La Legislatura porteña acaba de convertir en ley la iniciativa del PRO–Macri que consagra el ajuste de precios en los contratos de servicios urbanos y obra pública. Ante cambios en los costos de las prestaciones que alcancen el 7 por ciento, el proveedor promoverá que la administración revise los precios contratados para resarcirse del efecto inflacionario. Resarcimiento que no está al alcance de ningún vecino. La norma no estipula condiciones de principio de ejecución, plazos mínimos o restricciones porcentuales sobre el contrato original para efectuar la petición de revisión. En rigor salvaguarda del riesgo empresario a los proveedores del Estado y habilita a la posibilidad de promover una transferencia directa de ingresos desde los contribuyentes a los proveedores. Entre los que se encuentran amigos y parientes del jefe de Gobierno de la Ciudad.

La ley naturaliza la inflación pero obra como si en las ofertas y previsiones de precios de contratistas y proveedores no estuviera ya contemplada la inflación esperada. Y resulta ambigua respecto del condicionamiento del proveedor que paraliza o lentifica las obras para forzar la revisión de los precios.

Entre quienes tenemos algunos años, esto recuerda un chiste de nuestra infancia. Un viajero solitario decide cruzar el desierto en camello. Promediando la travesía el camello se detiene. Por todos los medios el pasajero intenta retomar la marcha. No lo logra pero sí, perplejo, comprende que el animal le pone una condición para continuar. Una condición llamémosle gravosa. El viajero duda pero accede. El viaje continúa. Al rato se repite la situación. Nueva detención, misma condición del camello, renovadas dudas y concesión del pasajero. La travesía prosigue. Las detenciones se suceden una y otra vez con el mismo resultado. De pronto, sin razón aparente, el relator del chiste interrumpe la narración. Inevitablemente alguno de sus escuchas le preguntaba: “¿Y...?”. Por toda respuesta el relator repetía (y exigía) a su auditorio la gravosa condición del camello. He ahí la gracia.

Mucho recuerda en esta ley aquella tristemente célebre práctica de reconocimiento de los “mayores costos” a los contratistas y proveedores del Estado que brindó una vía exquisita al desguace y vaciamiento del Estado en la era neoliberal, convalidando un mayor gasto para las mismas obras. Así, y por ley, la Ciudad comenzará el viaje de la obra pública y el mantenimiento urbano a lomo de camello, el pasajero será el Gobierno, pero la gravosa condición pasará por los bolsillos de los porteños. El impuestazo del ABL y el injustificable endeudamiento de (por lo menos) 1600 millones promovido por el macrismo harán posible su cumplimiento. Hemos señalado en más de una ocasión los perjuicios de estas dos iniciativas, que afectan directa y negativamente los ingresos de los porteños. Ahora se completa la movida y queda claro quiénes son sus beneficiarios. Los camellos. O, si se prefiere, la vieja y conocida “patria contratista”.

* Presidente Frente Grande-Capital