Desde Tegucigalpa

Berta Cáceres, Bertita, como la apodaban de forma cariñosa sus allegados, hubiera cumplido el viernes cuarenta y tres años. Pero en vez de estar celebrando junto a su familia y su gente, estaba siendo velada ayer en su pueblo de La Esperanza, después de que sus restos fueran velados en Tegucigalpa.

El prestigio internacional no fue suficiente para evitar que fuera asesinada en la madrugada del jueves en su casa de La Esperanza, Intibucá. Tampoco las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de las reiteradas denuncias por amenazas que habían recibido ella y otros integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Pocos días antes habían sido asesinados cuatro integrantes de la organización que Berta había ayudado a fundar en 1993.

“En nuestras cosmovisiones, somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos, somos custodios ancestrales el pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas, por la defensa de los ríos, es dar la vida para el bien de la humanidad y de éste planeta”. Así, describiendo las razones por las que había dedicado su vida a la resistencia, agradecía Cáceres el Premio Ambiental Goldman –máximo galardón en la materia– que le habían otorgado el año pasado por su compromiso con la Madre Tierra.

Las repercusiones no tardaron en llegar. En Buenos Aires, diversas organizaciones sociales se movilizaron frente al Consulado hondureño ubicado en Recoleta. En el escrache participaron, entre otras, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, la activista feminista Claudia Korol, y el colectivo de hondureños radicados en el país. La relación entre Berta y la Argentina no sólo se reducía a los viajes que realizaba por cuestiones de militancia. Dos de sus hijos se encuentran refugiados y estudiando en Buenos Aires.

Pero las críticas no sólo vinieron desde abajo y a la izquierda. Diversos famosos manifestaron su consternación. Desde el actor Leonardo DiCaprio, hasta los congresistas del partido español Podemos, René Residente, de Calle 13, Charly Alberti –ex baterista de Soda Stereo–, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. También condenaron el asesinato el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para Derechos Humanos y el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Hasta James Nealon, embajador de Estados Unidos en Honduras y aliado clave del presidente Juan Orlando Hernández, se vio obligado a reaccionar. Se trasladó al velorio de la líder, donde se vio interpelado por familiares de Berta que le reclamaron que presione al gobierno para esclarecer los hechos. Peor la pasó Javier Martínez, alcalde de Intibucá, quien tuvo que escapar corriendo ante los reclamos de los pobladores, que lo persiguieron varias cuadras acusándolo de tener responsabilidad en el crimen.

Sin embargo, las voces oficiales se han mantenido calladas. Sobre todo después del exabrupto cometido por el ministro de Seguridad, quien se excusó por no haber garantizado la integridad de Berta, acusándola de no haber avisado un cambio de domicilio. Se sabe que hay tres personas demoradas por el Ministerio Público. Uno es el guardia del barrio privado donde se encuentra la casa y otro es un miembro de Copinh, que está siendo usado como chivo expiatorio para acusarlo de cometer un crimen pasional, según denunciaron desde la organización.

La pieza clave para comprender qué pasó, será la declaración del mexicano Gustavo Castro Soto, fundador de Otros Mundos Chiapas AC y miembro del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4). El sociólogo, que se encontraba en Honduras para participar del Foro sobre Energías Alternativas desde la Visión Indígena, estaba junto a Berta al momento de su asesinato y habría sido herido de bala en la cara y dado por muerto por los asesinos. Castro aún se encuentra demorado por la Fiscalía y no ha hecho declaraciones públicas.

La mayor victoria que habían obtenido Cáceres era el freno a la construcción de la represa de Agua Zarca en el río Gualcarque, que surca por territorio lenca y es vital para la supervivencia de su pueblo. La empresa china Sinohydro se terminó cansando de la presión que los indígenas habían realizado, al punto de que el Banco Mundial canceló el crédito con el que ya se estaba montando la obra.

Los argumentos de los indígenas son claros. Nunca se les consultó, como lo establece el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero ellos sí hicieron sus asambleas y concluyeron que no permitirán la destrucción del ecosistema donde han vivido ancestralmente, a pesar de los espejitos de colores que el Estado y la hidroeléctrica intentaron venderles.