los que llaman “militancia de gestión”, profesional, más próxima a la idea de un militante PRO. La lógica que se genera es esa.

–¿Por qué a los 16 y no antes o después?

–Hay ciertos acuerdos de que en esa edad se está en determinado grado de maduración que permite ejercer ciertos derechos y llevar adelante determinadas responsabilidades. Son jóvenes con mucha mayor autonomía que antes, los padres están mucho menos presentes, cada vez se definen más cosas entre pares, se hacen cargo de muchas responsabilidades. Hay mayor madurez y mayor complejidad. No se puede decir que es homogéneo, pero tiene que ver con construir una herramienta que permita que suceda. Finalmente es una definición política, que construye una sociedad, que se organiza alrededor de ciertas definiciones donde propone roles a determinados sectores sociales, por género o por generación, roles productivos, culturales, económicos.