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Ninguna medida adoptada por los sucesivos gobiernos de Néstor Kirchner y CFK había provocado una reacción tan virulenta como el regreso al Estado de la administración del sistema de seguridad social al que la Constitución define como “integral e irrenunciable”. Esta estocada profunda al poder financiero y a la estructura económica establecida a partir del golpe de 1976 y consolidada en la década de 1990, se insinúa como el punto de reagrupamiento de distintos sectores económicos que hasta ahora no habían coincidido en la oposición al gobierno. Es cualquier cosa menos casual que al mismo tiempo reapareciera en el centro de la preocupación social, del que estuvo ausente a partir del conflicto por las retenciones, el denominado fenómeno de la inseguridad, en torno del cual se configura el estereotipo de un monstruo social, adolescente, pobre, de piel oscura, que se droga y mata por diversión. El detonante fue el asesinato en San Isidro de un profesional de buena situación económica. El gobierno percibe el nexo entre un hecho y otro pero no ha definido una táctica consecuente. Por el contrario, igual que con las nefastas leyes Blumberg, se inclina a ceder ante la presión, con sucesivos encomios a la labor policial y críticas a la judicial que equivocan el diagnóstico. La justicia no funciona mal porque libere en forma indiscriminada, sino porque su lentitud permite que en la provincia de Buenos Aires ocho de cada diez presos lo estén con prisión preventiva y sin condena, lo cual redimensiona la poco feliz metáfora de la puerta giratoria. Durante la gestión anterior, el ex ministro Eduardo Di Rocco admitió que del 25 al 28 por ciento de los procesos, cuando finalmente llegan a juicio, terminan en absoluciones. Esto implica que sobre los 27.300 detenidos actuales en humillantes condiciones, entre 6800 y 7600 sean inocentes a los que el Estado provincial les está arruinando la vida, sin por ello mejorar la seguridad colectiva.

Masa de maniobra

El gobierno cuenta con los votos suficientes en el Congreso para la aprobación del proyecto de ley que cumplirá el mandato constitucional de establecer un seguro social obligatorio, a cargo de entidades nacionales o provinciales. Tanto las centrales sindicales CGT y CTA como los sindicatos que representan a los trabajadores de las administradoras de fondos jubilatorios apoyan esta reversión del modelo implantado por Menem y Cavallo hace tres lustros, que desfinanció al Estado, lo impulsó al endeudamiento externo, consumió en gastos administrativos y comisiones una porción exorbitante de los aportes de los trabajadores y dejó al margen de cualquier protección a quienes no tuvieran un empleo que les permitiera soportar esas exacciones. A los votos propios el gobierno podrá sumar esta vez los de bloques con definiciones de centro izquierda y/o nac&pop que parecen haber avanzado en su comprensión de las alianzas sociales en juego. Sus diferencias sobre determinados artículos del proyecto oficial las reservarán para la discusión en particular. El afectado sector financiero ha articulado una impresionante coalición de intereses, que se expresan en la Asociación Empresaria AEA, cuya apresurada declaración considera en riesgo nada menos que la propiedad privada y la seguridad jurídica. Hace falta mucha frialdad para invocar estos valores justo cuando el respaldo estatal vuelve a garantizar el retiro de los trabajadores a quienes la abrupta reforma de 1994 privó de sus derechos y las ruinosas inversiones de las empresas gestoras, de sus ahorros. Las firmas que suscriben ese manifiesto patronal incluyen a los principales grupos económicos locales y transnacionales, con intereses en distintas ramas de la producción y ratifican el compromiso militante que ya se advierte en las páginas y las ondas de los principales medios de comunicación. Pero a diferencia de lo sucedido durante la prolongada agresión agromediática de marzo a julio de este año, esta vez no cuentan con una masa de maniobra en las calles y las rutas. En ausencia de Eduardo F. Buzzi, ese rol imprescindible para conmover a las siempre excitables clases medias urbanas vienen a cumplirlo las marchas blancas y rubias contra la inseguridad, en un intento de resucitar el fenómeno del ex ingeniero Juan Blumberg. Antes de plegarse a ese populismo punitivo, que agrava todas las situaciones y degrada a la sociedad, conviene recordar cuál fue la cosecha electoral del señor de las carpetas.

Cifras

Con su uniforme de comisario general, Daniel Salcedo participó en la marcha de San Isidro y su intendente Gustavo Posse. Durante el anterior gobierno, como Superintendente de Policía Científica en Función Judicial, Salcedo mantuvo la relación policial con la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta), una organización confesional conducida por Fray Aníbal Fosbery, que colaboró con altos jefes del gobierno militar de 1976 a 1983 y que hoy apoya a los grupos que resisten el avance de los juicios por los crímenes de entonces. El ex gobernador bonaerense Felipe Solá entregó a Fasta parte de la capacitación de sus técnicos en criminalística y seguridad, con el beneplácito de Salcedo, quien encomió los resultados de esos cursos de especialización. En octubre, la página web del ministerio de Seguridad difundió apenas tres gacetillas. La última indica que Salcedo tomó parte de la procesión policial a Luján. Por una vía menos formal, Salcedo difundió a distintos medios de comunicación informes tan alarmistas como imprecisos sobre número de delitos y carácter de sus autores. A Infobae le dijo que los homicidios cometidos por menores de 16 años se cuadruplicaron en un año, de 4 a 20, y que 238 adolescentes de 16 a 18 años fueron imputados por homicidio en los primeros nueve meses de este año, contra sólo 106 en el mismo lapso del año anterior. A Clarín, que crecieron 80 por ciento los delitos cometidos por adolescentes. A La Nación, que en menos de doce horas el 90 por ciento de los menores detenidos fueron entregados a sus padres “antes de que termináramos de escribir la causa que se les imputaba”.

Los supuestos homicidios

Una investigación dispuesta por la ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner pone en duda estas afirmaciones. El trabajo, titulado “Adolescentes en el Sistema Penal”, fue elaborado en conjunto con Unicef y con la Universidad de Tres de Febrero. Se inició en 2006 y constituye el primer relevamiento nacional sobre presuntos infractores a la ley penal. En el total de establecimientos y programas de todo el país hay 6658 niños y adolescentes. Cuando descompone esa cifra según el tipo de delitos imputados, el informe sostiene que sólo el 5 por ciento están allí por la ley de estupefacientes y el 15 por ciento por homicidio o tentativa. Son datos oficiales menos vendedores para un noticioso que la mercadería caliente que ofrecen Salcedo y ¿su jefe? Carlos Stornelli. Ese 15 por ciento de imputados de homicidio sobre los 6658 niños y adolescentes en conflicto con la ley penal registrados equivaldrían a 998 casos. Los 238 supuestos homicidios difundidos por la provincia de Buenos Aires explicarían el 23,8 por ciento del total nacional, porcentaje muy inferior al de la incidencia demográfica bonaerense, que es del 38,13 por ciento sobre el total nacional según el censo de 2001. Datos de la Corte Suprema de Justicia relevados por la fiscal Mónica Cuñarro, directora de Política Criminal de Fundejus, indican que el 93 por ciento de las causas juzgadas por los Tribunales Orales de Menores en 2007 correspondieron a delitos contra la propiedad. Cuando se trata de mayores, ese tipo de causa se resuelve por juicio abreviado, probation o en debates que no duran más de dos días. Los menores pueden pasar años detenidos.

Menos delitos, más prisioneros

Según el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Ilanud, las tasas de homicidios y de encarcelamiento evolucionan en forma contradictoria. La de encarcelamiento se triplicó entre 1980 y 2008, contradiciendo el estereotipo sobre la presunta lenidad de la democracia frente al delito. La de homicidios descendió de 9,6 a 5,1 cada 100 mil habitantes entre 2001 y 2007. Así lo expuso hace dos meses en La Plata el presidente del Ilanud, Elías Carranza. Y según el ex ministro Carlos Arslanian, quien cita datos del PNUD, es menor a la de la isla de Manhattan, que pasa por ser un paraíso de seguridad. Carranza hizo otra comparación sorprendente: entre 1995 y 2005 la población argentina aumentó un 8 por ciento, pero la carcelaria creció el 92 por ciento. El hábeas corpus colectivo y correctivo que el CELS presentó en 2001 y que la Corte Suprema de Justicia falló en 2005 marcó un punto de inflexión: por primera vez en décadas la cantidad de personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires descendió levemente. Esta tendencia volvió a invertirse con la llegada al gobierno de Daniel Scioli. El alojamiento de personas en comisarías, que descendió a la mitad luego de aquel fallo de la Corte Suprema, también ha retomado su tendencia ascendente.

Sólo la política activa de encarcelamiento y el uso indiscriminado de la prisión preventiva explican que la tasa de encarcelamiento de la Argentina se acerque a los valores promedio de la región y supere a las europeas, pese al sostenido descenso de la tasa de delitos desde 2002 en adelante. Esto hace insostenibles las afirmaciones de esta semana acerca de que la justicia libera con facilidad a los detenidos. Sin embargo, determinan decisiones políticas que tendrán graves consecuencias a mediano plazo. El proyecto de Scioli y su ministro de Justicia Ricardo Casal para dificultar las excarcelaciones y permitir penas menos graves que la prisión preventiva sólo para septuagenarios, enfermos terminales, mujeres embarazadas y madres de hijos menores de cinco años, aumentará la presión en la caldera que son las cárceles bonaerenses y, lejos de disminuir la violencia, la incrementará, porque la sociedad no se compone de compartimientos estancos y lo que ocurre intramuros tarde o temprano se refleja en las calles. (ver cuadros 1 y 2)

La ley pendiente

El 18 de abril de este año, en el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, todas las provincias firmaron un acta compromiso para adecuar en conjunto con la Nación el sistema penal juvenil argentino a la Constitución Nacional y a la Convención sobre los Derechos del Niño. De cumplirse, los adolescentes detenidos serían sometidos a juicio con las mismas formalidades y garantías que un adulto, con fiscal, defensor y tribunal de enjuiciamiento, con penas menores y alojamiento en lugares y con personal especializado. Esto es lo que dice el proyecto de ley del diputado del SI Emilio García Méndez, a partir del cual diversos bloques elaboraron otros con ligeras variantes. Son los que apoya Scioli. En la situación actual, en la que se borra la diferencia entre un grave crimen y una situación de desamparo, un juez puede dejar en libertad a la pandilla de niños bien que participaron en la riña en la que murió Matías Bragagnolo y privar de su libertad hasta los 21 años a un niño de 12 violado cuando abría puertas de los taxis en Constitución. En marzo de este año el ministerio de Justicia ya había creado una comisión con el mismo propósito, en cumplimiento de la orden impartida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, el adolescente que hace 17 años murió en una comisaría, y del fallo “García Méndez, Emilio” en el que la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal instó al Poder Ejecutivo a adecuar la legislación penal en materia de menores a los nuevos estándares constitucionales y a establecer un sistema integral y coordinado con la Ley Nº 26.061. No obstante, la comisión no se integró y cuando García Méndez presentó un proyecto inspirado en los mismos principios, que eliminaba ese híbrido de fiscal y defensor que es el asesor de menores, cuyas funciones contradicen las garantías constitucionales que la ley 26.061/05 les reconoció a niños, niñas y adolescentes, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, se opuso por escrito, en una carta dirigida al Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Luis Cigogna. No es el único aporte a la inseguridad general. Hasta el año pasado la Dirección Nacional de Política Criminal cargaba en su página web los informes anuales del Sistema Nacional de Información Criminal, con delitos y tasas de todo el país provincia por provincia, y los del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena. Además incluía encuestas de victimización e informes especiales, de dispar calidad, como análisis de homicidios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o jóvenes en conflicto con la ley. Esta sustracción de la vista pública no es un caso aislado. Sin necesidad de mencionar el Indec, también Desarrollo Social veló los datos del Siempro y Economía los del régimen de promoción industrial. Cuando hay algo que ocultar la gente se vuelve más curiosa.

Cuadro 1

Cuadro 2