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Desde Brasilia

La mentira fundacional. El lunes pasado, 31 de marzo, Dilma Rousseff pronunció un discurso en memoria de “todos los que murieron y desaparecieron” tras el golpe de Estado del cual, recordó, se cumplían 50 años. En la noche de ese mismo lunes, Almino Afonso, ex ministro de Trabajo del gobierno constitucional, sostuvo en una entrevista televisiva que, “a pesar de las opiniones mayoritarias, la verdad de los hechos es que el derrocamiento del presidente Joao Goulart sólo sucedería el 2 de abril de 1964 y no el 31 de marzo ni, como sostienen los militares, el 1º de abril”.

Lo cierto es que subsisten las divergencias entre víctimas de la dictadura, como lo fueron la presidenta Dilma y Afonso (figura preeminente en el gabinete de Goulart), respecto de cuándo ocurrió el alzamiento que acabó con la democracia brasileña, pero es casi unánime la opinión sobre el porqué de los generales para elegir el 1º de abril (fecha indicada también por algunos historiadores serios): lo hicieron con el propósito de evitar que las efemérides de lo que ellos siguen evocando como “revolución” se superpongan con el 31 de marzo, cuando se celebra el Día de la Mentira.

Que hasta hoy el día inicial del régimen se preste a controversias es una anomalía típicamente brasileña, inimaginable en la Argentina o Chile, donde el menos informado sabe que ocurrió el 24 de marzo de 1976 y el 11 de septiembre de 1973.

El caso brasileño es único. Consistió en extirpar del imaginario colectivo la existencia de la dictadura a través de varios dispositivos como garantizar la impunidad mediante una ley de autoamnistía, promulgada en 1979 y ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal en un fallo donde se la valoró como una prenda de “reconciliación nacional”, o escamotear, en la prensa dominante, la información regular (las investigaciones son

inusuales y por lo general se publican sólo en los aniversarios como el de esta semana) sobre las violaciones de los derechos humanos bajo el presupuesto de que entre 1964 y 1985 el país fue gobernado por una “dictablanda”, donde no eran pocos los generales de convicciones republicanas, según el editorial publicado años atrás por uno de los diarios de mayor tirada. Siguiendo esa misma línea de interpretación Brasil fue un socio menor del Plan Cóndor.

La realidad choca con ese revisionismo complaciente. Esa dictadura imaginariamente moderada dejó el gobierno en 1985 a través de elecciones tuteladas por las fuerzas armadas que nunca aceptaron someterse al poder civil al que continúan desafiando.

En 2010, trascendió que los altos mandos amenazaron renunciar para demostrar su disgusto ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por un proyecto que contemplaba la creación de la Comisión de la Verdad, y hace cuatro meses se permitieron un desplante ante Dilma, cuando permanecieron de brazos cruzados mientras el público aplaudía durante un acto de reparación histórica a Joao “Jango” Goulart.

Ni Pinochet, en sus delirios de perpetuidad en el poder, habría imaginado que los militares chilenos podrían desafiar a las autoridades civiles como lo hacen (ahora menos que antes) sus colegas brasileños, quienes la semana pasada evitaron emitir una nota de repudio al golpe.

A fines de los ’60, Dilma Rousseff, alias de guerra “Wanda”, se alzó en armas contra el régimen hasta su captura y tortura en 1970. Dejó la prisión en 1973, retomó los estudios de economía y, años más tarde, la militancia, se afilió al PT a principios de esta década y en 2011, cuando asumió el gobierno, prometió y cumplió que su nuevo combate sería por la memoria y la verdad. Siempre demostró su rechazo a la impunidad, pero nunca prometió hacer justicia en su primera gestión de gobierno, que concluirá el 31 de diciembre de este año.

“Sabemos que los regímenes de excepción sobreviven a través del bloqueo de la verdad, pero no- sotros esperamos que la democracia garantice la verdad, la memoria y, por lo tanto, la historia”, afirmó Dilma Rousseff el 31 de marzo durante una ceremonia en el Palacio del Planalto. “Además, como ya dije cuando instalamos la Comisión de la Verdad (en 2012), que la palabra verdad en la tradición occidental es exactamente lo opuesto al olvido, la verdad es algo tan fuerte que no puede dar guarida ni al odio ni al olvido.”

En el texto leído por Dilma se reconoce la contribución de los dirigentes centristas que en los años ‘80 participaron en la transición negociada con los generales, lo que algunos diarios conservadores interpretaron como un guiño de aprobación a la autoamnistía, ergo la impunidad.

Pero como en todo discurso de Estado, éste se presta a varias lecturas. La más correcta sería que Rousseff está empeñada en la verdad, y confía en progresar hacia la Justicia mediante la sensibilización de la opinión pública, que en un 46 por ciento rechaza la autoamnistía, según una encuesta de la semana pasada.

Una alta fuente de la Comisión de la Verdad dijo a Página/12 que seguramente el informe final, a ser presentado en diciembre, “recomendará la judicialización de las desapariciones y las torturas, que son crímenes imprescriptibles, y nos parece que esto podrá ser un factor que logre sensibilizar al Supremo Tribunal Federal”. Traducción: los miembros más dilmistas del organismo trabajan (siguiendo instrucciones presidenciales) con el objetivo de que el documento sea el paso previo al inicio de la Justicia. Suman a lo anterior que la presión internacional irá in crescendo, con las demandas de la Corte Interamericana de Justicia y de Amnistía Internacional, que acaba de iniciar un campaña por los juicios.

El ex corresponsal del diario The Washington Post, en Chile, en los ’70, John Dinges, viajó a San Pablo para hablar del Plan Cóndor y al revisar la participación brasileña dijo que “probablemente fue bastante más importante de lo que pensábamos antes, documentos más recientes nos hacen pensar que realmente acá se hicieron cosas serias, no puedo decir nada definitivo hasta que no estar respaldado por más papeles”. Dinges declaró a Página/12 que los militares sudamericanos, incluso los brasileños, obtuvieron una victoria militar a través del Cóndor pero sufrieron una derrota política que comienza a verse de a poco. “En Brasil, los pactos de silencio militares parecen seguir en pie, pero es muy difícil mantener esas complicidad después de muchos años en varios países, y el Cóndor abarcó varios países; esto en algún momento se quiebra.”

Dinges manifestó su interés en conocer más detalles sobre la reciente apertura de una causa, por parte del fiscal argentino Miguel Angel Osorio, sobre la muerte de Joao Goulart en 1976, en Corrientes, que la familia del ex presidente atribuye a un supuesto plan orquestado por el Cóndor. El experto norteamericano considera improbable la hipótesis del envenenamiento, pero considera que la Justicia argentina puede echar luz sobre la actuación brasileña en la coordinación represiva. “No tengo en mi poder ningún documento que ni siquiera insinúe eso (asesinato), pero esto no me impide estar interesado... si se descubriera algo sobre Goulart... eso sí que sería una revelación explosiva y modificaría algunas ideas que tenemos hasta ahora sobre el Cóndor”.