Desde Santiago

Si bien el polvo que levantó en las minas la huelga por mejoras salariales que sostuvieron por más de un mes miles de trabajadores subcontratados de la principal empresa pública chilena –la Corporación Nacional del Cobre (Codelco)– de a poco comienza a disiparse, los efectos de una movilización que encendió las alarmas tanto en La Moneda como en el corazón mismo del rancio y paquete empresariado chileno aún están por verse. Esto porque a pesar de que el gobierno de Michelle Bachelet –-Iglesia Católica mediante– logró terminar el paro y restablecer la producción en su principal compañía proveedora de divisas, el manejo de la crisis –que incluyó quema de ómnibus, enfrentamientos con carabineros, heridos, y la paralización total de las faenas productivas con pérdidas por más de 50 millones de dólares– desnudó una vez más las dos almas que dividen al Gabinete: el neoliberalismo económico que sostiene el ministro de Hacienda y la postura socialdemócrata pro trabajadores, encabezada por el titular de la cartera del Trabajo.

A esto debe agregarse el miedo y la intranquilidad que, mezclados todavía con olores a dictadura, emanaron de los pasillos de las cúpulas empresariales, temerosas de que las demandas reivindicativas de los trabajadores estatales se repliquen en sus mineras privadas. La duración del conflicto en Codelco llevó a que los parlamentarios de gobierno conocidos como los “díscolos” (por no comprarle todo el cuento a Bachelet) fustigaran a los titulares de Hacienda y Minería y al presidente ejecutivo de Codelco, acusándolos de tener poco interés para terminar con las movilizaciones.

Para entender el tema es necesario aclarar que en Chile desde comienzos de año rige la llamada ley de subcontratación. La idea: normar el trabajo tercerizado y avanzar socialmente, pues implicaba mejorar las condiciones de trabajo de miles de trabajadores de las empresas que prestan servicios a otras. Sin embargo, siempre estuvo claro que en algún momento aparecerían las demandas contenidas por mucho tiempo en materia salarial, aunque el objeto de la ley es regular las prácticas de subcontratación que involucran a un significativo porcentaje de los trabajadores en Chile y establecer normas de protección frente a evidentes situaciones de abuso. Esta normativa, sin duda, choca con la institucionalidad “neoliberal” de la actividad económica y empresarial que propugna una economía de mercado pura. Esto porque la ley no pretendió obligar a la empresa principal a contratar todos los dependientes de las empresas subcontratadas, como querían los trabajadores en paro. Complicado como el otro extremo: la libertad de subcontratación o externalización de actividades productivas o de servicios es tal que la empresa principal podría ser “absolutamente externalizada”, lo cual equivaldría a la “desaparición” de la misma y, por ende, también de la subcontratación.

Pero explíquele eso a un trabajador que gana menos de la mitad de su compañero que hace la misma tarea, arriesga de igual manera la vida y llega tan cansado al final de la jornada a casa. El abismo entre uno y otro sólo lo hace un contrato. Uno sólido, con salud, vivienda y educación para los chicos en la empresa mandante, y el otro flacucho, que implica no tener un mango a mitad de mes, en la pequeña firma tercerizada. Si bien la ley de subcontratación llegó para mejorar la condición de los trabajadores, todavía está lejos de eso... Falta asumir que los incrementos de costos de mejorar a los que ponen el hombro se pagarán con creces con una mayor estabilidad social y política... Esa de la cual hablan y que se exige para crecer y desarrollarse... con equidad. Por ahora juntan miedo en La Moneda y la Sofofa. Se vienen nuevas negociaciones en distintos campos empresariales.