Cuando se cumplen tres meses del alzamiento de las cámaras patronales agropecuarias contra un aumento en los tributos a las exportaciones de soja, la generalizada informalidad del sector surge como el principal obstáculo para la solución de un conflicto que está afectando los indicadores macroeconómicos y el abastecimiento de la población. Fue necesaria la profundización del desafío para que el gobierno advirtiera hasta qué punto la economía agropecuaria realiza sus negocios al margen de la ley y con porcentajes astronómicos de evasión impositiva. Incluso uno de los principales directivos de la Federación Agraria está sometido a proceso por ese delito.

La ausencia de esta problemática empobrece el análisis de los autopostulados guías alternativos de la patria confundida, como el gobernador socialista de Santa Fe, Hermes Binner, quien apeló a lo peor del repertorio histórico para proponer una salida “sin vencedores ni vencidos”, o el cardenal Jorge Bergoglio y la Iglesia Católica Apostólica Romana que preside, para quienes la presidente podría “remover los obstáculos que desencadenaron esta situación”, si sólo tuviera “un gesto de grandeza” y dejara de “empeñarse como parte en los conflictos” y en cambio pensara como responsable “del bien común”. Luego de varias reuniones con las cámaras patronales, el Episcopado decidió arrojarles un cable que las rescate del atasco en que se han metido.

CFK aceptó recibir el martes a Binner y no se prevé un encuentro con los hombres de negro. Si lo hubiera, de todos modos, no escucharían nada distinto de lo que el jefe de gabinete Alberto Fernández les dijo a los atropelladores jinetes de la mesa de enlace, Kirchner a sus compañeros del Partido Justicialista y distintos funcionarios del gobierno al público en general: el gobierno ha hecho todo tipo de concesiones y ante cada una la respuesta fue una nueva exigencia, por lo que no habrá más negociaciones bajo amenaza. Cristina y Néstor Kirchner se disponen a una larga resistencia política ante el embate de un sector fundamental del poder económico que intenta colonizar al gobierno imponiéndole sus decisiones por la acción directa, sin otra consideración que sus intereses. Es lo que el gran capital viene haciendo con todos los mandatarios electos por el voto popular desde que terminó la dictadura (pero no el miedo que inoculó, ese gran disciplinador, origen de todas las claudicaciones y posibilismos). En cambio Binner, Bergoglio, los principales medios de comunicación y otros actores de menor relevancia del mismo espectro actúan como si existiera una confrontación de bandos de la que sólo ellos, como representantes de un interés superior, podrían rescatarlos.

Bendita soja transgénica

La jerarquía católica es un aliado invalorable de los rebeldes. El responsable de los asuntos políticos del Episcopado, Alcides Jorge Pedro Casaretto, fue el primero en reunirse con el jefe de la Sociedad Rural. Este fin de semana realizó como todos los años su denominada “Semana social” en Mar del Plata. El viernes y ayer recibió a políticos y sindicalistas para debatir acerca de un “Nuevo liderazgo político y social y la justa distribución de los bienes”. Hoy sacarán sus conclusiones. Fueron invitados la presidente del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, los economistas de la oposición Claudio Lozano, Carlos Melconian y Alfonso de Prat Gay y el gobernador Binner. También se presentó el Barómetro de la Deuda Social que maneja la Universidad Católica dependiente del Episcopado. Todos los asistentes interesados en la pobreza recibieron una conferencia del cardenal italiano Renato Rafaele Martino, que preside el Consejo de Justicia y Paz del Vaticano. En contra de lo previsible para la tradición católica, Martino se pronuncia desde hace años a favor de los organismos transgénicos, como la soja RR, porque “podrían paliar el hambre en el mundo”. Menos sabido es que Martino aprovecha estos viajes para visitar los campos que posee en Suipacha, la rica zona sojera del oeste de la provincia de Buenos Aires.

El fantasma del koljós

El nivel de informalidad que el gobierno fue descubriendo se ha convertido en la principal dificultad para cualquier discusión con el sector agropecuario. Esto explica, también, la obsesiva referencia de las entidades patronales a “la caja” o a “la chequera” oficial, ante la que no estarían dispuestos a postrarse porque ellos tienen dignidad (¿les recuerda algo?). Así intentan deslegitimar al Estado que recauda los tributos y ejecuta los gastos.

Cuando el gobierno incrementó las retenciones, lo hizo sin los habituales trascendidos que permitían a los exportadores registrar operaciones por adelantado al valor anterior y obtener ganancias espurias por miles de millones de dólares. En cuanto se anunció la resolución, el jefe de gabinete convocó a las entidades para analizar las compensaciones que el gobierno desde el primer día estuvo dispuesto a ofrecer a los productores más pequeños y/o más distantes del puerto de Rosario. Para su asombro, la respuesta fue el primer lockout, que se extendió cada vez que el gobierno reiteró la invitación. Los hombres de campo no saben de papeles, argumentó Eduardo Buzzi, cómoda fantasía originada en su antigua militancia partidaria, que consideraba precapitalista y arcaico al sector más moderno e innovador de la economía argentina. Cuando el gobierno replicó que la compensación se depositaría en la cuenta del productor contra la acreditación de la venta realizada y el número de identificación bancaria que otorga la AFIP, surgió la amenaza de una prolongación de la protesta por tiempo indefinido. La Federación Agraria dejó por escrito su contraoferta: que las cooperativas y acopiadores actuaran como agentes de retención y que la AFIP no pagara en forma individualizada a cada productor. Como resultado, sólo 114 de los 62.900 productores habilitados a percibir la compensación, que alcanza a muchas decenas de miles de pesos, la solicitaron a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). La queja más flamante que incorporaron es por la resolución de la ONCCA que obliga a informar a quienes deseen comercializar granos y/u oleaginosas el volumen que han almacenado, dónde lo guardan y a qué cosecha pertenece. Una medida tan elemental de mero conocimiento de existencias ha sido comparada con la colectivización forzada del agro soviético el siglo pasado (sic).

Qué porte

Desde octubre del año pasado, las delegaciones de la AFIP en Resistencia, Río Cuarto y Córdoba detectaron la utilización de personas indigentes y de tribus aborígenes del Chaco, para obtener las cartas de porte necesarias para la comercialización de granos y oleaginosas. La carta de porte es el único documento que da respaldo legal al traslado automotor, ferroviario o fluvial de mercancías, con cualquier destino. Esos formularios, emitidos en conjunto por la secretaría de Agricultura y por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) son los documentos de tránsito obligatorios mediante los cuales se reflejan los movimientos físicos de los granos en las distintas etapas de su comercialización. Sus usuarios legítimos son los productores, comerciantes, industriales o prestadores de servicios y no pueden transferirlos, cederlos, prestarlos ni endosarlos bajo ningún concepto. Las cartas de porte deben llevar el número de inscripción de su titular ante la ONCCA y un código de autorización de uso de la AFIP. Desde entonces no es válido el remito para documentar el ingreso de un cargamento a una planta de almacenamiento de granos. En papel o en formato electrónico, la carta de porte identifica a la empresa cargadora y/o la que expide las mercancías, al transportista, con la matrícula de sus vehículos, y al destinatario o consignatario del envío. El documento también contiene el tipo y magnitud de la mercancía que se desplaza. Si un transportista es descubierto durante un traslado sin la carta de porte, la AFIP lo suspende de su registro de operadores en compraventa de granos y legumbres.

El caso de Río Cuarto

Debido a las maniobras descubiertas para burlar ese mecanismo y evadir los impuestos correspondientes, la AFIP intervino esta semana su delegación regional Río Cuarto y promoverá el juicio político del juez federal de Bell Ville y subrogante de Río Cuarto, Oscar Armando Valentinuzzi. Cuando la AFIP intentaba suspender en el registro a transportistas descubiertos sin carta de porte o con documentos obtenidos en infracción, Valentinuzzi otorgaba medidas cautelares y/o amparos que permitían la prolongación de los delitos. En muchas de las causas en las que el juez fallaba de ese modo, intervenían el abogado Ignacio Oría, ex socio de un ex funcionario de la AFIP con el apropiado apellido Contador, y el contador Marcos Alberto Sequeira. Como vive en la ciudad de Córdoba, Sequeira necesitaba constituir un domicilio legal en Río Cuarto. Por lo menos en tres casos lo hacía en el estudio jurídico del hijo de Valentinuzzi. Así, la cooperativa COTRAGRO consiguió de la AFIP la devolución de 2,1 millones de pesos mientras seguía la causa. Otra, TEX Argentina obtuvo una medida cautelar que impide a la AFIP iniciar cualquier reclamo por el impuesto a las ganancias y el IVA desde 2003 hasta 2005. Valentinuzzi también impidió con medidas dictadas en Bel Ville que la AFIP suspendiera del registro fiscal de operadores de granos a empresas que habían cometido las infracciones en otras jurisdicciones: Raúl Oscar Heredia, en Córdoba; Compañía de Tierras en Paraná; El Vinal en Santiago del Estero; Perinagro en Santa Fe; Santo Tomasso en Rosario; agropecuaria Siete Leguas en San Luis.

Muy Pía

Según la investigación de la AFIP, en este país amante del varieté quien conseguía a los monotributistas insolventes que firmaban las cartas de porte necesarias para la evasión y el cobro de los cheques era la abogada María Pía Cardozo, empleada en el área de Saneamiento de títulos de la municipalidad de Río Cuarto, y novia del viudo más famoso del país, Marcelo Macarrón. Cuando la esposa de Macarrón fue estrangulada en Río Cuarto, hace un año y medio, la prensa lo mencionó como un poderoso inversor en un pool de siembra. Según la revista Para Ti, la “extrovertida y sensual” abogada ofrecía por la firma una jubilación de 150 pesos. Un muchacho de 23 años que acompañó a su madre al Banco Francés de Río Cuarto, advirtió que el cheque que la señora debía endosar era por varias decenas de miles de pesos, una cantidad impensable para su situación económica. El muchacho se opuso a que su madre firmara, intentó apoderarse del cheque y María Pía lo atacó a carterazos. En medio del escándalo fueron secuestrados varios cheques. “La nueva señora Macarrón”, como titula Para Ti, está inscripta como monotributista. En el allanamiento a su casa se secuestraron cartas de porte firmadas en blanco y documentos nacionales de identidad de distintas personas. En enero el hilo llegó hasta las empresas beneficiarias de las cartas de porte, que fueron allanadas: la Compañía Argentina de Granos y FLG Agropecuaria. Según la AFIP, los cheques “fueron comercializados en una financiera de la ciudad de Córdoba, Gordon SA”. Los mismos indigentes eran utilizados por la financiera para cobrar los cheques por ventanilla y así hacerse de efectivo sin pagar el impuesto al crédito y al débito bancario que corresponde por esa operación. Otra comercializadora de granos e insumos agropecuarios comprometida era Soybeans SA. Todas ellas están relacionadas y tenían oficinas próximas en el residencial barrio cordobés Cerro de las Rosas. Así, esos hechos, agrega la investigación de la AFIP, permiten suponer que Cardozo y los demás intervinientes conformaban una asociación ilícita destinada a la evasión tributaria”, que vendían como un servicio a las empresas cerealeras. Esta operatoria no se limita a un lugar del país. Es una táctica generalizada en la lucha de clases que el campo, sede de todas las virtudes patrias, lleva contra la totalitaria máquina de recaudar, dirigida por el insaciable matrimonio patagón.

Linces y culebras

No es una sorpresa para nadie que el segundo de Alfredo De Angeli en la Federación Agraria de Entre Ríos, Juan Alberto Echeverría, es uno de los más enérgicos líderes de la revuelta libertaria. La AFIP descubrió que lleva el combate a todos los terrenos: tiene dos causas penales abiertas en Paraná, que fueron unificadas y llegarán a juicio oral el 30 de este mes, por evasión fiscal. La más reciente se inició en febrero de 2006 y la más antigua en agosto de 2004, es decir mucho antes del actual conflicto, en el que Echeverría llamó “culebra” al gobernador Sergio Uribarri porque, dijo, se arrastra ante el gobierno nacional. Los inspectores María del Rosario Schmidt y Federico Carlos Vignolo constataron que vendía cueros a la empresa La Mara SA, que no figuraban en su declaración jurada del IVA. Además encontraron que había depositado 114 medias reses sin documentación que acreditara de dónde provenían y quién era su propietario, en una cámara frigorífica de la ciudad de Hernandarias. En el primer caso se determinó un perjuicio fiscal de 318 mil pesos y en el segundo de 364 mil. Como Echeverría está en quiebra no pagó el ajuste determinado por la inspección. Su quiebra fue declarada el 12 de febrero de 2004, ante el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial 8 de Paraná. El crédito del fisco verificado y/o admitido en la quiebra es de 1,8 millón de pesos, pero sólo tiene a su nombre una casa hipotecada y con cláusula de inembargabilidad. En suma, el líder del reclamo adeuda dos millones y medio de pesos, lo que, sin duda, lo estimula para llevar hasta sus últimas consecuencias la lucha contra el unitarismo fiscal que no deja vivir en paz a la gente de trabajo.