La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, que será creada para meter mano a fondo en un curso de agua de 2400 kilómetros cuadrados que es “el más contaminado” del país, tendrá como principales objetivos eliminar los desechos de origen industrial “con insuficiente o nulo tratamiento previo” y los derivados de los domicilios particulares de los 3,5 millones de personas que viven en los 14 municipios involucrados. Sobre los efluentes domésticos se dice que “la materia orgánica supera ampliamente los máximos permitidos” por la normativa vigente. Otro de los aspectos centrales del programa de saneamiento elevado a la Corte Suprema de Justicia, a cuyo texto completo tuvo acceso Página/12, es garantizar el acceso al agua potable del 35 por ciento de la población de la cuenca, que hoy carece de ese servicio. Las tres partes involucradas en el plan, Nación y gobiernos bonaerense y porteño, trabajarán en conjunto para lograr la “adecuación ambiental” del Polo Petroquímico Dock Sud, que como se sabe produce “severos riesgos ambientales” además de “no contar con ningún tipo de ordenamiento y evaluación estratégica de las actividades que allí se realizan” y en las que intervienen empresas multinacionales.

En el informe se dice que la contaminación de la cuenca constituye hoy “un grave factor de degradación socioambiental en razón del alto contenido de sustancias peligrosas”, todo lo cual “supera la capacidad de dilución y de autodepuración del río”. La necesidad de encarar un plan de fondo se potencia porque, según una proyección realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el área vivirán 5,3 millones de personas en el año 2013. En la cuenca residirá al 14 por ciento del total de la población del país. Los datos indican hoy que en la Cuenca Matanza Riachuelo están asentadas 3600 industrias, con una mayor concentración en la Capital Federal (911 establecimientos), La Matanza (864) y en el partido de Lanús (746).

Entre los comercios figuran 410 estaciones de servicio y 407 fábricas metalúrgicas. En importancia numérica y nivel de contaminación le siguen las industrias del cuero y pieles. Se trata de 251 establecimientos, de los cuales 179 se dedican al curtido de cueros y 220, sobre todo en la Capital Federal, a la producción de alimentos derivados de la carne. El programa de “reconversión y ordenamiento industrial” apunta en sus enunciados a la “transformación de las prácticas y modos de producción hacia una incorporación de estándares de producción limpia, de tratamientos de efluentes, de remediación y de gestión sustentable de los residuos” que se acumulan en la cuenca.

Los índices de mortalidad indican una prevalencia de enfermedades transmisibles, sobre todo en La Matanza (6,7 por ciento), Esteban Echeverría (6,3) y Merlo (6,7). El problema se manifiesta en forma específica en los grupos de “menores de un año y mayores de 65 años”. La autoridad de la cuenca podrá ejercer el derecho de policía en una amplia gama de situaciones concretas:

- Habilitación de establecimientos y evaluación del impacto ambiental.

- Intimación a comparecer con carácter urgente a todos los sujetos relacionados con los posibles daños identificados.

-Auditar las instalaciones.

- Imponer regímenes de monitoreos específicos.

- Ordenar el decomiso de bienes.

- Ordenar la cesación de actividades o acciones dañosas para el ambiente o la integridad física de las personas.

- Disponer clausuras preventivas, parciales o totales, de establecimientos o instalaciones de cualquier tipo.

El Programa de Control y Fiscalización Ambiental, a través de la Dirección Nacional ya creada por el Ejecutivo, contempla ampliar la capacidad del laboratorio existente en el predio de Ezeiza, que se dedica al control de emisiones atmosféricas. También se instalará un nuevo laboratorio dedicado al control de emisiones industriales y será incorporado un laboratorio móvil. Al mismo tiempo se pondrá en funcionamiento una flota de vehículos con el equipamiento adecuado para el desarrollo de las tareas de control. Con la intervención de otras dependencias oficiales, incluyendo a la Prefectura Naval, se harán “controles periódicos y sostenidos de la calidad del aire, del agua y del suelo”, ejerciéndose “el poder de policía ambiental” para “prevenir cualquier situación que agrave la contaminación de la cuenca”.

Respecto del Polo Petroquímico de Dock Sud, los objetivos inmediatos son “minimizar el nivel de complejidad ambiental del área mediante acciones orientadas sobre dos ejes: la disminución o erradicación de la actividad que desarrollan las empresas químicas y la incompatibilidad de la presencia de productos químicos y combustibles almacenados”, en razón del riesgo potencial de siniestros graves. Por otro lado se buscará “reducir los niveles de vulnerabilidad social de la población más expuesta a los riesgos ambientales señalados”. En lo inmediato se propician medidas urgentes como las siguientes:

- No renovar los permisos de uso ni otorgar nuevos.

- Reclamar a las empresas un plan de recomposición o remediación de sitios contaminados.

- Realizar una evaluación estratégica del impacto ambiental con el objeto de elaborar y ejecutar un plan respecto de cada uno de los depósitos químicos asentados en el Polo Petroquímico Dock Sud. Esto significa determinar plazos para la relocalización de las plantas dentro del territorio bonaerense y su reconversión tecnológica.

Otro punto del plan contempla mitigar las consecuencias de las inundaciones, tanto por las sudestadas como por las lluvias. Para lograrlo es necesario construir obras que impidan el ingreso de las aguas a las zonas urbanizadas, que faciliten el drenaje de las subcuencas urbanas y que controlen los picos de crecidas de los principales tributarios de la cuenca. Ya se terminaron obras de desagüe en La Boca, Barracas, Acceso Norte, General Paz-Aliviador Cildáñez, con un costo de 86 millones de pesos. Hay otras obras en ejecución en la Red Pluvial Zona Sur de la Capital, en el arroyo Del Rey y en el arroyo Unamuno de La Matanza. Estas obras tendrán un costo de 140 millones de pesos.

Existen otras seis obras en proceso de licitación con una inversión global que supera los 140 millones de pesos y once proyectos que recién están en la etapa de evaluación. En materia de provisión de agua potable, se han realizado obras por 1965 millones de pesos, que benefician a cerca de dos millones de personas. El plan comprende también retirar de las aguas del Riachuelo 28 barcos inactivos y otros 13 hundidos que aportan sus toneladas de peso a la contaminación general.