“Por ello no me explicó cómo puede ser que aquellos que han participado en el secuestro sistemático de nuestros nietos y en otros delitos aberrantes” puedan “ser alojados en sus residencias cuando todavía continúan generando daño”. María Isabel Chorobik de Mariani, fundadora y presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo hasta 1989, encabezó una delegación de familiares y de víctimas del terrorismo de Estado que volvió pedirle a la Justicia la cárcel común para el dictador Jorge Rafael Videla.

Videla es el único represor con condena que está fuera de la cárcel, con el beneficio de la prisión domiciliaria. La delegación hizo el pedido ante el juez Norberto Oyarbide, en el marco de la causa del plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura.

“Pedimos que Videla vaya a una cárcel común porque todavía yo no me explico cómo es posible que en este momento, en el que la sociedad está discutiendo el tema de la morigeración de las penas, que alguien de la gravedad de este caso, con una condena y un procesamiento por sustracción y homicidio calificado, no se lo detenga en una cárcel”, explicó ante la consulta de este diario Alejo Ramos Padilla, abogado querellante de parte de las víctimas.

La causa por el robo de bebés dio un giro a comienzo de julio. El expediente que hasta ahora tramitaba bajo los procedimientos del viejo Código destinada a ser cerrada sin juicio oral cambió de procedimiento. La Cámara Federal procesó a Videla y la causa ahora se encamina a juicio oral. Aún así, la situación de detención del dictador no cambió. Por esa razón, la querella ayer presentó un requerimiento para la elevación a juicio y el pedido de prisión domiciliaria. Según sus fundamentos, Videla atravesó distintos momentos procesales desde 1983 en adelante, pero hoy están dadas las condiciones para que vuelva a la cárcel.

- El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Federal lo condenó a pena de reclusión perpetua.

- El 29 de diciembre de 1990, el ex presidente Carlos Menem lo indultó.

- El 9 de junio de 1998 fue nuevamente detenido por el Plan Sistemático.

- El 7 de octubre de 2005 la Cámara Federal dejó sin efecto el encierro preventivo porque dijo que se habían excedido los plazos previstos para la prisión preventiva por la ley 24.390.

- El 6 de junio de 2007 la Cámara Federal en pleno declaró la inconstitucionalidad del indulto de 1990.

En ese contexto, para la querella “adquirió vigencia la sentencia a cadena perpetua de 1990, y por eso decimos que es un penado que está cumpliendo su sentencia y a su respecto no rigen las pautas de la excarcelación”. Como lo dijeron cada una de las veces, recordaron que la prisión domiciliaria no es un “derecho automático”, sino un beneficio sobre el que tienen que pronunciarse los jueces. Hasta el año 2005, esa modalidad aparecía normalmente, pero a partir de la nulidad de las leyes de Obediencia Debita y Punto Final, el beneficio dejó de ser moneda corriente entre los represores.

“El criterio de extender la prisión a otros reos se empezó a ver con continuidad cuando comenzaron a avanzar las causas por violación de los derechos humanos –dice Padilla–, fue una primera respuesta corporativa frente a los legítimos reclamos de justicia que luego de 30 años comenzaban abrirse camino en los estrados judiciales.”

Hasta ahora la Justicia le revocó la prisión domiciliaria a otros procesados como Osvaldo Sertorio, Rodolfo González Conti, Juan Fiorillo, Horacio Luján, Luis Patrault y Alejandro Arias Duval. El más reciente además fue el de Luciano Benjamín Menéndez, en Córdoba. No hace falta decir más, dejó dicho la querella, “salvo que Jorge Rafael Videla era el comandante en jefe del Ejército”.