Las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones podrían ser denunciadas por el Gobierno por no haber cumplido con el deber legal de custodiar los fondos de los afiliados, que ahora se encuentran congelados en Nueva York a pedido de los fondos buitre. El equipo legal de la Superintendencia de AFJP trabajó a pleno en los últimos dos días para armar la presentación y tiene casi resuelto llevar el caso a Tribunales. La denuncia se concretaría mañana o a más tardar el martes.

La decisión de la Superintendencia de AFJP de recurrir a la Justicia va en línea con la reacción que tuvo el jueves pasado su titular, Sergio Chodos, tras el anuncio de que los fondos buitre habían conseguido que el juez Thomas Griesa de Nueva York congelara inversiones de las admInistradoras en Estados Unidos. “Los activos embargados no son del Estado nacional sino de las AFJP. Son ellas las que estaban a cargo de esos intereses y las que deben defender esos activos”, recalcó entonces el funcionario, tras una reunión con el jefe de Gabinete, Sergio Massa. Desde el Gobierno también señalaron en ese momento que cualquier reclamo legal de afiliados a las AFJP debería ser orientado a las empresas que se llevaron la plata del país.

La alternativa de promover una denuncia penal contra las AFJP fue pensada desde la Anses, al mando de Amado Boudou, como una “solución técnica” para recuperar los fondos. Los técnicos de la Superintendencia del sector fueron los encargados de darle forma a la presentación y hoy terminarán de ajustar los últimos detalles. La idea sería llevarla a Tribunales entre mañana y pasado.

Una de las cuestiones que los técnicos todavía no dilucidaron es el destino de la presentación: la duda es si radican la denuncia ante el juez Claudio Bonadío, quien tiene en su poder un expediente que investiga maniobras vinculadas a las AFJP, o si corresponde que sea asignada por sorteo.

El argumento central de la denuncia será que las administradoras incumplieron con el deber fiduciario de custodiar los fondos de los afiliados, establecido en la ley 24.241 de creación del sistema de capitalización. Como la custodia de los fondos es una responsabilidad de tipo penal, a quien no la cumple –además de tener que responder patrimonialmente– le corresponde la cárcel como castigo.

Un alto funcionario kirchnerista que confirmó a PáginaI12 la intención de denunciar a las AFJP insistió en subrayar que “el dinero es de la gente, de los trabajadores”. En el Gobierno aseguraban ayer que Nación AFJP tomó las medidas necesariAs para traer los fondos al país hace diez días, tras el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de los cambios al régimen jubilatorio, y que no tiene nada en el exterior. “Por eso los afiliados de Nación AFJP no tienen problemas”, remarcaron.

Lo que decían también es que entre las administradoras que sufrieron el bloqueo de sus fondos en el extranjero no todos los casos son iguales. “Hubo maniobras, pero también negligencia”, explicó a este diario un entendido en la materia. Lo que no dejaron de señalar es que el bloqueo fue posible porque “en vez de hacer inversiones aquí y crear un mercado de capitales fuerte, las AFJP invirtieron en Estados Unidos y antepusieron sus negocios por sobre los intereses y la seguridad de los afiliados”. Ni tampoco que “los fondos buitre son los mismos que antes operaban sobre el Fondo Monetario Internacional para que hicieran ajustes y se priorizara el pago a los acreedores”.

El bloqueo de los fondos se concretó el jueves, cuando Griesa accedió a congelar como mínimo durante una semana las inversiones de al menos cinco AFJP en Estados Unidos por 553 millones de dólares. El juez neoyorquino hizo lugar a una acción de amparo que promovió el estudio Simpson Thacher & Bartlett, en su condición de representante de acreedores de la Argentina que rechazaron el canje de deuda de 2005.

En su presentación judicial, ese estudio argumentó en nombre de los fondos Aurelis y Blue Angel que la estatización de los recursos previsionales los hacía pasibles de ser embargados. Antes, en cambio, les resultaban intocables por ser privados. Los abogados que defienden al Estado argentino en Nueva York por acciones de los holdouts no lograron convencer a Griesa, quien admitió en principio esa interpretación y fijó una nueva audiencia el próximo jueves para decidir si prolonga o no el congelamiento preventivo.

Un día después, el mismo juez Griesa hizo lugar a la presentación de una decena de fondos buitres que reclaman contra la Argentina por la deuda en default y amplió el bloqueo de recursos invertidos. El segundo pedido admitido por el magistrado involucra activos por unos dos mil millones de dólares.

Entre los fondos buitre que acudieron a Griesa hay dos que sobresalen: EM y NML, cuyos propietarios son Eliot y el magnate Kenneth Dart, dos activos promotores de demandas contra la Argentina por los títulos impagos. Se trata de inversores que compraron la mayor parte de los bonos en 2002, cuando el país ya había caído en default.

El negocio de estos fondos buitre es presionar y litigar ante los tribunales fuera de la Argentina con el objetivo de conseguir el embargo de bienes hasta conseguir la compensación total de esos títulos, adquiridos en su momento a precio de remate.

Sus presentaciones con ese propósito ante Griesa han sido recurrentes en los últimos años. En algunos casos pidieron el embargo de activos de Aerolíneas Argentinas, de los bancos Central y Nación, e incluso del FMI, cuando la Argentina canceló su deuda con ese organismo. En septiembre, el juez neoyorquino dictó un embargo preventivo por 72 millones de dólares del Banco Nación, en el marco de un expediente aún en trámite.