John Stuart Mill, el gran filósofo británico del liberalismo, se planteaba el problema siguiente. Supongamos, decía, que un forastero llega a una aldea y se propone cruzar un puente situado a gran altura. Los lugareños saben que el puente es intransitable y se desmoronará si alguien intenta atravesarlo. ¿Qué hacer frente al forastero sin afectar su libertad de elección? La respuesta de Mill es que se lo debe poner al tanto de la situación y, después de hacerlo, dejar que sea él quien decida.

Es decir que la visión individualista de la que parte su razonamiento (y que, años después, el propio Mill moderaría) es tan intensa que ni siquiera se le ocurre pensar que las autoridades o los vecinos mismos habrían podido clausurar el puente para evitar que los peatones corriesen peligro. Se habría tratado de una decisión colectiva perfectamente legítima y éticamente irreprochable.

Recordé este ejemplo ilustre en estos días en que tantos políticos opositores baten el parche con el tema de la opción que hicieron tiempo atrás muchos argentinos a favor del régimen jubilatorio de capitalización. Es indiscutible que este régimen se halla en crisis, que el valor de los depósitos se encuentra en caída libre y que el Estado nacional no tendrá más remedio que acudir en ayuda de todos los aportantes que se irán viniendo abajo bastante antes de llegar a la otra orilla. Lo más notable es que pocos de esos críticos se atreven a defender a las AFJP pero, como en el ejemplo de Mill, apelan sin siquiera saberlo a un individualismo decimonónico para reivindicar la libertad de elección de los aportantes.

¿Por qué no reconocer que éstos optaron en un momento en que había fundadas sospechas de que el puente era intransitable pero no todavía la absoluta certeza que existe en la actualidad? Más aún: si no lo clausurase de inmediato, el Gobierno estaría incumpliendo su mandato constitucional.