Una de las primeras víctimas de la dictadura chilena fue el profesor comunista Luis Alfredo Almonacid, dirigente provincial de la Central Unica de Trabajadores (CUT) en la ciudad de Rancagua, 90 kilómetros al sur de la capital del país. Almonacid fue detenido el 16 de septiembre de 1973 y fusilado al día siguiente por efectivos de la policía de Carabineros. Tras la restauración de la democracia en marzo de 1990, sus familiares iniciaron acciones judiciales contra los uniformados Raúl Neveu y Manuel Castro, identificados como autores del crimen. La causa iniciada en los tribunales civiles iba relativamente bien encaminada hasta que fue derivada a la Justicia militar, que en 1997 dictó el cierre definitivo del caso y declaró extinguida toda responsabilidad penal que pudiera caber a Neveu y Castro de acuerdo con el decreto-ley de amnistía. Los familiares de Almonacid acudieron entonces a la CIDH, que en un fallo calificado de “histórico” por la Agrupación de Familiares de DetenidosDesaparecidos aprobó por unanimidad una condena al Estado chileno por la aplicación de la amnistía. La sentencia puntualizó que ese decreto-ley no puede establecer el principio de cosa juzgada, instó a hacer justicia ante la ejecución extrajudicial de Almonacid y puntualizó que pretender amnistiar a los responsables de delitos de lesa humanidad es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos.