Por tres semanas, Estela Díaz dejó de lado todas sus actividades personales y laborales para acompañar a la familia de L. M. R. “La ayudamos a que pueda hacer efectivo el ejercicio de un derecho”, dice la secretaria de Género de la CTA sobre el trabajo que se hizo desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal. Fue en apoyo a la adolescente discapacitada mental de Guernica, para que finalmente pudiera interrumpir el embarazo producto de una violación, en el marco del artículo 86 inciso 2º del Código Penal. En una entrevista con Página/12, esta militante feminista y dirigente gremial reveló las dificultades que tuvieron para conseguir un profesional que hiciera la intervención a pesar de que contaba con el aval de la Suprema Corte bonaerense. “Hubo médicos que nos dijeron que ni por todo el oro del mundo se lo iban a realizar, por el grado de exposición pública que había tenido el caso”, señaló.

Estela Díaz no actuó sola: se movió en articulación con alrededor de un centenar de personas de todo el país que colaboraron en la búsqueda, todas ellas integrantes de organizaciones de mujeres y sociales que impulsan la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito lanzada hace más de un año y a la que ya han adherido el ministro de Salud Ginés González García, Cipe Lincovsky, Nora Cortiñas, Estela de Carlotto, Teresa Parodi, Attaque 77, Kevin Johanssen, Adrián Paenza, Felipe Pigna, Eva Giberti, Soledad Villamil, Soledad Silveyra, Julio Bocca y muchísimas personalidades más del mundo de la cultura, político, social y estudiantil.

“Después del caso de L. M. R. y el de la joven mendocina, quedó clara la imperiosa necesidad de que las autoridades sanitarias reglamenten el acceso a los abortos no punibles previstos por la ley”, consideró la dirigente de la Central de los Trabajadores Argentinos. Con ese reclamo –entre otros– las entidades que forman parte de la Campaña Nacional se concentrarán mañana a partir de las 11 frente a los ministerios de Salud de cada provincia y de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

La interrupción del embarazo a la adolescente de Guernica costó 5000 pesos que se cubrieron con dinero recaudado en el movimiento de mujeres, con aportes voluntarios individuales llegados de distintos puntos del país. Estela Díaz se encargó de acompañar personalmente a la familia de la jovencita a la clínica privada donde se llevó a cabo el procedimiento, cuya dirección es un secreto. “El médico aceptó con la condición de que nunca se dé a conocer ni su nombre ni la provincia donde está la clínica donde la atendió”, apuntó y cuestionó la actitud de los sectores conservadores vinculados a la Iglesia Católica que hicieron lo posible por impedir el aborto tanto en el caso de L. M. R. como en el de Mendoza. “Esas posiciones fundamentalistas no hacen otra cosa que expresar intolerancia. Terminan protegiendo a los violadores como han hecho con los curas abusadores que son apañados y no reciben condena dentro de la misma Iglesia.”

–¿Por qué se acercaron a la familia de L. M. R.?

–Mientras el caso estuvo en la Justicia desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto no tuvimos contacto con la familia. Una vez que falló la Suprema Corte bonaerense avalando el aborto suponíamos que se iba a hacer efectiva la interrupción del embarazo, como ocurrió en junio de 2005 con un pedido de aborto terapéutico que también fue autorizado por el mismo tribunal de la provincia. Pero cuando el Hospital San Martín se negó a hacerlo y esta negativa fue avalada por el Ministerio de Salud de Buenos Aires, resolvimos que era necesario conocer qué quería hacer la mamá, si quería seguir adelante con el embarazo o persistía en su decisión de interrumpirlo. Es ahí cuando nos acercamos a Vicenta y nos manifiesta su enojo y amargura. Ella y su otra hija, Verónica, estaban convencidas de que el Comité de Bioética las habían engañado, que les habían mentido para impedir que L. M. R. pudiera cumplir con el derecho que tenía de abortar. Incluso, tenían dudas sobre el tiempo de gestación del embarazo que les habían dicho. Entonces la acompañamos a hacer otra ecografía. Se la hicieron el 10 de agosto y demostró que recién en esa fecha, y no el 2 de agosto, estaba de 20 semanas. Con esa información y la decisión firme de Vicenta de interrumpir el embarazo de su hija, decidimos que íbamos a tratar de ayudarla para que la chica pudiera acceder a su derecho.

–¿Qué puede decir ahora de la decisión del Comité de Bioética del Hospital San Martín que alegó que no se podía interrumpir ese embarazo?

–Quedó claro que cedió a presiones y en realidad hubo una objeción de conciencia encubierta de toda la institución. La vida de L. M. R. no corría peligro como se demostró. Ella salió caminando de la clínica y volvió a sonreír. Pero hay que decir que fueron muy preocupantes las declaraciones que hizo el ministro de Salud, Claudio Mate, en un reportaje que publicó Página/12 donde dijo que no podía garantizar que un médico que practicara un aborto no punible no fuera criminalizado. El es quién debe garantizar que se pueda acceder a ese derecho y que la ley se cumpla. Por eso es fundamental que en cada provincia se reglamente el acceso a los abortos legales previstos en el Código Penal, para que los casos de Mendoza y Buenos Aires no se repitan.

–¿Qué debería incluir esa reglamentación?

–Debe ser muy clara. Ya lo dijeron la corte bonaerense y la de Mendoza: en estos casos no es necesaria una autorización judicial. Se debe respetar la decisión de la persona que pide el aborto no punible. Para esto no es necesaria la reforma de ninguna ley. Si una institución no accede a realizarlo debe ser sancionada por abandono de persona. En Perú, a partir del caso de Karen, una mujer con un feto anencefálico a la que no se le permitió abortar, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó a ese país a reglamentar los abortos no punibles.

–¿Cómo fue la búsqueda de un médico que aceptara interrumpir el embarazo de L. M. R.?

–Fue dificilísima. Con todas las organizaciones que integran la Campaña Nacional empezamos a buscar uno en todo el país, en el sistema público y en el privado. También extendimos la búsqueda a países limítrofes y evaluamos la posibilidad de ir a España, donde una clínica se había ofrecido a hacerle el aborto gratuitamente y pagándole el pasaje a ella y a un acompañante. Pero para salir del país L. M. R., además de pasaporte (que no tenía), requería la autorización del padre, a quien no ve desde hace más de diez años. Alrededor de cien personas se movieron y cada vez se nos iban cerrando más puertas. Teníamos claro que la búsqueda la teníamos que hacer con cautela, en silencio, porque eran muy fuertes las presiones para que no se concretara. Hubo médicos que nos decían que ni por todo el oro del mundo se lo iban a realizar por el grado de exposición pública que había tenido caso. Otros, muy pocos, se ofrecían pero no tenían dónde realizarlo. En un hospital público de una provincia que tenía antecedentes de haber realizado un aborto en un caso similar no quisieron hacerlo. Buscamos en Río Negro, Neuquén, Mendoza, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Hablamos con secretarios y directores de Salud y hasta con intendentes. Al final, un médico se ofreció con la condición de mantener su nombre y el lugar donde se iba a hacer bajo absoluta reserva. Y brindó un servicio de excelente calidad. Fue un triunfo en el sentido de que se hizo efectivo el ejercicio de un derecho. Lamentablemente con un costo tan alto para la familia de L. M. R.

–¿Le sorprendió la dificultad que enfrentaron para encontrar un médico?

–De alguna forma si. Los médicos se han corrido de su lugar y deberían involucrarse en este debate de otra manera.

–Los médicos del San Martín alegaron que por lo avanzado de la gestación de L. M. R. ya no se podía hablar de aborto. ¿Qué puede decir al respecto?

–En primer lugar no estaba tan avanzado como ellos decían. Pero la interrupción de un embarazo hasta la vigésimo segunda semana es aborto porque el feto es no viable. Esto es lo que plantea la Organización Mundial de la Salud y coincide con la posición del Comité de Etica de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).

–¿Qué rescata del caso?

–La actitud de Vicenta, la madre: cuánta dignidad en la defensa del derecho de su hija. Y cómo le cambió la cara a esa chica la interrupción del embarazo. Esa nena no levantaba la cabeza, no hablaba, y después volvió a reírse, a estar alegre, a contestar. Eso también es dignidad.