Las manifestaciones callejeras y los cruces verbales entre el oficialismo y el centroizquierda mantuvieron viva ayer la tensión en México. El entorno de Felipe Calderón volvió a afirmar que una eventual anulación de las elecciones sería ilegal. El centroiz-quierda aprovechó estas declaraciones para recordarle que ni el recuento voto por voto ni la anulación de elecciones son ideas nuevas y exclusivas de la izquierda. El panismo y los sectores económicos están intentando convencer a los mexicanos de que la resistencia del candidato opositor Andrés Manuel López Obrador es sinónimo de su falta de compromiso democrático. Sin embargo, no dicen que hay antecedentes en elecciones municipales y estaduales. Hoy, sin embargo, la situación es aún más complicada, porque, por primera vez, lo que está en juego es la presidencia de la Nación.

En diálogo con Página/12, el director del portal mexicano Sala de Prensa, Gerardo Albarrán de Alba, delineó las dos estrategias que impulsa el líder progresista para revisar los resultados, que lo dejaron segundo, detrás de Felipe Calderón, por sólo 0,58 por ciento de los votos. Por un lado, presentar pruebas para impugnar el escrutinio y forzar un nuevo conteo voto por voto. Por otro lado, demostrar que todo el proceso electoral –desde la campaña hasta el escrutinio– fue contaminado por la intervención del gobierno nacional y, por lo tanto, debe ser anulado. Estas dos vías quedaron plasmadas en el texto final que el equipo técnico de López Obrador presentó el martes pasado ante el Tribunal Electoral.

En las últimas dos semanas, Calderón ha identificado la resistencia del centroizquierda como elemento peligroso para la estabilidad de las instituciones. El delfín de López Obrador en DF y jefe de Gobierno interino, Alejandro Encinas, aprovechó para recordar que en las elecciones municipales de 1999 fue el PAN el que pidió un recuento de los votos. En esa oportunidad, Encinas había sido proclamado ganador, pero el recuento de la mayoría de los paquetes electorales revirtió este resultado.

El PRD también tiene muy fresco el recuerdo de la elección de gobernador en Tabasco, el estado natal de López Obrador, en 2000. Por primera vez en la historia de México, se anuló una elección. El PRD impuso el concepto de nulidad abstracta, que establece que la Justicia puede fallar considerando pruebas no concretas como un documento, sino que necesitan ser interpretadas, como pueden ser las actitudes políticas. Por ejemplo, tres años atrás, el Tribunal anuló las elecciones de gobernador en el estado de Colima por considerar que el gobierno estadual priísta había favorecido a su candidato. Las pruebas fueron los discursos oficiales, la intensificación del gasto publicitario gubernamental y la promoción de programas sociales durante la campaña electoral.

Estas son acusaciones muy similares a las que López Obrador está haciendo contra el gobierno de Fox. Un dato que podría ilusionar a los perredistas es que el presidente del Tribunal, Leonel Castillo, fue uno de los jueces que votó a favor de la anulación de las elecciones en Colima. Pero Albarrán de Alba cree que la situación nacional es más complicada. “Jurídicamente todos los escenarios son probables. Políticamente, este escenario no es muy probable por la crisis que provocaría”, aseguró.

Informe: Laura Carpineta