Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista que perdió la elección a manos de Alan García, podría ir a prisión en los próximos días. Un fiscal lo ha acusado de los delitos de secuestro y asesinato de una persona, desaparición forzada de otra y torturas contra una tercera, hechos que se produjeron cuando el ex comandante Humala dirigía en 1992 la base antisubversiva de Madre Mía, ubicada en un pequeño poblado de la selva peruana. El ex candidato presidencial ha negado los cargos y los atribuye a una persecución política. Sin embargo, Amnistía Internacional, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otros organismos que tienen una reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos niegan que haya intereses políticos detrás de la acusación.

El pasado de Humala como un supuesto represor que violó los derechos humanos apareció en plena campaña electoral, cuando fue acusado de cometer torturas y asesinatos contra la población civil de la apartada zona selvática que estaba bajo su autoridad militar durante los años más duros de la guerra antisubversiva. A pesar de la gravedad de los cargos, y de la masiva difusión que el tema tuvo en los medios de comunicación, con un discurso antineoliberal y crítico de toda la clase política, Humala estuvo muy cerca de convertirse en presidente del Perú.

Ahora el asunto ha pasado de los medios a los tribunales. El fiscal Arturo Campos lo ha acusado de ser el responsable por el secuestro, asesinato y desaparición forzada de los esposos Benigno Sullca y Natividad Avila, y de torturas e intento de homicidio de Jorge Avila. El caso recayó en el juzgado de la magistrada Miluska Cano, quien en los próximos días deberá decidir si acepta la denuncia fiscal, en cuyo caso podría ordenar la detención de Humala.

Según el fiscal, en junio de 1992 los esposos Sullca Avila fueron secuestrados de su casa, ante la aterrorizada mirada de sus cinco hijos, por militares de la Base de Madre Mía que comandaba Humala. Ese mismo día también fue secuestrado por los militares Jorge Avila, hermano de Natividad. Una semana después el cadáver de Benigno Sullca fue encontrado flotando en el río Huallaga. Tenía un balazo en la frente y cortes de cuchillo en el cuerpo. Su esposa, Natividad, continúa desaparecida. El tercer miembro de la familia, Jorge Avila, tuvo más suerte y logró escapar, pero denunció haber sido torturado por los militares.

Humala dirigía la Base de Madre Mía con el seudónimo de “Capitán Carlos”, práctica común entre los militares que actuaban en la lucha contra la subversión armada. Según el informe que hace tres años emitió la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en la zona donde estuvo el entonces capitán Humala los secuestros y ejecuciones extrajudiciales eran moneda corriente. Según la CVR, la violencia política dejó más de 69 mil víctimas, la mayor parte de ellas campesinos indígenas.

Cerca de Humala aseguran que la denuncia fue armada por razones políticas. “Hay presiones de los grupos de poder económico, que se asustaron con la fuerza política de Humala, y del gobierno, para acusar a Humala y desaparecerlo políticamente. Pero es inocente y lo vamos a probar”, le aseguró a Página/12 Carlos Tapia, vocero político de Humala y ex miembro de la CVR. “En este caso sólo hay testigos sin pruebas”, asegura Carlos Escobar, un ex fiscal que ganó el premio nacional de derechos humanos por sus denuncias en la década del ochenta contra militares acusados de violaciones a los derechos humanos y que ahora es abogado de Humala.

El principal testigo del caso, Jorge Avila, acusó hace unos meses a Humala como el responsable de su secuestro y aseguró que éste estuvo presente mientras lo torturaban, pero sorpresivamente hace un mes cambió su versióny ahora asegura que Humala no estuvo involucrado en los hechos. El diario La República ha denunciado que Avila habría recibido dinero para retractarse de su inicial acusación contra Humala. “Existen elementos suficientes para abrir un proceso penal en contra de Humala. Está probado que él era el jefe de la base militar de donde salió la patrulla que secuestró, torturó y asesinó a las víctimas. Nos preocupa el cambio de versión del principal testigo. Deben investigarse a fondo las sospechas que existen de que se le pagó un soborno para que cambie su testimonio”, le dijo a Página/12 Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

“Hay más de ocho mil desaparecidos en el país y más de 4500 de ellos desaparecieron cuando Alan García fue presidente por primera vez (1985-90) y hasta ahora no hay ningún militar preso por esos casos. Es muy sospechoso que sea a Humala, quien era un oficial intermedio, a quien quieran juzgar y encarcelar primero”. respondió Tapia.

Mientras avanza el proceso contra Humala, ya se han comenzado a escuchar voces en la derecha que hablan de amnistía o indultos para los militares. Según el Ministerio Público, son más de 600 los militares sospechosos de estar involucrados en violaciones a los derechos humanos.