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La negociación entre el Ejecutivo nacional y las entidades agropecuarias dominó la frondosa agenda de esta semana y va por más. La reunión del martes no fue un fiasco, lo que, comparativamente, es un logro. Claro que, al mismo tiempo, esbozó los límites y los objetivos de los antagonistas.

El Gobierno anunció medidas que los dirigentes campestres reconocieron como útiles pero insuficientes. La calificación fue avara para las acciones para el sector lechero, que incorporaban demandas precisas de tamberos y de la Mesa de Enlace, incluyendo un subsidio directo de 10 centavos por litro para los productores más pequeños.

El paquete general implicó un erogación de 1300 millones de pesos, monto estimable en un contexto mundial y nacional restrictivo. Quedaba feo menoscabarlo, los ruralistas lo evitaron. Pero no se apartaron de su táctica: aprovechar las medidas producidas por el Gobierno, traducirlas ante sus bases como “arrancadas” al enemigo y decretar públicamente su insuficiencia o falsedad. Todo a la espera de su hora más gloriosa, sita en las elecciones de octubre.

Los márgenes de las tratativas, muy signadas por broncas añejas y reacciones viscerales son pues escuetos pero no nulos. Se restringen a un conjunto de acciones necesarias que el Gobierno podría implementar para atemperar las consecuencias sectoriales del colapso capitalista universal y de la sequía nativa. Y encuentran, hasta acá, un límite férreo en la abolición de las retenciones de la soja, exigidas como bandera por las corporaciones, acompañada por un abanico opositor entusiasta y seguidista. Queda, pues, un desfiladero por recorrer, con avances eventuales y con la sellada imposibilidad de un consenso amplio o de recuperación de las confianzas. Mantener en funciones a la famosa mesa es, aun con tamañas complicaciones, una necesidad económica y política, supeditada a la voluntad de las contrapartes, que no han lucido por su responsabilidad sistémica.

Como era previsible, y anticipó este diario, las declaraciones periodísticas ulteriores fueron minando las pasables adquisiciones del martes. Todos montan veloces en cólera viendo al otro por tevé, no es simple deslindar cuánto de eso es intemperancia poco racional y cuánto pose.

La “audiencia pública” en el Senado (en puridad, una conferencia de prensa que habilitó entradas sólo para la hinchada local) sinceró las ambiciones de los ruralistas. Excitados por el clima tribunero y apretados por autoconvocados ululantes, los expositores sobreactuaron su cólera. Hugo Biolcati, sospechado desde que se revelaron (sin lógica visible) sus conversaciones con Julio De Vido, se convirtió en una suerte de Pasionaria terrateniente de voz aguardentosa. Felipe Solá dijo que le daban ganas de cortarse las manos por haber creado la Oncaa. El cronista, garantista él, se opone a las amputaciones como pena, aun a las autoinfligidas. Pero, a título de ironía amigable, se permite acotar que si Solá se mutilara por barbaridades que cometió en el pasado, debería tener en cuenta otras, de su largo periplo menemista: los cierres de la Junta Nacional de Carnes y de Granos, la entrega del patrimonio nacional, la política de derechos humanos que intentó acabar con la búsqueda de verdad y justicia para decenas de miles de desaparecidos... Si el ex gobernador pusiera en práctica su propio Código Penal, emularía a Johnny, el célebre personaje del escritor norteamericano Dalton Trumbo que iba perdiendo todas las partes de su cuerpo.

Volviendo, ejem, al grano: la escenografía opositora sinceró el núcleo de varias campañas electorales, sobredeterminadas por la adhesión a un estamento social casi único. Comprometidos full time con el agro, esos dirigentes no consideran interesante dedicar una mirada, mucho menos una visita o una acción conjunta, a los docentes o los trabajadores industriales que también atraviesan vicisitudes severas, usualmente sin disponer del soporte patrimonial de los patrones agropecuarios.

El martes, al ocaso, había un ítem sensato para encabezar el cónclave de pasado mañana: el sector ganadero. Los productores claman por una reapertura de las exportaciones, muy frenadas desde hace demasiado tiempo. La Secretaría de Agricultura estudia la posibilidad de habilitar un cupo, lo que empalmaría su necesidad de recaudar divisas con la de los ganaderos. Existía ahí una brecha de oportunidad para un acuerdo parcial. La “audiencia” exigió poner en punta la supresión de las retenciones, lo que equivale a acelerar el fin de las tratativas. Fue cantar falta envido, en las primeras bazas.

El Gobierno replicó con el proyecto de crear un ente estatal con facultades para intervenir en el capcioso mercado de materias primas agropecuarias, fijar precios sostén y poder garantizar precios razonables para “la mesa de los argentinos”. En este punto, no se sabe si es una nueva carta de negociación o una decisión tomada.

Esa es una duda que deja el ambicioso proyecto kirchnerista. La otra es su oportunidad política y sus posibilidades de éxito.

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Las juntas nacionales, reacción proteccionista de la economía argentina ante la crisis del ’30, fueron (ya se dijo) desbaratadas durante la administración menemista. En su interesante libro La rebelión del campo, los especialistas Osvaldo Barsky y Mabel Dávila califican este período como “de barbarie antiestatal” y comentan que la política de tierra arrasada destruyó, simbólicamente, una valiosa biblioteca de la Junta Nacional de Granos (JNG). Recuerdan que el INTA se salvó raspando de un intento de privatización de funciones comandado por la Sociedad Rural Argentina, que ahora funge de componente de un asombroso campo popular.

El desbaratamiento de la presencia estatal castigó al agro, sometiéndolo a trances muy duros, generosamente amnistiados por la entente antikirchnerista.

La Federación Agraria Argentina (FAA), en otra era de su historia, presentó proyectos legislativos para su reinstauración. Y el ya citado Solá, en una entrevista publicada el 4 de mayo de 2008 en Página/12, borró con la palabra pilares de su gestión, diciendo: “Hay que salir de este laberinto por arriba. Lo que yo propongo es un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, que en un sentido se asemeja a lo que fue la muy respetada y querida Junta Nacional de Granos”. Respetada, querida... pero difunta.

Por esas vueltas de la vida, el preproyecto oficial detallado ayer y hoy en este medio, inspirado en una iniciativa del diputado Alberto Cantero (FPV), se basa en conceptos similares. También recoge aportes de un proyecto de Eduardo Macaluse, del SI.

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La propuesta conjuga con la tendencia estatista e intervencionista que cunde en el mundo. Y se emparienta con instituciones, mucho más ambiciosas, existentes en Canadá, Australia o el más cercano Brasil. Su racionalidad conjuga con el tono de época y la supuesta intromisión estatal en la Arcadia de los mercados es una bicoca comparada con la estatización del paquete accionario del Citigroup.

En términos valorativos, la medida es correcta. Pero como de política pública hablamos, sólo lo será del todo si es oportuna y eficaz. El fantasma del conflicto por las retenciones móviles es también un factor a tomar en cuenta. Una medida progresiva, mal implementada políticamente y obcecadamente defendida sin reparar en el clima de opinión pública, funcionó como boomerang. Debilitó al Gobierno, catalizó una regresión conservadora inimaginable dos años ha. Y charramente, fracasó.

La otra medida más importante del gobierno de Cristina Kirchner, la estatización de las AFJP, se manejó de distinto modo y bien distintos fueron los resultados. Se construyó una mayoría trascendiendo a la coalición oficialista, se aseguró una amplia victoria parlamentaria, se aisló a los adversarios. El sistema jubilatorio se modificó de modo virtuoso. Los recursos ingresados a la Anses fortalecieron la posición fiscal, aventaron fantasías de catástrofe financiera, frenaron la salida de capitales y la disparada del dólar.

Podría hablarse de dos modelos de construcción política, polares. Es una obviedad que la nueva escena tiene todo el sedimento del conflicto previo con “el campo”. Por eso, el Gobierno debe sopesar las correlaciones de fuerzas y los costos que podría significar un enfrentamiento para la situación política y económica.

Algunas señales alientan al pesimismo. Las primeras movidas se tomaron en un círculo muy estrecho del gabinete, siendo desconocidas aun por ministros muy implicados en el tema y por sus principales espadas legislativas. La cerrazón en un grupo estrecho fue una de las claves del fracaso en 2008.

Empezar por el Congreso, al que la otra vez se llegó tras un trámite traumático, puede reflejar un aprendizaje. En el Gobierno se especula que las características de la movida podrían sumar a partidos opositores como el SI, Proyecto Sur (en Diputados) y el ARI de Tierra de Fuego (en el Senado). Pero ese cómputo es prematuro, será difícil anular diferencias y suspicacias, máxime en un año electoral. Y habría que ponderar que gobernadores alineados con el kirchnerismo, muy aplicados a un año de “paz y administración” para revalidarse en octubre, podrían ser reacios a otra escalada.

Los vientos de fronda podrían también desbaratar el armado del Consejo Económico y Social como pasó con el Acuerdo del Bicentenario antaño.

La calidad de esas evaluaciones se irá midiendo con el tiempo. También se irá develando si no se trata de una baraja de máxima, para contraponer a los desafíos opositores. Quizá la Presidenta aclare ese enigma esta misma mañana. Si el lector no se levanta muy temprano, acaso podrá saberlo antes de leer esta nota. Quizá no sea así y haya que esperar al encuentro del martes, al que los contertulios irán con el facón entre los dientes.

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