El gobierno socialista encabezado por Evo Morales Ayma enfrentó su peor semana en sus siete meses de gestión. Pero el capital político personal con que aún cuenta el presidente indígena le permitió responder al golpe de la derecha –que el miércoles censuró en el Senado al ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada– y esquivar, por ahora, la tormenta política. Durante dos días seguidos Morales salió a pegarles sin piedad a sus adversarios, armado de su aguda oratoria de barricada aprendida en las arenas sindicales. La derecha, sumida en una profunda crisis de credibilidad, no logró resistir la embestida presidencial que la acusó de “vendepatria” y “enemiga de la nacionalización”, la medida estrella del oficialismo que es aprobada por más del 80 por ciento de los bolivianos.

Para ganar esta batalla, el gobierno –puesto contra las cuerdas por supuestas irregularidades de un contrato firmado por la estatal petrolera YPFB– encontró un inesperado salvavidas: a poco de la censura se conoció que el Tribunal Constitucional había aceptado un recurso de inconstitucionalidad del decreto de nacionalización presentado por tres diputados opositores de tres fuerzas políticas diferentes.

Era la prueba del “complot” antinacionalizador. La derecha estaba arrinconada y el ex presidente y líder opositor Jorge “Tuto” Quiroga tuvo que salir a ofrecer un forzado acto de fe nacionalista: dijo que su partido –Podemos– no sólo no está en contra de la nacionalización sino que propondrá en el Congreso que el decreto de Morales se transforme en ley, y desautorizó a la diputada Sandra Yáñez que formó parte del grupo que presentó el recurso de institucionalidad. “Queremos que se cumpla la nacionalización y se termine con la corrupción. (El recurso) fue un error garrafal de una parlamentaria de nuestro bloque, que actuó de forma individual, sin consultar al partido, lo que ahora le sirve al gobierno como cortina de humo frente a lo que ocurre en YPFB”, declaró Quiroga. Lo siguió el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, quien también desautorizó a su parlamentario y se empeñó en demostrar su convicción nacionalizadora.

Tampoco Podemos tuvo suerte con su denuncia de autogolpe oficialista para “instaurar un régimen revolucionario” a través de la Asamblea Constituyente. “Espero que Quiroga deje de hacer payasadas como Kiko en El Chavo del Ocho, y acusarnos de que queremos un golpe, eso hace reír a la gente”, disparó el presidente Morales desde Sucre haciendo referencia a los rasgos físicos que emparentan al jefe opositor con el personaje de la tira mexicana. Había viajado hasta la sede del Parlamento para inaugurar la casa de los movimientos sociales que “controlarán” a los constituyentes.

A esta altura, el oficialista MAS dice tener los votos necesarios (dos tercios de los 255 constituyentes) para que mañana la convención se declare “originaria y plenipotenciaria”, es decir, por encima de los poderes constituidos. El texto del acuerdo con fuerzas menores define que el poder constituyente es “la máxima expresión de la democracia”, “la vanguardia del proceso de cambio” y “el depositario del mandato social de fundar un nuevo Estado”. Incluye la necesidad de aprobar por dos tercios los temas importantes –y no por mayoría absoluta como quería el oficialismo– y el respeto a los poderes vigentes, al menos hasta que entre en vigencia la nueva Carta Magna. Ante este escenario adverso, la derecha amenaza con recurrir al Tribunal Constitucional para hacer valerla ley de convocatoria a esa instancia constituyente que, según ellos, deber ser necesariamente “derivada” y no “originaria”.

Pero el “papelón de la oposición” –como lo llamaron los medios de comunicación– no alcanza a ocultar las dificultades del gobierno. El affaire YPFB sigue dando que hablar y el presidente Morales –habitualmente reticente a deshacerse de sus funcionarios bajo presión– se atrincheró en la defensa del titular de la petrolera estatal. “No hay pruebas de corrupción, son falencias administrativas, si alguien tiene pruebas que me las mande”, emplazó.

Si bien no habla de corrupción, un informe de la Contraloría General de la República sumó esta semana fuertes cuestionamientos contra Jorge Alvarado al indicar que el contrato que firmó YPFB con la brasileña Univen y fue frenado por la Superintendencia de Hidrocarburos tenía una cláusula de confidencialidad ilegal y sospechosa. El propio ministro Soliz Rada había cuestionado con dureza ese tipo de cláusulas, comunes en épocas neoliberales, llamándolas “canallada contra el país”. A todo esto se sumó el allanamiento de las oficinas de Andina (Repsol-YPF), acusada por la fiscalía de estafa agravada, que sorprendió al gobierno y lo dejó en offside ante las autoridades españolas.

Por ahora, la popularidad de Evo Morales –que sin embargo bajó del 81 al 64 por ciento según Equipos Mori– y el desprestigio de la oposición neoliberal, le han dado al gobierno indígena una victoria por puntos. Pero son muchos, en el Palacio Quemado, los que creen que la única forma de construir una legitimidad de largo aliento es pasar el examen de la gestión, hoy por hoy, el rojo del balance oficial.