Ni la doctora Carmen Argibay ni sus colegas de la Corte Suprema de Justicia han formulado denuncia alguna por la tremenda acusación con que la jueza justificó el fallo unánime que declaró constitucional el decreto de la dictadura que permite mantener a centenares de niños de cualquier edad privados de su libertad, sin proceso ni defensa, hayan cometido un delito o hayan sido víctimas de él. La fundadora de la asociación de mujeres juezas dijo que esos chicos estaban marcados y que si la Corte los dejaba en libertad iban a ser asesinados por el gatillo fácil policial. Mejor es que sigan en el instituto San Martín o en el Roca, vivos y al cuidado de la hija de detenidos-desaparecidos que dirigió uno y ahora dirige el otro. La tradición argentina de ilegalidad consentida con sensibilidad y buenas intenciones llega así a extremos impensados. La Cámara de Casación había declarado inconstitucional ese decreto, dispuesto la libertad gradual de los chicos privados en forma ilegal de su libertad y otorgado plazo de un año al Congreso para sancionar un régimen ajustado a la Constitución y las Convenciones Internacionales. La Corte Suprema eliminó ese plazo, lo cual invita al Poder Legislativo a moverse con igual pragmatismo antijurídico que sus señorías. Otro miembro de la Corte, Raúl Zaffaroni, explicó con su habitual brillo académico en un reportaje para el Centro de Información del tribunal que “el régimen penal de niños y adolescentes que tenemos es inconstitucional”, es decir lo contrario a lo que firmó el día anterior. Como sospechaban quienes lo veían entrar y salir tan rápido de Tribunales, terminó por chocar consigo mismo. Lo único que falta es que en el fallo sobre tenencia de estupefacientes para consumo personal cuya inminencia anunció Argibay, en lugar de la pena se establezca la internación médica compulsiva, por tiempo indeterminado, para proteger a esas pobres personas. ¿La sociedad es esquizofrénica?