La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, completa el 1° de enero el primer año de un turbulento segundo mandato, durante el cual el país se hundió económicamente y que puede no llegar a su fin. Tal vez la primera señal de que el nuevo gobierno de la primera mujer en acceder a la Presidencia de Brasil no sería fácil la dieron las urnas de octubre de 2014, cuando un país dividido le dio una ventaja de poco más de tres puntos porcentuales sobre su oponente en la segunda ronda electoral, Aécio Neves.

En diciembre de 2014, dos meses después del triunfo más reñido de la historia reciente del país y antes aún de asumir su segundo Gobierno, la política del Partido de los Trabajadores (PT) ostentaba una aprobación popular de entre el 40 y el 42 por ciento. Menos del 53 por ciento de los electores que le dieron su voto.

Pero ya en ese final de 2014 comenzaron a salir a la luz las malas noticias que socavaron la credibilidad de la mandataria hasta índices inéditos: fue cuando el país comenzó a despertar del furor de la “década de oro”, iniciada con el primer Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), y se empezó a vislumbrar la magnitud de la corrupción organizada, que con el aval de políticos oficialistas saqueó al ente estatal Petrobras. Que la situación económica del país era peor de lo admitido en el año electoral quedó demostrado ese mismo diciembre, cuando el Congreso autorizó a Rousseff a incumplir la meta fiscal prevista por su propio gobierno para 2014.

Un mes después, ya iniciado el segundo mandato, se supo que la inflación en 2014 fue de 6,41 por ciento, golpeando el techo de la meta oficial, de 6,5 por ciento; las cuentas públicas cerraron ese año con el primer déficit en 18 años; y la deuda pública bruta aumentó por primera vez desde 2010 y llegó al 63,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Paralelamente, las denuncias de corrupción en Petrobras acertaron de lleno al PT y sus principales aliados; a ministros y ex ministros de Lula y Rousseff, y a la propia mandataria, quien presidió el Consejo de Administración de la estatal durante la mayor parte del período en el que operó la colosal red ilegal, entre 2004 y 2012.

La mezcla de corrupción explícita y deterioro económico fue el cóctel explosivo que arrasó con la popularidad de la presidenta: en febrero, una encuesta del instituto Datafolha reveló que su aprobación cayó de 42 (en diciembre) a 23 por ciento. Desde entonces, la séptima mayor economía del mundo inició un proceso acelerado de deterioro, cuyo corolario fue la pérdida de la credibilidad por parte de dos agencias de calificación de riesgo, que le quitaron el grado de inversión.

A su vez, la presidenta elegida en comicios libres hace poco más de un año enfrenta un proceso en el Congreso destinado a despojarla del poder. Los últimos indicadores ratifican el ocaso de un boom económico que sacó a decenas de millones de personas de la pobreza en los últimos 10 años: para este año se proyecta una contracción de 3,6 por ciento del PIB la mayor retracción en 25 años; la inflación ronda el 10 por ciento, más del doble del centro de la meta oficial, de 4,5 por ciento; y el desempleo ronda el ocho por ciento y afecta a casi nueve millones de personas.

En lo político, la crisis no es menos grave que en lo económico: dos de las tres primeras autoridades del país están bajo amenaza de caer. Rousseff está acusada por quienes presentaron el pedido de destitución que acogió el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, de violar la Ley de Responsabilidad Fiscal por practicar maniobras contables destinadas a maquillar la situación de las cuentas públicas en 2014, año electoral. El proceso tramita en el Congreso y es largo. Más allá de su desenlace, el desgaste que conlleva no ayuda a estabilizar a un Gobierno que transcurrió su primer año maniatado, y por momentos chantajeado, por una coalición oficialista crítica e infiel, que no acompañó las principales iniciativas del Ejecutivo, en especial en materia económica.

El presidente de Diputados, tercero en la línea sucesoria del país, detrás de Rousseff y su vice, Michel Temer, está denunciado por la Fiscalía General por su presunta participación en los desmanes en Petrobras, y enfrenta un proceso en la propia Cámara Baja, para impugnarle el mandato, por haber ocultado cuentas bancarias en Suiza que habrían recibido dinero desviado de la principal empresa pública del país.

Así, con la economía en andrajos y el futuro incierto, Rousseff cumple un primer año de gobierno nefasto, en el que se adjudicó el triste record de ser el presidente con peor índice de popularidad de la historia del país, y que hoy se ubica en torno del diez porciento. Todo esto en un 2015 en el que el gigante sudamericano celebró tres décadas de democracia, tras 21 años de cruenta dictadura militar (1964-1985).