El Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) es un apéndice del Ministerio Público Fiscal porteño que nació para escrutar el espacio público, ese lugar inconmensurable que Mauricio Macri pretende maquillar para darle certeza a su eslogan de campaña electoral: Va a estar bueno Buenos Aires. Este organismo que votó la Legislatura el 18 de diciembre de 2008 y que conduce el abogado Ramiro Monner Sans, un ex integrante del Consejo de la Magistratura de la ciudad, cumple funciones de policía judicial, accionando contra puestos ambulantes, talleres clandestinos, hoteles donde la gente se hacina en malas condiciones de salubridad y hasta cuidacoches. Es también el producto de otras estructuras fusionadas –la Oficina de Investigaciones Judiciales (OIJ) y la Oficina de Coordinación Operativa (OCO)– y tiende a coordinar operativos donde, entre otros, ha actuado la cuestionada UCEP (Unidad de Control del Espacio Público), una patota que expulsa a indigentes de parques y plazas.

Sin sede definitiva (por ahora sus oficinas quedan en Berutti 3345, de Barrio Norte) y con unos veinte empleados, entre abogados, estudiantes de derecho y ex integrantes de la antigua Justicia de Faltas, el CIJ está destinado a ser un engranaje clave en la agresiva política de control del espacio público que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad. Así como labra actas (levantó casi ochenta contra vendedores ambulantes y cuidacoches durante el partido que jugaron Argentina y Venezuela en la cancha de River el sábado pasado), también filma, saca fotografías y les aporta todo tipo de elementos a los fiscales porteños. Está previsto que funcione en una sede de la calle Tuyú, en el barrio de Liniers, antes de fin de año. Un barrio que el propio Monner Sans definió como “no funcional” para la integración con otros organismos judiciales que tienen sus oficinas en lugares más céntricos.

En efecto, el Ministerio Público Fiscal está en Combate de los Pozos 155, en Congreso, en donde a menudo son derivados los contraventores que son aprehendidos en la vía pública. La diferencia dialéctica con la palabra detenidos no es menor, ya que el director del CIJ usa la primera calificación para definir en qué condición se demora a las personas que se ganan la vida en la calle de manera irregular. La fusión de los organismos preexistentes en el CIJ se le atribuye a Luis Cevasco, el fiscal general adjunto de la ciudad, un funcionario proclive a la mano dura que en una causa reciente donde se condenó a trabajadores del INTI por cortar la avenida General Paz pretendía que esa conducta se tipificara como un delito.

El debut del Cuerpo de Investigaciones Judiciales fue el 23 de febrero, cuando intervino en el operativo que clausuró instalaciones de la compañía de transporte Flecha Bus ubicadas en la zona de Retiro. Por ahora, ése fue el único hecho que derivó en una protesta con corte de calle (de los empleados de la empresa) y el último sucedió el sábado 28 de marzo en las inmediaciones del Monumental de Núñez, inducido, entre otras razones, por las quejas de los vecinos del barrio River contra cuidacoches y vendedores ambulantes a los que consideraron merodeadores.

La OIJ, que cumplía tareas semejantes al CIJ, fue denunciada en varias oportunidades por realizar “operativos clandestinos” como tomar fotografías durante varios días de la esquina donde funciona la Asamblea de San Telmo. Así los definió Rubén Saboulard, su presidente, quien agregó: “Pensábamos que era la policía haciendo tareas de inteligencia”.

Una nota enviada por Cevasco –quien tenía a su cargo la OIJ– al fiscal Norberto Brotto detalla en un expediente: “Tengo el agrado de dirigirme a usted en carácter de fiscal general adjunto de la Oficina de Investigaciones Judiciales a fin de remitirle el informe en original de las tareas de investigación, solicitadas por usted vía telefónica, realizadas por personal de esta dependencia el día 3 del corriente mes y año (junio de 2008), en la intersección de las calles México y Chacabuco, en el ámbito territorial de la Comisaría 2ª de la Policía Federal”.

“No habría quién se los pueda impedir, aunque son actividades de índole policial. Debería observarse si no se violan garantías constitucionales”, comentó Daniel Pablovsky, fiscal en lo Correccional de la Nación. Consultada otra fuente judicial, el jefe de Seguridad Urbana de la Defensoría del Pueblo, Ricardo Dios, afirmó que de considerarse damnificadas, las personas filmadas o a las que se les tomaron fotografías por espacio de varios días podrían presentar un amparo por violación del derecho a la intimidad en el Foro Contencioso de la ciudad. “Si la filmación no está justificada en el marco de una investigación criminal o contravencional, estarían en condiciones de hacerlo”, interpretó.