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Funcionarios con despachos próximos al presidencial discutían sobre la foto de la semana: ¿la de CFK con Ingrid Betancourt y Madonna, o la de Hugo Moyano con Hugo Yasky? Curiosa antinomia. El encuentro presidencial con la más famosa rehén colombiana y con el ícono pop de la diversidad sexual es más efervescente. Pero la decisión de los secretarios generales de las dos centrales de trabajadores de repudiar en forma conjunta los enfrentamientos entre trabajadores lecheros en Rosario tiene una trascendencia de largo plazo, para sus representados y para el gobierno, que excede la conveniencia de un día.

Aunque fue rescatada en una operación comando del Ejército colombiano, Ingrid quiso agradecer el apoyo de la presidente argentina a una solución negociada porque no desvaloriza las gestiones que se realizaron para un acuerdo que permitiera recuperar su libertad a los cautivos y al mismo tiempo le avisara a la patrulla perdida de las FARC que su guerra terminó. La presencia casual de Madonna, quien llegaba cuando Ingrid se iba de la Casa Rosada, completa un mensaje sin palabras: las mujeres son cosa seria. Pero los hombres también.

Los Hugos

Es seguro que a los secretarios generales de la CGT y de la CTA les costó más que a ellas sentarse a la misma mesa. Las relaciones de la CTA con Moyano fueron intensas durante los años de lucha compartida contra el neoliberalismo menemista, cuando el camionero se autoexcluyó de la conducción de la CGT y junto con los colectiveros formó el Movimiento de los Trabajadores Argentinos. Se enfriaron cuando Moyano regresó a la CGT como secretario general y no ocultó que se oponía al reconocimiento gremial de la CTA. Esa tensión continúa y tuvo un pico hace un par de semanas, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre libertad sindical, que no resolvió aquella pugna pero le fijó un marco distinto. Cuando todavía no era claro qué había ocurrido en Rosario, quién había abierto fuego y por qué, la información difundida por televisión presentaba los hechos como un capítulo caliente de la confrontación entre ambas centrales, cosa que ninguna de las partes involucradas sostiene. La seccional rosarina de ATILRA integra la CGT igual que su conducción nacional. Ocurre que en Rosario funciona una coordinadora progresista de organizaciones de ambas centrales y organismos de derechos humanos y que la conducción nacional del gremio lechero tiene todos los vicios y ninguna de las virtudes de la burocracia sindical. Moyano y Yasky abrieron un canal de diálogo el año pasado, para repudiar en forma conjunta el asesinato del maestro neuquino Carlos Fuentealba, y volvieron a usarlo varias veces desde entonces, en apoyo de proyectos del gobierno como la resolución 125 o la supresión del régimen jubilatorio de capitalización individual. Se trataba de repudiar a enemigos comunes. Ésta es la primera vez que el teléfono sindical funciona para alcanzar un pronunciamiento en un tema en el que se intenta presentar enfrentadas a ambas centrales. La declaración conjunta, negociada entre Héctor Recalde y Edgardo Depetri, fue aprobada por la mesa directiva de la CTA, que además de Yasky incluye a Víctor De Gennaro. Con notable madurez unos y otros comprenden que este tipo de situación perjudica a todos los sindicalistas y a todos los trabajadores.

Entradas y salidas

El ex presidente del banco Goldman Sachs, John Whitehead, de 86 años y retirado en 1984, sostiene que la caída económica puede ser más profunda que la de la Gran Depresión. Whitehead señaló el riesgo de dos tendencias opuestas: la gran demanda de reducciones impositivas y la larga lista de grandes planes de gasto gubernamental en seguridad social, seguro de salud, reconstrucción de infraestructura y energía limpia. Esta combinación producirá un gran déficit, que debilitará el crédito de los Estados Unidos, agregó. En su modesta escala, la Argentina enfrenta contradicciones similares. En algunos casos en forma caricaturesca, como cuando el aliado de la Sociedad Rural Eduardo Buzzi, triunfante en su batalla para que el Estado no pueda incrementar sus ingresos por medio de retenciones a las exportaciones agropecuarias, pide planes sociales para combatir la pobreza. En otro nivel, mientras el Poder Ejecutivo trata de convencer al Congreso y a los observadores internacionales de que el proyecto de ley de repatriación de capitales no favorecerá el lavado de dinero, como claman una prensa y una oposición entusiastas del Apocalipsis, el Banco Central considera un proyecto para que las casas de cambio no tengan inconveniente en seguir contribuyendo a la fuga de capitales. El gobierno nacional no quiso hacer estimaciones públicas de la recaudación esperada por el indulto impositivo, que sin duda no contribuirá a la cultura tributaria ni la ciudadanía fiscal, pero calcula que oscilará entre bienvenidos 4000 a 5000 millones de dólares. Es decir, algo más de los 13.200 millones de pesos en estímulos al consumo, para mantener el nivel de actividad y el empleo, anunciados por CFK antes de emprender su nueva gira de apertura de mercados, esta vez a la Federación Rusa, donde nadie se escandaliza porque la jefatura política y la presidencia no coincidan en la misma persona. Después de setiembre de 2001 y por presión de Estados Unidos se fueron cerrando las cuentas corresponsales que las sospechadas casas de cambio argentinas tenían en bancos de Estados Unidos. Se refugiaron entonces en la sucursal Nueva York del Banco Nación, que también debió cerrarlas, para evitarse graves problemas con el Banco Central estadounidense. Algunas casas de cambio compraron bancos autorizados a funcionar pero en desuso, para continuar con esa operatoria, pese a que la ley prohíbe que un cambista opere en comercio exterior o sea banquero. Pero como esta puerta no puede permanecer mucho tiempo abierta, la nueva propuesta de la Cámara de Piratas y Tiburones de Cambios consiste en usar las cuentas corresponsales en Estados Unidos de los bancos locales. En lo que va del año salieron del país 20.000 millones de dólares. La Comisión de Valores consiguió obturar una de las vías abiertas para la hemorragia, la llamada operación “contado con liqui”, consistente en comprar títulos públicos en pesos en la Argentina y venderlos en dólares en Nueva York. Pero ese método explica unos 6.000 millones de dólares anuales de fuga. ¿Y el resto?

Un caso muy oscuro

El gobierno nacional podría rescindir la concesión a la distribuidora de Energía de La Plata, EDELAP, por las gravísimas maniobras de defraudación y vaciamiento descubiertas por una auditoría del Ente Regulador de la Electricidad, ENRE. El ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, comunicó la situación a la presidente CFK, quien le indicó que diera aviso al embajador estadounidense, dado que la controlante de EDELAP es la empresa de ese país AES. También se formularon denuncias penales por delitos de defraudación a la administración pública e infracciones a la ley penal tributaria. Contra lo que alegan voceros de la empresa, la auditoría no fue una respuesta a los cortes de luz de la tórrida semana pasada, que culminó en un temporal. Los auditores habían comenzado a trabajar en abril y firmaron sus conclusiones el 24 de noviembre, antes de que la ola de calor y el consumo excepcional produjeran interrupciones del servicio para algunos usuarios.

Privatizada en 1992 por el gobierno de Carlos Menem y Domingo Cavallo, la distribuidora eléctrica de La Plata (ex SEGBA) fue adjudicada por 95 años a una asociación entre dos transnacionales, la italiana Techint y la estadounidense Houston Industries Energy. Cuando se apagaba la última presidencia de Menem, Techint y Houston realizaron sus extraordinarias ganancias y vendieron sus partes a AES. El 10 por ciento del paquete sigue en manos del Programa de Propiedad Participada. AES es uno de los mayores grupos energéticos del mundo, que opera generadoras y distribuidoras de electricidad en 25 países de los cinco continentes. En la Argentina, donde no se han adoptado medidas eficaces para dificultar la integración de segmentos del mercado en las mismas manos privadas, AES controla las generadoras hidroeléctricas Alicurá, Cabra Corral, El Tunal, Quebrada de Ullum y Ullum; las termoeléctricas AES Paraná, Central Dique, Central Sarmiento, San Nicolás y las distribuidoras EDELAP y EDES. Sus plantas de generación representan el 10 por ciento de la potencia total instalada en la Argentina. El holding AES Corp. controla el 90 por ciento del paquete de EDELAP a través de varias empresas.

El primer control a EDELAP, en marzo, se limitó a su facturación y detectó que se había apropiado en forma ilegal de 18 millones de pesos, al mantener a los usuarios un cargo por atrasos en la adecuación tarifaria cuando ya había cubierto lo adeudado. EDELAP debió devolver esa suma a los usuarios, con multa. El 1 de abril, a raíz de esos descubrimientos el directorio del ENRE creó un Area de Auditoría Económico Financiera. La compleja revisión de balances, estados de resultados y de flujo efectivo de fondos, convenios colectivos de trabajo y contratos de reestructuración financiera entre el 30 de junio de 2007 y de 2008, con proyección de flujo de fondos hasta junio de 2009, no puede realizarse en días. En lo que va del año el ENRE ha aplicado multas por 32,4 millones de pesos a las distribuidoras EDELAP, EDENOR y EDESUR. Las mayores fueron para estas últimas, pero si se ponderan por la cantidad de usuarios, EDELAP encabeza el ranking: debió pagar 25,8 pesos de multa por cada usuario. Según el ENRE las sanciones aplicadas en lo que va del año superan en un 17 por ciento las del mismo periodo de 2007 y un 70 por ciento las de 2006. (Ver recuadro).

A pérdida

La auditoría económico-financiera que comenzó en abril detectó serios problemas de solvencia. Los resultados brutos de EDELAP pasaron de una rentabilidad del 11,5 por ciento sobre ventas en el balance hasta junio de 2007, a un quebranto del 15,9 por ciento sobre ventas a junio de 2008, con un capital de trabajo negativo de 90 millones de pesos. El resultado operativo arrojó pérdidas del 31 por ciento y el neto pérdidas del 40 por ciento sobre ventas, como consecuencia de una fuerte expansión de los costos administrativos y comerciales y, sobre todo, de la carga financiera por deudas. EDELAP debía 38 millones de pesos al Banco Boston y 38,8 millones al Banco Galicia. Esas deudas fueron compradas a esos bancos por otras empresas del mismo grupo: AES Platense Investment Uruguay pagó 21,6 millones de pesos por la deuda con el Boston y AES Argentina Holding Uruguay 31 millones al Galicia. Esta renegociación implicó quitas por 16,4 y por 7,7 millones de pesos respectivamente. Pero en vez de capitalizar EDELAP con esos 24,1 millones de pesos, sus empresas controlantes le siguen cobrando intereses sobre el total de la deuda (12,5 millones desde agosto de 2006 hasta junio de 2008), lo que debilita aún más su estructura económica e implica una distribución encubierta de dividendos, vedada por el Acta Acuerdo con el Poder Ejecutivo que le permitió incrementar las tarifas. En el periodo 2001-2008 la empresa declaró pérdidas acumuladas por 44,4 millones de pesos y para setiembre de 2009 proyecta un déficit financiero de 63 millones. Según los auditores ese quebranto se explica por la reestructuración financiera que transfirió la rentabilidad a las empresas controlantes por 36,5 millones. A esto se suman los 18,8 millones de pesos que EDELAP pagó por “honorarios de gerenciamiento” a otra empresa controlada del mismo grupo AES, Luz de La Plata SA., que a su vez posee el 31,9 por ciento del capital accionario de EDELAP. La denuncia penal presentada por el directorio del ENRE que preside el radical de la Concertación Mario De Casas señala que EDELAP debe 43,8 millones de pesos a AES Platense Investment Uruguay y 39,6 millones a AES Argentina Holding Uruguay, las que internalizaron los beneficios de esas operaciones, lo cual constituye “un vaciamiento de la empresa”. Esta “injustificada transferencia de recursos de EDELAP a empresas vinculadas de AES podría encubrir una defraudación a los derechos de los accionistas minoritarios y otros acreedores de la concesionaria” y, dada la grave situación patrimonial de EDELAP y sus resultados en la prestación del servicio, podrían perjudicar no sólo a la Administración Nacional que se lo concedió sino también a los usuarios. Además constituirían una evasión de tributos en perjuicio del erario público. Estos descubrimientos y la denuncia penal correspondiente deberían marcar el inicio de un sistema distinto de regulación. Durante los años del neoliberalismo la llamada regulación activa o por resultados se limitaba a aplicar multas, que no inducían inversiones ni resarcían el daño a los usuarios. Una regulación preventiva y de intervención directa en servicios esenciales debería ser parte de una nueva etapa en la reconstrucción del Estado iniciada en 2003.