Dicen los expertos que los países reaccionan después de que les pasó algo grave. Hace más de dos años desapareció Jorge Julio López y, más allá del impacto, los demás testigos siguieron acudiendo a declarar en los procesos por delitos de lesa humanidad. Pero los programas estatales para protegerlos empezaron a mostrar limitaciones. Con la intención de mejorarlos, la diputada Victoria Donda (Encuentro Popular y Social) y Marcelo Saín, ex director del programa Verdad y Justicia, presentaron un proyecto de ley para crear el Programa Nacional de Protección de Personas en Situación de Peligro en Procesos Penales, que además de los casos referidos al terrorismo de Estado abarca los de trata de personas y otros delitos vinculados con la criminalidad organizada. La propuesta cuenta con el apoyo del CELS, las Abuelas de Plaza de Mayo y el Serpaj.

“Vamos a hacer lo posible para que sea sancionado, pero la única forma de lograrlo será con mucha presión de los sectores que nos nucleamos en torno de estos temas”, dijo Donda a este diario, anticipando un difícil escenario parlamentario. Tras la renuncia de Saín al programa Verdad y Justicia, Donda se pregunta si habrá voluntad política para que la iniciativa se transforme en ley. Con la firma de los diputados Juan Carlos Dante Gullo, Marcela Rodríguez, Ariel Basteiro, Emilio García Méndez, Hugo Perié, Remo Carlotto, Viviana Damilano Grivarello, Jerónimo Vargas Aignasse y Cecilia Merchan, el proyecto propone derogar la ley 25.764, que había creado en 2004 el programa de protección a testigos e imputados, al calor de una supuesta ola de secuestros extorsivos.

A diferencia de ese plan, este proyecto incorpora la posibilidad de dar protección a fiscales, abogados u otros actores de los procesos penales, y, a su vez, la extiende a los miembros de la familia o cualquier persona cuya integridad física esté en riesgo por su relación con la persona protegida.

La otra innovación consiste en la creación de una Unidad Especial de Protección que, si bien estará integrada por policías, éstos responderán a un superintendente que dependerá del director del programa. Los asesores de Donda explican que apuntan a un cuerpo con “policías nuevos y especializados”, aunque reconocen que los primeros miembros serán uniformados en actividad, seleccionados con criterios estrictos. De todos modos, saben que las víctimas de la dictadura mantienen firmes reservas respecto de cualquier fuerza uniformada. El programa se regirá por los principios de consentimiento de la persona a proteger, temporalidad de la protección y celeridad para evitar trabas burocráticas.

En principio, el proyecto fue resistido por todos los organismos de derechos humanos, que pretendían una ley específica para los casos de delitos de lesa humanidad. Pero con esta nueva redacción consiguió el apoyo de diversas entidades. La matriz del proyecto tiene amplia relación con la Ley Modelo de Protección de Testigos de Naciones Unidas. “El proyecto apunta a realizar un aporte a la resolución de una problemática tristemente conocida: las amenazas, secuestros y todo tipo de conductas intimidatorias contra testigos, querellantes y demás actores involucrados en causas penales donde se investigan delitos complejos, los cuales han evidenciado el máximo poder persecutorio escondido tras las sombras con la desaparición de un testigo en el caso en el que se condenó a Miguel Etchecolatz”, señalan los fundamentos del proyecto, donde se destaca que el secuestro de López puso de manifiesto “crudamente cuál es la responsabilidad del Estado en proteger a los ciudadanos comprometidos con la búsqueda de justicia”.