La comisión de juicio político del Senado brasileño aprobó por 14 votos contra 5 y giró al plenario de la Cámara alta el informe que recomienda la destitución del cargo de la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, por supuestas irregularidades en la distribución de recursos del presupuesto 2015. El informe será recibido por el plenario del Senado el próximo martes, día en el que se iniciará un trámite que debe terminar a fin de mes, luego de los Juegos Olímpicos Río 2016, con una votación clave en la cual se define el futuro de Rousseff.

En una sesión donde no faltaron gritos, nervios e interrupciones, los senadores discutieron sobre la legalidad del informe, calificado como fraude y golpe por parte del Partido de los Trabajadores y sus aliados. “Esperemos que después de este proceso existan chances para pacificar el país”, dijo Raimundo Lira, titular de la comisión especial de impeachment, del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), la misma fuerza política del presidente interino, Michel Temer, vicepresidente de Rousseff que se pasó a la oposición y apoya el juicio político.

El informe acusatorio realizado por el senador Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), aliado del interinato de Temer, indica que Rousseff incurrió en ataque a la Constitución por valerse de decretos de contingencia presupuestaria, sin autorización del Congreso, y de reorganizar partidas de dinero para hacerles frente a los programas sociales agrícolas. “Este proceso es una farsa, un proceso golpista de los que perdieron las elecciones desde 2002; se está juzgando a una presidenta inocente en base a supuestas irregularidades contables que ni siquiera eran responsabilidad de ella”, dijo el senador Humberto Costa, del Partido de los Trabajadores (PT).

Costa comparó la votación en el Senado con el guiño que los generales les dieron a los golpistas de 1964, en referencia al levantamiento militar que en aquel año destituyó y empujó al exilio al presidente laborista Joao Goulart e instaló una dictadura que se mantuvo hasta 1985. “Ahora no hay tanques en las calles, apenas en Río de Janeiro, cuidando de los Juegos Olímpicos”, le respondió el senador Cristovam Buarque, ex ministro de Luiz Inácio Lula da Silva en 2003, quien dijo que no le importará ser acusado de golpista porque ahora forma parte de la base de apoyo a Temer. “La historia le reserva el mote de golpista”, dijo, por su parte, un encendido Lindbergh Farias, del PT, defensor de Rousseff y quien en 1992 fue uno de los jóvenes que comandaron las protestas callejeras universitarias para la renuncia de Fernando Collor de Mello, también objeto de juicio político en la época.

“Este es un golpe frío, sin tanques, que les da la mano a Temer y a los perdedores en las elecciones para aplicar una política contra las conquistas sociales y laboristas”, sostuvo Farias, en medio de réplicas de los que respaldan el juicio político.

El nuevo oficialismo de Temer no apoyó a los peritos del Senado ni al fiscal Iván Marx, que indicaron que Rousseff no tuvo responsabilidad en la remodelación de las prioridades de gastos del presupuesto.

“Estos delitos graves no pueden quedar impunes. Crímenes cometidos en nombre de un proyecto político, un fraude fiscal. Brasil ruega poner fin a este proceso; no se puede esperar más”, sostuvo por su parte Cassio Cunha Lima, del PSDB, ex gobernador del estado de Paraíba.

El próximo martes el plenario del Senado se reunirá para acoger el documento votado en la comisión tras cien días de sesiones. El martes, el Senado deberá votar si recibe el informe, por mayoría simple, algo que se da por descontado, y a partir de ese momento se encaminará el trámite hacia la votación final, que deberá llevarse a cabo el 29 de agosto. Para destituir a Rousseff, deberán votar afirmativamente al menos dos tercios de los legisladores (54 votos de los 81 senadores), un número difícil de evitar para la mandataria ya que con 55 votos fue suspendida del cargo el 12 de mayo, cuando Temer asumió.

El PT, el Partido Democrático Trabalhista (PDT) y el Partido Comunista do Brasil (PCdoB), más la ex ministra de Agricultura Katia Abreu, del PMDB, fueron los defensores de Rousseff en la comisión, que terminó sus trabajos tras cien días, en plena crisis política en el país.

La senadora Abreu llegó a decir que si Temer creía que el primer gobierno de Dilma estaba mal, debió haberse bajado de la candidatura a vice en la reelección. “El motivo de todo esto es clasista, quieren proscribir a Lula”, dijo el senador Farias, mientras que Alvaro Dias, del Partido Verde, pro Temer, afirmó que la búsqueda de decencia reflejada en las manifestaciones populares le dieron apoyo al juicio político.

La votación se produjo un día antes de las manifestaciones previstas en Río de Janeiro contra Temer por parte de movimientos sociales y sindicales, en paralelo con la inauguración de los Juegos Olímpicos 2016 que deberá hacer en el estadio Maracaná el interino Temer, acompañado por al menos 42 jefes de Estado.