Los diputados del Frente para la Victoria y el Partido Justicialista confían en alcanzar 134 o 135 votos, es decir seis más de la mayoría absoluta, para mantener las retenciones móviles en los niveles en que las fijó el Poder Ejecutivo el 10 de marzo. Trabajan sobre este cronograma tentativo: entre mañana y el martes se terminarían de discutir las modificaciones al proyecto en el bloque propio, el martes o miércoles se aprobarían los dictámenes en las comisiones de Agricultura y de Presupuesto y Hacienda, el mismo miércoles comenzaría el debate en el recinto y el jueves se votaría.

Las concesiones

El 27 de marzo, cuando la Coalición Cívica Libertadora, la UCR, el Frejuli y el PRO intentaron derogar la resolución 125, la posición oficial fue sostenida por 132 diputados. El Frente para la Victoria cree que las listas publicadas en los diarios sojeros sobre disidentes que no votarían el proyecto oficial provienen de una sugerencia que la señora Patricia Bullrich, por ahora en la Coalición Cívica Libertadora, les hizo a los miembros de la mesa de enlace de entidades patronales, de prescindir del diálogo con las autoridades del bloque y concentrar la presión sobre los legisladores más dubitativos, tratando de cortar la cadena por sus eslabones más débiles. De ahí a atribuirles una decisión de voto rebelde hay un trecho que el bloque que preside Agustín Rossi no da por recorrido. Hasta ahora sólo tres diputados cordobeses y tres entrerrianos han anunciado un proyecto propio, que disminuye las alícuotas. Pero como no han conseguido apoyos ni siquiera es seguro que ellos deserten a la hora de la votación. En consulta permanente con el Poder Ejecutivo, Rossi cree que es posible incluso mejorar el resultado obtenido en marzo. Para lograrlo, aceptaría abrir el proyecto en varios puntos:

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Las compensaciones creadas en el artículo 2c de la resolución 284, que dejan las retenciones en el 35 por ciento para un sector de productores de menor envergadura, se pagarían a quienes cosechan hasta 750 toneladas de soja y girasol y no hasta 500, como decía el texto original. (En las reuniones con los diputados las corporaciones reconocieron que el 80 por ciento de los productores, que concentran el 20 por ciento de la producción, están en la franja que llega hasta las 500 toneladas por cosecha; que del 50 al 60 por ciento de la producción se concentra en 2000 grandes productores entre propietarios, pools y fondos agropecuarios y que el 20 o 30 por ciento restante corresponde a quienes producen entre 500 y 3000 toneladas. Si las retenciones quedaran en 35 por ciento para las primeras 1000 toneladas de ese grupo, el impacto en el sector sería fuerte. Esos productores de 500 a 3000 toneladas, hombres de 30 a 50 años, que siembran en campos propios y arrendados, son profesionales universitarios o hicieron tecnicaturas agropecuarias, constituirían el nuevo sujeto social dinámico que emergió como sostenedor de los piquetes durante el conflicto. La presidente CFK atendió el argumento pero fijó el límite en 750 toneladas, con este razonamiento: en cualquier caso se está hablando de un sector de las clases medias que defiende sus niveles de rentabilidad, mientras en el país hay millones de personas que carecen de lo elemental, y que constituyen los verdaderos pequeños por los que el Estado debe velar).

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Se eliminaría el requisito del punto 2e, que negaba la compensación a quienes tuvieran deuda líquida y exigible por Declaraciones Juradas presentadas y por pago de impuestos a la AFIP. (La Federación Agraria trabó las negociaciones con el Poder Ejecutivo al exigir que el reintegro se pagara incluso a los productores que operan en negro, para lo cual ideó ingeniosos mecanismos con intervención de la entidad y de las cooperativas. El gobierno fue inflexible en este punto, que hace al propio Estado de derecho. Excluyó a los evasores pero aceptó beneficiar a los deudores impositivos. Lo que resta fijar es el mecanismo por el cual al momento de recibir el reintegro cancelarían toda o parte de la deuda con la AFIP).

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Se agregaría un inciso que también permitiera cobrar el beneficio a quienes estuvieran inscriptos como monotributistas.

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También se eliminaría del punto 2c de la Resolución 284 el requisito de que el beneficiario de las compensaciones tenga el cultivo de soja o girasol como actividad principal.(Este punto fue propuesto por los diputados y cuenta con la aceptación del jefe de gabinete Alberto Fernández, pero todavía no fue aprobado por la presidente).

La leche y el aceite

La Federación Agraria también desearía que se convirtiera en ley el acuerdo con el Poder Ejecutivo sobre precio pleno del trigo exportado una vez asegurado el abastecimiento interno. Sobre esa misma línea, el Poder Ejecutivo prosigue negociaciones con los distintos sectores. La lechería, cuya capacidad instalada es de 15 mil millones de litros, podría proseguir su actividad sin retenciones a sus ventas externas y con precios más elevados al tambero si la industria se comprometiera a mantener sus precios fijos para los consumidores locales. Bien entrada la noche del jueves, CFK acordó con la cámara de productores de aceite un mecanismo diferente de regulación entre mercados interno y externo. El Estado dejará de pagar compensaciones a una actividad que es líder en el mundo (se exporta el 65 por ciento de la producción de aceite de girasol y el 95 por ciento de la de aceite de soja), y las empresas se comprometieron a abastecer el mercado local con un precio 30 por ciento inferior al actual, que estará estampado en la botella para que las cadenas de supermercados no puedan hacer diferencia remarcándola. Las compensaciones se pagarán de un fondo fiduciario constituido por las propias aceiteras, de modo que el subsidio al precio para el consumo interno se prorratee entre todas ellas, tanto las que colocan toda su producción en el exterior, que son la mayoría, como aquellas que además abastecen el consumo interno, como Molinos y General Deheza).

La realidad provocadora

Algunos proyectos complementarios requerirán más tiempo para llegar al recinto. El más notorio es el de arrendamientos rurales. Hay uno del kirchnerista bonaerense Luis Ilarregui, otro de la caleidoscópica tucumana Beatriz Rojkés de Alperovich, uno de Eduardo Macaluse, de Solidaridad e Igualdad, apoyado por el Partido Socialista, y otro del socialista santafesino Lisandro Viale. Todos coinciden en elevar el plazo mínimo del arrendamiento de 3 a 5 años. El del SI fue elaborado por la Federación Agraria y tiene 130 artículos. Cuando Vilma Ibarra convocó a discutirlo en la comisión que preside, de Legislación General, lo defendió el coordinador del Departamento Gremial de la Federación Agraria, Luis Contigiani. Pero el economista jefe de la Sociedad Rural, Ernesto Ambrosetti, y su representante en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales (RENATRE), Abel Guerrieri, se opusieron. Antes del comienzo formal de la reunión uno de los representantes de la Sociedad Rural dijo que el proyecto terminaría con la figura del arrendamiento rural y que no se había discutido en la mesa de enlace. Sus otros puntos principales son:

-Contratos escritos y no de palabra, con los que prevalecen los más fuertes.

-Regulación de precios.

-Contratos agrarios que permitan asociarse y participar en las ganancias.

-Contrato promovido, como el que se usa en Europa. Alienta a los propietarios a arrendar su tierra a los pequeños productores mediante beneficios impositivos a ambas partes. No pueden aspirar a las desgravaciones en IVA y ganancias los grandes capitales o los pools de siembra.

-Promoción de buenas técnicas agrarias para proteger el medio ambiente, como la rotación de cultivos, y respetuosas de la biodiversidad, la conservación y renovación de los recursos. El contrato podría rescindirse si alguna de las partes incurriera en prácticas que deterioren los suelos. El SI también tiene dos proyectos de recreación de las juntas nacionales de cereales y de carne. La ley de arrendamientos fue reclamada por Eduardo Buzzi a la presidente en la primera reunión posterior al lockout. “No tengo problemas si las cuatro entidades están de acuerdo”, respondió CFK. Mario Llambías respondió que Carbap no lo estaba. Desde Alcorta, Buzzi dijo que había sido una “provocación” presidencial porque las entidades “podemos estar juntas en contra de algo, pero es imposible que hagamos un proyecto común”. Más allá de la impertinencia machista con que Buzzi se permite calificar a la presidente, su confesión también ayuda a entender la dificultad de la mesa de enlace para alcanzar un proyecto unificado y su apuesta limitada a quebrar el proyecto oficial en el Congreso.

Detrás de escena

Detrás de escena hay intereses políticos que intentan utilizar el conflicto como ariete desestabilizador. En su conferencia de prensa de la semana anterior, Kirchner exculpó al ex senador Eduardo Duhalde. Sin embargo, al día siguiente, Duhalde se reunió con el ex gobernador de Córdoba José De la Sota, y con el vocero mediático de las cámaras patronales agropecuarias, Alfredo De Angeli, en la quinta de su colaborador Antonio Arcuri, a quienes se sumó, por teléfono, Felipe Solá. Después de ese encuentro, De Angeli anunció el levantamiento de las medidas de fuerza y aclaró que no cejaban en la protesta, sólo cambiaban de estrategia. De Angeli vive sus quince minutos de gloria, como los que ilusionaron a otros emergentes de la antipolítica, como Aldo Rico y Juan Carlos Blumberg. En cambio Duhalde y De la Sota son avezados en operar con discreción e imaginar las consecuencias de los actos que otros realizan. De la Sota fue el introductor en la política partidaria del economista socialcristiano Domingo Cavallo y, luego, del aceitero Roberto Urquía, quien esta semana cedió su cargo para no enfrentar un debate en el que oficialismo y oposición lo tomarían como blanco. Había ofrecido su renuncia cuando comenzó el conflicto y la entregó sin dilación cuando se lo solicitaron los senadores Miguel Pichetto y Nicolás Fernández. Es posible que recale al frente de la Comisión de Obras Públicas. Durante el proceso electoral de 1989, Cavallo, con el respaldo de De la Sota, viajó a Estados Unidos para reunirse con funcionarios del Banco Mundial, a quienes advirtió que si brindaban el financiamiento pedido por el gobierno de Raúl Alfonsín la fórmula presidencial de su partido en la que Duhalde acompañaba a Carlos Menem desconocería esos compromisos. Ésa fue la señal de largada que precipitó la hiperinflación, aseguró la victoria electoral justicialista y luego forzó el acortamiento del mandato de Alfonsín por medio de los saqueos producidos en los cordones urbanos de Buenos Aires y Rosario. En 1996, cuando Menem no había cumplido un año de su segundo mandato, Duhalde intentó una maniobra similar en su contra. Temía que la alta desocupación estropeara su candidatura presidencial y pensó en una convulsión social que acelerara los tiempos. “Cualquier día una mujer tira una papa en la Matanza y el estruendo llega hasta acá”, decía entonces uno de sus confidentes. El secretario de Inteligencia Hugo Anzorregui y Julio César Aráoz conversaron sobre la eyección anticipada de Menem con varios dirigentes sindicales, entre ellos el camionero Hugo Moyano, que denunciaba la política neoliberal. “Esto termina mal. A Menem lo va a mandar preso la justicia. No hay cómo defenderse, porque por imponer este modelo destruyó el partido, las estructuras sindicales y la unidad política en el parlamento”, dijo Anzorregui durante una de esas reuniones. La idea era que Carlos Rückauf o Antonio Cafiero asumieran en forma interina el Poder Ejecutivo y convocaran a elecciones presidenciales anticipadas (“Caída libre. Duhalde quiere acortar el calvario y forzar una crisis que adelante las elecciones presidenciales”, 20 de octubre de 1996). Pero Menem pudo retener el control partidario y desbarató la operación. En 2001, Duhalde concibió aplicar el mismo esquema al presidente radical Fernando De la Rúa, cuya posición se tornó insostenible con la derrota en los comicios de octubre de 2001, luego de cuatro años de recesión. Según los acuerdos entre Duhalde y el ex presidente Raúl Alfonsín el senador misionero Ramón Puerta asumiría la presidencia y convocaría a elecciones, en un proceso que contaba con la bendición del Episcopado. Cuando la fuga de capitales financiada por el FMI forzó al gobierno a establecer el corralito, ante la primera protesta Fernando De la Rúa no tuvo mejor idea que decretar el estado de sitio y ordenar la represión, que causó 31 muertes. La mayoría justicialista anunció que iniciaría el procedimiento para destituirlo por juicio político y el presidente renunció. Fue la negativa de Adolfo Rodríguez Saa a convocar a elecciones en tres meses y el caos producido por la devaluación salvaje lo que forzó a Duhalde a asumir en forma interina el Poder Ejecutivo. Estos antecedentes son insoslayables ahora. Duhalde no oculta su juego. Lo anunció hace un año, cuando los mismos sectores justicialistas que ahora se alinean contra el gobierno, le pidieron apoyo para presentar una candidatura alternativa a la de CFK. Dijo entonces que era imposible impedir su victoria, pero que había que prepararse para las situaciones críticas que sobrevendrían por la inexperiencia de CFK. El objetivo de máxima es forzar su renuncia, como ocurrió con Alfonsín y De la Rúa. Duhalde sabe que no será fácil, porque a diferencia del último presidente radical, Cristina dispuso no reprimir ni siquiera la protesta ilegal, pero enfrentarla con medios políticos. Por eso, el objetivo de mínima es desgastar a su gobierno para batirlo en las elecciones de 2009, con lo que comenzaría otra etapa.

Votos y/o consensos

El vicepresidente Julio Cobos planteó que el gobierno no debería buscar votos sino consensos. Éste es un consenso generalizado entre quienes no tienen votos. Con distintos grados de buena fe plantean que si el gobierno se limitara a imponer el número la crisis no se cerraría porque, como ya anticiparon diversos líderes patronales, de aprobarse la resolución 125 dispondrán el regreso a las rutas. Para evitarlo, algunos diputados sostienen que sería necesario elaborar un consenso para que la votación del Congreso fuera por una mayoría tan amplia como para aislarlas y disuadir su beligerancia. El gobierno piensa, en cambio, que luego de dos semanas de discusiones en las que todos pudieron expresarse con absoluta libertad, corresponde que el Congreso vote y decida. Éste debería ser el principal consenso de quienes aspiran a vivir en democracia.