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El proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Uruguay podría ser aprobado a mitad de diciembre, anticipan fuentes del Frente Amplio. En esa línea, el candidato Tabaré Vázquez dijo que un eventual tercer gobierno que él presida será responsable de la reglamentación, implementación y cumplimiento de la ley de medios. Los oligopolios mediáticos, la oposición y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señalan que la ley se mete con los contenidos y coarta la libertad de expresión. Sus defensores sostienen que el proyecto representa un avance en la democratización de la comunicación.

En Uruguay, el sistema de medios es concentrado: un puñado de familias son propietarias de los tres canales privados (4, 10 y 12), a la vez que son dueñas de canales de cable en Montevideo y en el interior del país y de emisoras de radio. Canal 12, actualmente La Tele, pertenece a las familias propietarias del diario El País, Scheck y Aguirre. Los Aguirre forman parte de la directiva del semanario Búsqueda.

Fabián Werner, coordinador del área de libertad de expresión de la Coalición por una Comunicación Democrática (Cainfo), señala en diálogo con Página/12 los puntos clave de la ley, “El planteo es avanzar en el combate a la concentración mediática, fomentar los sectores público y comunitario y proteger al periodista, que puede aludir a una cláusula de conciencia cuando su opinión no coincida con la línea editorial del medio en el que trabaja.” El proyecto regula la concesión de ondas y crea un Consejo de Comunicación Audiovisual, integrado por cinco miembros (cuatro designados por el Parlamento, con mayoría especial, y el quinto nombrado por el Ejecutivo). El sindicato de periodistas respaldó la ley, también Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En contraste, el presidente de libertad de expresión de la SIP, Claudio Paolillo, cuestionó el proyecto. “La ley atribuye al Estado la potestad de intervenir en los contenidos de los medios de comunicación regulados con una terminología de una vaguedad tal que deja al arbitrio de los reguladores un amplio campo para la acción subjetiva y discrecional.” El presidente de la gremial de radios y canales (Andebu), Pedro Abuchalja, fue más allá y declaró: “Regímenes autoritarios en la historia del hombre, como los fascistas, los mussolinistas y los stalinistas, o en Cuba, que no hay libertad de nada, o en Venezuela, donde está condicionado todo y cierran los medios, ahí hay leyes de este tipo”. A la crítica de que el Estado interviene en los contenidos, Werner responde que por, el contrario, “indica que existe un horario de protección al menor y regula algunos aspectos de la publicidad dirigida a los adolescentes. No se mete con los contenidos periodísticos”, asevera.

Luis Puig, diputado frenteamplista defensor de la ley, afirma que “la discusión, como sucede en Argentina, enfrenta una presión muy fuerte de los grandes medios, de los partidos de derecha, de los que están en el oligopolio de los medios”. Al mismo tiempo, el diputado hace una autocrítica. “La izquierda no desarrolló bien una política de debate comprometiendo al conjunto de la sociedad. Es una ley que fue catalogada por los relatores de la OEA de garantista, plantea un proceso de democratización. La discusión en el Parlamento estuvo muy influida por los titulares de los medios”, reconoce a este diario.