Hace cien años, el fotógrafo Lewis Hine tomó un registro impactante sobre el trabajo infantil en una hilandería de Lancaster, Pennsylvania. La llamó “Mill Girl” (Niña textil) y es un perspectiva que muestra a una niña hilando en medio de un pasillo. El reportero norteamericano ya había retratado y denunciado la situación de los niños mineros y canillitas, pero esta imagen contenía un detalle escabroso: el aparato en el que trabajaba la pequeña había sido diseñado y fabricado para alguien de su estatura. Algo similar ocurre en algunas de las granjas de Nuestra Huella S.A., donde los estantes para recoger los huevos están a la altura de una mano infantil, como lo mostró una investigación publicada ayer por PáginaI12.

Anoche, la sede comercial de esta empresa, ubicada en el barrio de Devoto, fue escrachada por los integrantes de la cooperativa La Alameda, mientras dos abogados ultimaban el texto de la denuncia penal que presentarán hoy ante la Justicia de San Isidro. También se elevará un pedido de informes al Congreso Nacional y otra denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Nuestra Huella provee huevos a cadenas como Coto, Carrefour y Wal Mart, además de exportar a varios países europeos y a China. Lo que exigían anoche los manifestantes era el rescate de las víctimas y el castigo para los culpables por “hacerse millonarios sobre la base de la sangre y el sudor del trabajo infantil y la esclavitud”.

Los responsables de la empresa serían, según afirmaron desde La Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Leticia García de Luaces, Carlos Luaces (fallecido el 25 de abril pasado). También estaría involucrada “Viviana Vallejo, otra accionista, que además oficia de supervisora general del trabajo forzoso e infantil en las granjas”, según los denunciantes. La investigación fue hecha a través de cámaras ocultas y ayer trascendió que la empresa tenía intenciones de demandar a los denunciantes –quienes recorrieron las granjas disfrazados de boys scouts– por irrumpir sin permiso en sus instalaciones, donde eran explotados chicos de entre 2 y 14 años.

Nuestra Huella ya había sido denunciada por mantener en condiciones indignas y reducir a la servidumbre a familias enteras en sus galpones de la localidad bonaerense de Capilla del Señor. Según relató el fiscal de Zárate-Campana, Juan Maraggi, los tenaces abogados de la empresa avícola lograron frenar el caso anteponiendo un recurso en contra suyo por “allanamiento ilegal” ante el Juzgado de Garantías número 2 de su jurisdicción. Por lo que contó el fiscal a PáginaI12, la empresa suele jugar a las escondidas a la hora de las inspecciones. Sin embargo, después de su allanamiento hubo galpones que al momento de ser requisados tenían solo un empleado a cargo y ahora tienen tres. “¿Quién hacía antes el trabajo de estas dos empleados nuevos?”, se preguntó.

Su sospecha es lo que confirmó la cámara oculta luego: que de esa labor se encargaban los niños. Más allá de lo que diga el Régimen Nacional de Trabajo Agrario promulgado durante la última dictadura, Maraggi recordó que las leyes laborales prohíben contratar jóvenes menores de 14 años y el artículo 140 del Código Penal castiga a quien reduzcan a la servidumbre a sus empleados.