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La primera parada en su itinerario por Buenos Aires fue el juicio al ex capellán de la Policía Bonaerense Christian von Wernich. Justo ese día el represor tuvo una sorpresiva aparición ante el tribunal y habló para desacreditar a uno de los testigos más importantes en su contra, que estaba por declarar. A Jesús Santos Alonso, segundo fiscal de la Audiencia Nacional de España, le llamó la atención un comentario puntual del cura: cuando contó, imperturbable, que puede conversar a diario con otro represor, Miguel Etchecolatz, con quien comparte pabellón en el penal de Marcos Paz. Etchecolatz es el nombre que trajo a este fiscal a la Argentina. O más bien es Jorge Julio López, cuya desaparición cumplirá mañana un año. Alonso se hizo experto en protección de testigos a fuerza de juicios contra los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y contra miembros de ETA. Vino al país a dar su asesoramiento. Recomendó “dispersar” a los imputados en distintas cárceles y crear una unidad policial especializada en resguardar a quienes deben testimoniar.

“No pueden concentrar a los presos que tienen el mismo tipo de responsabilidades o similares en los mismos centros de detención”, señaló Alonso a Página/12. “Por lo que pude conversar” (con funcionarios argentinos), aclaró, existe una amenaza: “La presencia de grupos que puedan llevar a cabo atentados contra personas que van a comparecer” en los juicios por crímenes del terrorismo de Estado. “Por desgracia, en el primero de esos juicios que ha recaído sentencia se ha producido una desaparición. El esclarecimiento de ese hecho debe ser una prioridad para el Ministerio del Interior, para las unidades policiales y las autoridades judiciales”, destacó.

Las condiciones de detención de los represores imputados, explicó, son un aspecto clave en la protección de testigos. Pero también lo son, detalló, el resguardo físico de las víctimas y otras personas que aguardan declarar, así como la asistencia psicológica. Todos van de la mano.

Para mostrar la complejidad del tema, Alonso contó que en España, en el juicio a los GAL –que habían encarnado la represión ilegal dirigida a ETA en los ’80– “teníamos riesgos indudables porque las personas que estaban implicadas pertenecían a la guardia civil, tenían acceso a informaciones sobre nuestras investigaciones”. Habían pasado más de diez años, pero el peligro existía. Y sucedió: “A los cinco días de declarar, un testigo fue secuestrado, violado con una barra de hierro y quemado. Le metieron los papeles de su citación judicial en la boca, luego lo liberaron. Fue un mensaje atroz. Era un testigo de referencia, no era central: una persona que había vivido en Guatemala con un guardia civil de la unidad de autores materiales de estos hechos y conocía sus relatos”, explicó. “A otro testigo que tenía identidad reservada y escolta policial, pero se había dejado ver difuminado por la televisión, le quemaron la empresa.”

Aquí y ahora

El fiscal Alonso tiene 48 años, integra la Audiencia Nacional española desde hace 18 y trabaja para la Unidad de Naciones Unidas para la investigación del crimen y la delincuencia, donde integra un programa específico de protección de testigos. Conoce bien la historia argentina, entre otras razones porque intervino en las causas contra los represores Adolfo Scilingo y Miguel Cavallo. Llegó a Buenos Aires convocado por el secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Alejando Slokar. Para armarse un cuadro de la situación de los juicios a represores y dar sus recomendaciones, también tuvo reuniones con el procurador general de la Nación, Esteban Righi, con las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y bonaerense, con organismos de derechos humanos y con los jueces del tribunal que juzga a Von Wernich.

“He advertido un problema de largo calado que evidentemente necesitará tiempo, que es la desconfianza total de los testigos hacia los servicios de seguridad y las unidades policiales”, diagnosticó con cierto asombro. También reparó en el gran número de testigos que deben declarar en los juicios por crímenes de la dictadura: “Cinco mil, me han informado”, destaca. “Ningún sistema del mundo puede asumir la carga de ofrecer protección a tanta gente. Por empezar, deben hacer una individualización, una evaluación y una selección de qué nivel de protección van a requerir (que puede ir desde custodia simple hasta un cambio de identidad). El enfoque debe ser multidisciplinario y es importante que se involucre la sociedad civil, algo que ya está ocurriendo”, comentó.

–¿Qué propone para lidiar con el temor de los testigos hacia las fuerzas que los custodian?

–Mi recomendación fue la creación de unidades especiales dentro de las fuerzas de seguridad, previamente seleccionadas con criterios objetivos y que cuenten con un perfil de un policía de cierta juventud, con funciones exclusivas de protección. Estamos a 30 años de lo ocurrido, alguna remoción imagino que debe haber habido. Y si no... para romper la desconfianza habrá que pensar en otros modelos de seguridad privada.

–Pero aquí la seguridad privada es mano de obra desocupada...

–Y, bueno, entonces habrá que crear las unidades especiales en la policía: con un buen modelo selectivo se da un primer paso. Luego, debe haber una estrategia de comunicación, que transmita a la opinión pública que hay una voluntad política que se pone de manifiesto y se concreta para un programa de protección. Eso hay que saberlo “vender”. Y el acercamiento a los testigos es importante.

–¿Cómo puede ser ese acercamiento a los testigos?

–Hay que mostrar el lado humano de la Justicia en este tema, con un acercamiento de los actores implicados en estos procedimientos a quienes son víctimas. Los jueces, que rompan con la rigidez y el formalismo. En el juicio a Von Wernich vi algo de esto. Un juez que sale del molde (por el presidente del tribunal, Carlos Rozanski) de la estricta previsión legal, con su cercanía a los testigos y el dar un toque de humanidad. Aquí se juegan factores personales, pero se debe motivar este tipo de comportamiento. En una situación como la que se encuentra Argentina en estos juicios, los jueces y fiscales no nos podemos limitar al estricto cumplimiento del papel clásico: cada uno en su despacho con sus papeles. Esto supone acercamiento y colaboración de los organismos de derechos humanos también.

Presos y presos

Del primer encuentro con Righi, el fiscal español se llevó un reciente informe de la Procuración General sobre los principales problemas detectados en las causas contra represores, entre las que figuran, además de las demoras en su trámite, el hecho de que casi la mitad de los 250 detenidos por crímenes de lesa humanidad se encuentra en unidades militares o dependencias de fuerzas de seguridad. Alonso contó que en su país, con el juicio a los GAL, también existía “el problema de los alojamientos preferenciales ya que había militares involucrados”. “Dimos la batalla y se impidió que cumplieran la pena en centros militares, auténticos hoteles de 4 estrellas, y tuvieron que pasar a prisiones comunes”, celebró. La mayor polémica en España se planteó sobre la “dispersión” de los presos de ETA. Cuando estaban agrupados y con un régimen de visitas normal surgieron “problemas de seguridad, de transmisión de consignas, información y objetivos”, relató Alonso. Y se detectó que había “familiares y abogados que pasaban información a la organización”. “La dispersión de los presos es un instrumento totalmente eficaz, pero fue cuestionado; finalmente resultó avalado por el Consejo de Europa”, explicó. “Incluso se resolvió desaforar lazos familiares para proteger otros bienes jurídicos. Ahora hay 500 presos de ETA y se busca que estén lo más separados posible.”

Otros dramas, dijo, surgieron durante los juicios orales a miembros de ETA. El asesinato de su colega, la fiscal Carmen Tagle, en 1989, marcó un punto de inflexión: llevó a descubrir que había comandos de la organización mezclados en el público de las audiencias, que le hacían seguimientos y se presentaban con documentos falsos. La mataron de regreso a su casa.

Ojo crítico

Alonso notó, según dijo a este diario, que en Argentina aún “no están deslindados el papel y el campo de actuación de cada organismo en la protección de testigos”. “La autoridad judicial, el ministerio fiscal, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia deben tener un papel neurálgico. Estamos hablando de procedimientos judiciales y personas que van a declarar, que van a revivir momentos traumáticos. Les tienen que garantizar que ese testimonio no les va a suponer una nueva victimización o un nuevo riesgo. Insisto que debe existir la unidad policial especializada y que se proporcione, desde o fuera de ella, asistencia psicológica”, sugirió. Definir roles y políticas claras, sostiene el fiscal, es indispensable “en el contexto de la desaparición de López, que constituye un mensaje hacia los próximo juicios”. “Hay que lanzarle un mensaje a la sociedad de que no se va a consentir esta situación. El tiempo corre en contra y cuanto más tiempo pasa es peor”, alertó. Aun así, dijo, la mayor protección, “la única forma de pasar la página” es que se “vayan confirmando las resoluciones y las condenas” para que las personas implicadas pierdan “su inmenso poder”.