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El Centro de Estudios Legales y Sociales comenzó esta semana su alegato en el megajuicio ESMA Unificado, buscando marcar específicamente aportes y novedades sobre un sitio notorio. “Este juicio tiene aportes específicos a la reconstrucción histórica”, dijeron los abogados Luz Palmas Zaldúa y Federico Gaitán. “Y esta circunstancia se da de bruces contra las posiciones minoritarias que pretenden falsamente hacernos creer que cuanta más justicia menos verdad recuperamos, que la Argentina resignó con el proceso de justicia un mayor conocimiento de lo ocurrido”. Así resaltaron entre otros los aportes del Juicio que reveló la “burocracia de los vuelos de la muerte” y el “claro aporte” de los grandes medios de comunicación a la dictadura cuya investigación, dijeron, “continúa siendo una cuenta pendiente en el proceso de memoria, verdad y justicia argentino”.

En el debate histórico de ESMA Unificado por 789 víctimas hay 56 acusados en condiciones de llegar a sentencia. La causa permitió, como se sabe, ver por primera vez en instancia oral los distintos momentos de la ESMA, de 1976 hasta entrada la democracia. La articulación de los testimonios con el inédito trabajo de investigación sobre los archivos secretos de las Fuerzas Armadas que realizaron durante los últimos años las distintas agencias del Estado, le dieron al debate de un cúmulo probatorio descomunal, sin precedentes. Esto es lo que el CELS puso en valor al articular Justicia y Verdad. “El derecho a la verdad –señaló Palmas Zaldúa– es inseparable del derecho a la justicia, se complementan, no son opciones en desmedro una de otra. Y la reparación de las víctimas y de la sociedad sólo es posible cumpliendo las obligaciones de investigar y sancionar y reconstruir la historia.”

“Desde la dictadura sabemos de la existencia de este centro clandestino pero al día de hoy sabemos mucho más. Los testimonios de sobrevivientes y sus familiares fueron aportes indispensables. El relevamiento y análisis de documentación por parte de equipos especializados ministeriales enriqueció y profundizó la información. Todo el cúmulo de información cruzada y valorada en una investigación judicial multiplica exponencialmente las posibilidades del conocimiento de lo que ocurrió”.

Como querella unificada de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y de HIJOS, el CELS representa a las víctimas del Bajo Flores entre los que estaba Mónica Mignone y los jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics; al grupo Villaflor, a Ariel Ferrari, hijo de León Ferrari, el grupo de la Santa Cruz, a Lilia Ferreyra por el secuestro y asesinato de Rodolfo Walsh y, entre otros, a los Tarnopolsky.

Uno de los datos salientes del juicio es la presencia entre los acusados de seis marinos y prefectos vinculados a los vuelos de la muerte. Eso abrió una sección especial dedicada a la colección de prueba inédita sobre los traslados. La fiscalía ya había señalado en el alegato que los aportes hechos por el Ministerio de Defensa y de Seguridad fueron esenciales para reconstruir la estructura de la Armada que permitió al Grupo de Tareas de la ESMA proveerse de aeronaves cada vez que disponía un traslado. El CELS adhirió a la reconstrucción que definió como “burocracia de los vuelos de la muerte”. Pero, además, sistematizó la operatoria en dos etapas, de manera estremecedora y novedosa.

La primera etapa, llamada de “puertas adentro” es la más conocida, sobre todo por los testimonios de los sobrevivientes. Consistía en el “mecanismo interno de selección y decisión de la ESMA durante el cual los oficiales mayores de inteligencia del GT definían quiénes serían los prisioneros trasladados”, dijeron. “La deliberación tenía lugar en Los Jorges. Una vez por semana cada oficial responsable de un secuestrado exponía su caso y emitía una opinión o una especie de veredicto que luego se ejecutaba a través de los suboficiales del GT. Los suboficiales buscaban a los secuestrados e infundiéndoles falsas expectativas acerca de que serían derivados a granjas del sur o campos de recuperación. A veces los hacían formar en fila con música estridente, los hacían bailar y luego los llevaban a la enfermería. Allí los médicos les aplicaban una inyección de ‘pentotal’, ‘pentonaval’ u otro tipo de anestesia y los arrastraban a vehículos de transporte, que podían ser camiones u helicópteros, que entraban a la ESMA y de allí partían a bases aeronavales”.

La segunda etapa “suponía la puesta en marcha del ‘mecanismo institucional de ejecución y solución final’”. Aquí entraba en marcha la burocracia de los vuelos: La ESMA era la base operativa de la FT3 o Fuerza de Tareas 3. Ante la decisión de un traslado, “elevaba un requerimiento de aeronaves al COOP (Comando de Operaciones Navales), máxima autoridad de la Armada para lo que llamaban ‘lucha contra la subversión’”. El COOP “bajaba la orden para disponer de los recursos al Comando de Aviación Naval y a la Dirección de Aviación Naval de Prefectura, que eran quienes aportaban las aeronaves”. Así, “un vehículo transportaba a los secuestrados vivos de la ESMA a una base aeronaval. Se los subía a aeronaves y luego de un período determinado de vuelo eran arrojados al vacío”.

Entre los también novedosos aportes de este juicio señalaron testimonios de ex conscriptos. Aníbal Prado señaló que vio aterrizar helicópteros en la Plaza de Armas de la ESMA –pese a que los acusados niegan esa opción– y subir personas engrilladas y encapuchadas. Venancio del Valle, un suboficial de la Escuadrilla de Aviones DC 3, detalló el uso de aeronaves DC 3 de la Base Aeronaval Ezeiza. Héctor Pompo destinado también a Ezeiza mencionó la llegada de camiones a la base con personas detenidas que eran subidas a los aviones. Rubén José Castellanos, un cabo segundo de la ESMA, afirmó que solían aterrizar helicópteros en los que eran cargados detenidos que iban a ser tirados al río, aunque dijo ‘a bucear’”.

La prueba

En definitiva, “el juicio nos permitió probar que los vuelos de la muerte realizados por la Armada contaron con los recursos de la Aviación Naval y comprobamos la relación estructural entre ésta y la ESMA”. Los vuelos de la muerte “han quedado plasmados en el imaginario colectivo como una práctica aberrante, única en la historia de los genocidios, que caracterizó al terrorismo de estado argentino. Hasta este juicio ninguno de sus responsables habían sido acusados, en esta etapa estamos en condiciones de afirmar que deben ser condenados”.

En la misma clave, el alegato revisó contribuciones del Juicio a las pruebas de la “campaña anti Argentina” en el exterior y el rol de los medios de comunicación y “su contracara con las acciones de militantes y de periodistas que comenzaron con las denuncias y la filtración de información hacia el exterior, dando a conocer así durante esos mismos años los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas en Argentina”. Resaltaron el aporte de documentación de la Comisión de Relevamiento para la recuperación de la memoria histórica del Ministerio de Relaciones Exteriores, en base a la documentación desclasificada en 2011 por resolución 103/2011, un material que permitió ver en papeles el tránsito de marinos entre la ESMA, Cancillería, el Centro Piloto de París y agregadurías como Sudáfrica. Y recordaron el contrato de la Armada con la empresa de publicidad Burson Marsteller para contrarrestar las denuncias en Europa y Estados Unidos.

Un emergente de los juicios de lesa humanidad en 2015 fueron los pedidos de reparación para las víctimas, en términos de Memoria y de Verdad. La fiscalía de Bahía Blanca y ESMA pidieron rectificaciones de noticias publicadas durante la dictadura por los diarios Clarín, La Nación, Crónica, La Prensa y las revistas Somos, Gente y Para Ti. Los artículos presentaban a las víctimas bajo la configuración de delincuentes subversivos funcionales a la propaganda y acción psicológica del régimen. Uno de los aportes del alegato del CELS cala en esa misma línea. Los abogados señalaron que los grandes medios contaban con información sobre los crímenes. Mencionaron entre otros canales de acceso a la información los cables de la Agencia de Noticias Clandestina Ancla que hizo llegar sus mas de 200 partes a las empresas de medios. Habló por caso de la carta de Domingo Maggio, escrita luego de su fuga de la ESMA y antes de que volvieran a secuestrarlo. Maggio escribió a embajadas, Iglesia y periodistas. Associated Press publicó con él una entrevista antes del Mundial 78. Aun así, señala el CELS, los grandes medios “respaldaron política e ideológicamente al régimen militar en el plano nacional e internacional” y contribuyeron a “contrarrestar las denuncias que se empezaban a conocer acerca de la crueldad de la dictadura argentina”. En ese sentido, “el claro aporte de los dueños de estos medios al encubrimiento del plan criminal es algo que aún no ha sido investigado por el poder judicial para esclarecer responsabilidades, y representa una cuenta pendiente del proceso de memoria, verdad y justicia”.

Entre las novedades, hicieron un análisis del rol de la Iglesia Católica dentro del plan criminal de la Armada y de Emilio Teodoro Graselli como “enlace de ingeligencia” con las propias fuerzas armadas. Secretario del vicariato castrense en dictadura, Graselli recibió a decenas de familiares en la capilla Stella Maris pero también vendió al Grupo de Tareas la isla El Silencio del Delta del Paraná que funcionó como centro clandestino de detención durante la visita de la CIDH en 1979 y es investigado en por lo menos tres causas. “Entendemos que Graselli se dedicó a frustrar la búsqueda de los familiares de las víctimas respecto de sus seres queridos, y actuó como enlace de inteligencia con las propias fuerzas armadas, en este caso con la Armada argentina, pero que no fue a la única fuerza a la que entregó información”.