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Los 15.000 retirados de la Policía Bonaerense tendrán que presentarse obligatoriamente en el Ministerio de Seguridad a prestar servicio por un año. En buena parte de los municipios no se permitirá que viajen dos personas en una moto y los que usen ese vehículo tendrán que tener un chaleco y un casco con el número de patente. Los efectivos de seguridad privada que no denuncien un delito perderán la licencia y, además, tendrán un celular con una aplicación automática que los comunique con la fuerza policial. Habrá más obstáculos para las excarcelaciones y, supuestamente, una presentación de varios proyectos de ley nacionales sobre portación y tenencia de armas, así como de régimen penal juvenil. Estas son parte de las medidas que Daniel Scioli anunció ayer –algunas ya habían sido anunciadas– pero tal vez las más trascendente es a la que no se le dio tanta exposición: al declararse la Emergencia de Seguridad por un año, se faculta al Ejecutivo para que haga compras de patrulleros, armas y chalecos antibala, y se construyan alcaidías y unidades penitenciarias sin demasiados trámites.

El análisis de las medidas es muy disímil entre los allegados al gobernador –que diseñaron las medidas– y los técnicos que miran con ojos críticos su escalada de respuesta a lo que consideran una movida especialmente mediática de instalación del miedo. El gobierno provincial entregó un listado de lo que implica la Emergencia, aunque el texto omite –según los críticos– algunos aspectos fundamentales. Entre ellos el control de la fuerza policial –más que vinculada con el delito– y al que parece dársele carta blanca. Uno de los puntos más críticos en esa relación policías-delito son los desarmaderos: en los 22 puntos dados a conocer ayer, no se menciona la cuestión. Y será una de las críticas más fuertes que ya preparan los opositores, según dijeron a este diario.

La Emergencia

Se declara por un año, en el cual el Ejecutivo provincial se hace con algunas facultades inhabituales: incorporar personal, pasar a disponibilidad efectivos y, básicamente, hacer compras en forma rápida y sin las licitaciones habituales. Se destinarán 600 millones de pesos para incorporar mil móviles equipados, 30.000 chalecos antibalas y 10.000 armas con sus municiones. En este terreno de las contrataciones rápidas se habla de ocho alcaidías para alojar mil presos y cuatro unidades penitenciarias para otros dos mil. El gobernador anunció que el Consejo Provincial de Seguridad Pública, que intervendrá en la Emergencia y que estará en sesión permanente, estarán expresados todos los sectores políticos.

Retirados

Deberán presentarse en el Ministerio de Seguridad los 15.000 retirados que tienen la Bonaerense y el Servicio Penitenciario. A todos se les exigirá que presten servicio un año. Pero se prevé que estarán los que presentarán certificados médicos, los que accionarán en la Justicia porque tienen otro trabajo o aducirán que no están en condiciones. El cálculo es que quedarán unos cinco mil. La idea es que los retirados presten servicio en las cuestiones más burocráticas o que hagan guardias dentro de edificios en los que ahora hace guardia personal que será enviado a la cárcel.

Motos

El cálculo oficial es que un 26 por ciento de los delitos los cometen personas que utilizan motos. Por lo tanto, se reglamentará una ley provincial ya existente por la que se obligará a toda persona que conduzca una moto o sea acompañante a utilizar un chaleco reflectante y un casco, ambos con el número de patente del vehículo. Al mismo tiempo, el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, está negociando con intendentes una norma que prohíba que, por el plazo de un año, viajen dos personas en una moto. Su propio municipio, Ezeiza, aprobaría esa norma esta semana y lo mismo impulsarán otros intendentes.

Comando de patrullas

Entre las medidas anunciadas ayer por Scioli está la de establecer los comandos de patrullas en 42 municipios. Actualmente están en 12. La idea es que haya cuadrículas y un patrullero por cada cuadrícula, circulando en forma permanente. Estas unidades no dependerán de las comisarías, sino de un comisario en cuya designación intervendrá el intendente. En cierto sentido se busca romper los acuerdos que hoy existen entre comisarías y los que cometen diversas irregularidades o delitos, pero –según argumentan en la oposición– está previsto que a esos comandos sea derivado personal que prestaba hasta ahora servicio en las comisarías, lo que diluiría el efecto supuestamente buscado.

Presos

El anuncio de que se construirán alcaidías y unidades para 3000 presos parece toda una instrucción orientada a que haya más detenidos. La provincia de Buenos Aires tiene la mitad de los presos del país, unos 33.000, muy por encima del promedio nacional, algo que tal vez explique que su territorio incluye el conurbano, la zona con más marginación de la Argentina. La provincia tiene 235 presos cada 100.000 habitantes, muy por encima de los 147 del promedio del país. Un dato asombroso: el mayor nivel de población carcelaria lo tiene Córdoba, con 428 presos cada 100.000 habitantes, pese a lo cual sigue existiendo un fuerte reclamo por la inseguridad. El campeón mundial en materia de presos es Estados Unidos, con 2.200.000 presos y 710 presos cada 100.000 habitantes. La mayoría son, obviamente, negros, latinos y pobres. Al lado está Canadá, con un gran nivel de inclusión social, y tiene siete veces menos: 100 presos cada 100.000 habitantes.

Excarcelaciones

Scioli anunció esfuerzos para bloquear las excarcelaciones. El primer obstáculo es que se podrán dictar después de una audiencia oral y pública, con restricciones para reincidentes y los que hayan usado armas. Según dicen desde el Poder Judicial, el Ejecutivo puede conseguir esa restricción mediante una ley de la Legislatura, ya que las excarcelaciones están normadas por el Código de Procedimientos que es provincial. Aún así, habrá pedidos de inconstitucionalidad y mucha polémica en la Justicia. En cambio otras propuestas lanzadas ayer, como una ley poniendo penas no excarcelables y de cumplimiento efectivo por tenencia o portación de armas de fuego sin autorización equiparando calibres de armas civiles con armas de guerra, requiere de una ley nacional. Lo mismo ocurre con la referencia al Régimen Penal Juvenil que proponen impulsar, aunque justamente la provincia de Buenos Aires tiene un régimen en esa materia.

Policía local

El proyecto está en la Legislatura desde febrero y la idea es acelerarlo. Todos los municipios de más de 70.000 habitantes tendrán una policía de proximidad, que se supone tendrá la conducción del intendente. Al mando estará un comisario, seleccionado por el mandatario municipal y aprobado por el Concejo Deliberante. Podrá intervenir en los casos de flagrancia y en la prevención, pero no podrá investigar. Eso quedará para la Bonaerense. En general, los expertos como León Arslanian o Alberto Binder han insistido con la descentralización, pero con el criterio de quitarles poder a los comisarios más poderosos y, además, que la responsabilidad política esté cerca de los vecinos, lo que permite un mayor control.

Narcotráfico

Hay todo un capítulo dedicado a ese delito, pese a que hoy en día –según cuentan los fiscales bonaerenses– sólo tienen facultades para intervenir contra dealers. Sobre las bandas de narcos de cierta envergadura tiene competencia la Justicia federal. De todas maneras, Scioli anunció la creación de diez nuevas fiscalías especializadas en narcotráfico y se anuncia la persecución del delito de narcotráfico en su faz económica. En esa materia se creará un cuerpo especializado.

Hay un punto sugerente, el 18, en el que se pide a la Justicia que acelere “los procesos abiertos contra los sospechados cabecillas del narcotráfico que residen en nuestro territorio”. Parece un tiro por elevación contra el massismo, ya que los narcos detectados en los últimos tiempos vivían en Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Pilar, municipios alineados con el massismo.

Seguridad privada

La idea es que los guardias privados sean parte del mecanismo de prevención. Tendrán obligación de denunciar cuando desde su casilla perciban un delito o una situación de riesgo: de no hacerlo, se les quitará la licencia. También está la iniciativa de que tengan celulares con una aplicación desarrollada por Provincia Seguros, del grupo Banco Provincia. Esos botones de pánico serán difundidos después entre usuarios de celulares que tengan planes con las telefónicas, una forma de saber quién hizo la llamada y que la denuncia no sea falsa.

La gran polémica entre sciolistas y opositores deviene del trasfondo electoral por el que unos se acusan a los otros. La cuestión no parece sencilla y obviamente tiene como escenario la marginalidad y la exclusión. La misma situación –o aún peor– vive el Frente Amplio Progresista y el gobierno socialista de Santa Fe, que registra el mayor índice de homicidios del país y el problema más serio de dominio de territorio por parte de narcos. En Córdoba, diciembre desnudó la alianza entre policías y ladrones, cuando los primeros incentivaron a los segundos para extorsionar con su huelga.

Un punto clave es si la Emergencia le dará más poder a la policía –como sostienen los que no ven la movida con buenos ojos– o si habrá realmente un Consejo integrado por las distintas fuerzas –como afirman cerca de Scioli– ejerciendo un control democrático.

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