Un mes después del terremoto que destruyó varias ciudades del sur del Perú y dejó más de 500 muertos, el tiempo parece haberse detenido en muchas calles de Pisco, Ica, Chincha y otros pueblos, que todavía siguen cubiertas de escombros, mientras miles de damnificados continúan viviendo a la intemperie y quejándose de que la ayuda gubernamental no les llega. El gobierno todavía no tiene los resultados de un censo para medir la magnitud exacta del daño y determinar el número de damnificados: las cifras que se dan varían entre 80 mil y 250 mil. Las obras de reconstrucción aún no se inician y crecen las críticas al gobierno por haberle encargado la conducción de esa tarea a la empresa privada, relegando a segundo plano a las autoridades locales. Todo esto ha ido calentando los ánimos de los habitantes de estas devastadas ciudades y ya han estallado violentas manifestaciones antigubernamentales.

El gobierno ha pedido paciencia a los damnificados ante la demora en el inicio de la reconstrucción y los problemas que todavía subsisten en el reparto de la ayuda humanitaria, pero la paciencia de los pobladores de Pisco, la ciudad más golpeada por el terremoto, se acabó el sábado 8 de septiembre, cuando tomaron la plaza principal de ese puerto pesquero para dejar salir toda su rabia contra el gobierno. Ese día el primer ministro, Jorge Del Castillo, viajó a Pisco acompañado de varias autoridades y diplomáticos, entre ellos los embajadores de la Unión Europea, China y Japón. La comitiva llegó hasta la plaza principal para depositar ofrendas florales recordando el 187º aniversario del desembarco del general José de San Martín en Pisco, hecho que dio inicio a la guerra de independencia del Perú. Pero en la plaza los recibieron con abucheos y gritos de protestas, y cuando las sorprendidas autoridades se retiraron presurosas a la base aérea de Pisco la protesta se desbordó y una población indignada destruyó las ofrendas florales mientras gritaba su indignación contra el gobierno.

Del Castillo la pasó muy mal frente a sus invitados y de regreso a Lima acusó a radio Orión, la única de Pisco que quedó en funcionamiento luego del sismo, de haber promovido la protesta y amenazó con cerrar la radio y hasta con meter preso a su propietario, Eloy Yong Meza. La amenaza se cumplió días después, y el 13 de mayo la única radio que podían escuchar los habitantes de Pisco fue clausurada y sus equipos incautados por la policía. Frente a los cargos de intolerancia y de violar la libertad de expresión que se le han hecho, el gobierno se ha defendido alegando que radio Orión no había renovado su licencia de funcionamiento, pero el argumento no ha convencido.

Las protestas en Pisco y el cierre de radio Orión reflejan el ambiente cada vez más tenso entre la población y el gobierno. La decisión del Ejecutivo de entregar la responsabilidad de la reconstrucción a la empresa privada y la conformación del Fondo de Reconstrucción del Sur (Forsur) han alimentado esa tensión. El gobierno ha nombrado como director de Forsur al empresario avícola Julio Favre, un público defensor de las posturas más extremistas de la derecha y acusado de haber apoyado a grupos paramilitares en los años ’90 para combatir al grupo subversivo maoísta Sendero Luminoso. La Comisión de la Verdad ha documentado que un local de las empresas de Favre, ubicado al norte de Lima, fue utilizado como centro de detención y torturas durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), al cual Favre respaldó. Forsur también está integrado por otros empresarios ligados al fujimorismo y a los grandes grupos de poder económico, dos sectores con los cuales el gobierno de García se viene entendiendo muy bien.

“Forsur manejará unos 100 millones de dólares, aunque no sabemos cuánto costará la reconstrucción, porque tenemos informaciones discrepantes sobre el monto. No tenemos una idea clara de cómo se va a repartir el dinero”, declaró Favre en reciente conferencia de prensa. Lo que sí parece tener muy claro el empresario es que el sector privado se encargará de todo. Incluso Favre ya hace planes para privatizar hasta la cárcel de Chincha, que se cayó con el terremoto. “La cárcel va a ser concesionada. Vamos a concesionar a la empresa privada todo lo posible”, ha asegurado. Aunque se calcula en 50 mil el número de viviendas colapsadas, Favre ha adelantado que se construirán solamente unas diez mil casas en dos años y que todas serán hechas por la empresa privada para venderlas a los damnificados, que recibirán un bono del gobierno por seis mil dólares para pagarle a las empresas constructoras la cuota inicial de sus nuevas casas, el saldo lo pagarán pidiendo prestado a los bancos. Ese es el esquema de la reconstrucción. Esquema que deja afuera de los proyectos habitacionales que se harán a los empobrecidos pobladores de los pueblos alejados y de las zonas rurales, donde para las empresas privadas no resulta negocio construir. Esos pobladores tendrán que levantar sus propias casas, seguramente con las mismas deficiencias que produjeron su caída durante el terremoto. Algunos de ellos, cansados de esperar a un gobierno que no llega, ya han empezado a reconstruir sus casas usando los adobes que han logrado rescatar de los escombros de sus viviendas que se cayeron. Sus nuevas casas serán tan precarias como las que se derrumbaron con el sismo. Mientras la empresa privada toma el control de la situación y hace cálculos de los beneficios que traerá la reconstrucción, el drama continúa en las zonas golpeadas por el terremoto y el ambiente se sigue cargando contra el gobierno.