El tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari Neto, declaró ayer en calidad de “detenido temporal” ante la Justicia brasileña en medio del caso de corrupción que envuelve a la estatal Petrobras. Además, la Cámara de Diputados abrió una nueva comisión especial para investigar a la empresa, con facultades especiales y compuesta por partidos afines al gobierno y por la oposición.

A horas de que se anuncie la nueva cúpula de la compañía tras la renuncia de sus directivos, el caso de corrupción en la estatal se reavivó ayer cuando la Policía Federal llevó a declarar a Vaccari Neto. El tesorero del PT se negó a abrir la puerta de su residencia en San Pablo y la policía tuvo que trepar los muros del inmueble para lograr la detención. El operativo incluyó, además, otras 21 órdenes de arresto temporal y allanamientos, producto de las informaciones recabadas mediante acuerdos de delación premiada (información de arrestados a la Fiscalía a cambio de una reducción en la pena) alcanzados con ex directores de Petrobras y con empresarios ya detenidos en el marco de las investigaciones.

El fiscal Carlos Fernando Lima expresó ayer los motivos por los que el Ministerio Público lo llamó a Vaccari Neto a declarar. “Hay sospechas de que tiene informaciones sobre donaciones que él pidió –legales o ilegales– a personas que mantenían contratos con Petrobras”, dijo el fiscal.

Una vez finalizada la declaración –que duró tres horas–, el funcionario fue puesto en libertad, dado que no fue imputado por ningún delito.

El tesorero del PT fue señalado como uno de los operadores de la trama de corrupción por al menos dos de los detenidos, entre ellos el ex gerente ejecutivo de Ingeniería de Petrobras Pedro Barusco Filho. En un testimonio a la Justicia realizado en noviembre pasado y divulgado ayer, Barusco Filho afirmó que el gobernante PT recibió entre 150 y 200 millones de dólares en donaciones ilegales desviadas de los 90 más importantes contratos firmados por Petrobras. El ex gerente agregó que los pagos irregulares se prolongaron hasta febrero de 2014, y sostuvo que Vaccari Neto participó en un acuerdo para la firma de contratos por 22.000 millones de dólares con astilleros brasileños e internacionales, para la construcción de buques equipados con sondas de prospección de petróleo.

En informes internos de la empresa estatal, Barusco Filho es responsabilizado por irregularidades en obras, como el incremento de los costes de la Refinería de Abreu y Lima, en el estado de Pernambuco, cuyo presupuesto se incrementó y alimentó numerosas cuentas privadas ilegalmente. Además, como parte del operativo denominado Lava Jato, la Justicia brasileña emitió 40 órdenes de búsqueda de pruebas en las residencias de los sospechosos y en la sede de 26 empresas, la mayoría ficticias, en los estados de San Pablo, Río de Janeiro, Bahía y Santa Catarina. Las investigaciones se extendieron a BR Distribuidora, una subsidiaria de la petrolera que administra cerca de 7500 estaciones de servicio en todo Brasil. Según el fiscal, el pago de sobornos de las empresas investigadas a los ejecutivos de BR Distribuidora se produjo hasta fechas “muy recientes”, a finales de 2014.

En este marco, ayer la Cámara de Diputados abrió una nueva comisión para investigar a Petrobras, que contará con la facultad de citar a declarar y suprimir el secreto bancario, fiscal y telefónico de los imputados.