A como dé lugar, el macrismo seguirá adelante con la candidatura de Daniela Bruna Ugolini para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Pese a los tres fallos que suspendieron el procedimiento, en el círculo íntimo del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, evaluaban eludir las órdenes de la Justicia por una de dos vías: o bien plantear un “conflicto de poderes” y saltearse las Cámaras de Apelación para pedir una resolución directamente del TSJ (una suerte de per saltum macrista), o seguir sin más con el trámite legislativo. Tanto organismos de derechos humanos como opositores porteños darán conferencias de prensa mañana para rechazar tanto esta avanzada, como el proyecto PRO para que el gobierno porteño pueda recusar jueces sin fundamento y limitar los amparos.

Ugolini fue propuesta por Macri para el TSJ, pesa a la resistencia que generaba en el Poder Judicial. Como fiscal de Cámara, ella firmó una cantidad innumerable de dictámenes a favor del Ejecutivo porteño. Fue impugnada por el CELS, ACIJ y otras ONG por los pronunciamientos contra derechos a la vivienda, la salud, la educación y el trabajo. Buena parte de la oposición porteña también rechazó su designación, que fue apoyada por el ex ministro de Justicia de Carlos Menem Rodolfo Barra, el ex juez de la Corte Suprema menemista Adolfo Vázquez, el ex presidente Fernando de la Rúa y el ex asesor de Jorge Rafael Videla Virgilio Loiácono.

El viernes, tres jueces ordenaron por separado suspender el proceso: dos porque los demandantes señalaron que la gestión PRO no entregó suficiente información sobre el patrimonio y las actividades comerciales de Ugolini, el tercero por un planteo de los legisladores electos de Proyecto Sur, quienes sostuvieron que el pliego debía presentarse recién cuando quede vacante el cargo (el juez Julio Maier deja su estrado el 1° de octubre). Con esos plazos, Macri debería presentarlo ante la nueva Legislatura, donde las posibilidades de reunir los 40 votos serían más arduas.

Ante los tres fallos en contra, en el gobierno porteño piensan en seguir adelante con la candidatura y ya preparan una contraofensiva con un paquete de leyes para limitar el accionar de la Justicia porteña. Según pudo saber Página/12, el procurador porteño Pablo Tonelli y el presidente de PRO, José Torello, evaluaban si plantear un conflicto de poderes y llevar la discusión directamente al TSJ o bien argumentar que lo que se suspendió fue la parte del trámite que correspondía al Ejecutivo y seguir sin más en la Legislatura, a donde ya llegó el pliego. El mismo viernes, el diputado macrista Martín Borrelli planteó que sería posible seguir en la Legislatura y también dijo que podría haber un conflicto de poderes.

El recurso extraordinario al TSJ sería, hasta ahora, la opción que cuenta con mayor consenso en la mesa chica del PRO. Se trata de una suerte de per saltum, el recurso que hizo famoso la Corte Suprema menemista con la privatización de Aerolíneas Argentinas. Una alta fuente del Poder Judicial porteño indicó a este diario que tiene pocas chances de prosperar: si bien Ugolini cuenta con algunas simpatías en el Tribunal, parecería difícil que admitan que se saltee la jurisdicción de las dos salas de la Cámara en lo contencioso-administrativo. Hasta donde podían recordar, no hay antecedentes de que se haya usado ese recurso en la ciudad por un conflicto de poderes entre la Justicia y el Ejecutivo.

El cepo

Tanto dirigentes de la oposición como organismos de derechos humanos harán conferencias de prensa mañana para rechazar la designación de Ugolini y las reformas judiciales que propone el macrismo: uno de los proyectos fija la posibilidad de que el gobierno porteño recuse sin causa una vez por cada expediente a un juez. Borrelli admitió ante este diario que podría ser usado, por ejemplo, para recusar en todas sus causas al juez Roberto Andrés Gallardo. El otro establece que los que planteen un amparo deberán responder con su patrimonio. “Tendremos que plantear un rechazo no sólo a la designación de Ugolini, sino a la política judicial in totum, que tiene un formato claramente autoritario. No voy a cometer la temeridad de decir que es fascista”, sostuvo el legislador de la CTA Martín Hourest. “Al intentar recusar a los jueces contenciosos, tratar de licuarlos con una ampliación de los juzgados, fijar contracautelas, están avanzando en un camino de conflicto similar al de Fino Palacios”, advirtió.

“Lo que plantea el macrismo es que los legisladores nos convirtamos en la jueza Parrilli. No. Estamos sometidos a las reglas. Hay que cumplir la sentencia judicial”, opinó el legislador de Identidad Porteña Diego Kravetz. “Pero no es sólo un problema de procedimiento. Ugolini no es una persona idónea. Como no tienen los votos, si siguen avanzando, será un mensaje político fuerte que la oposición que le digamos a Macri que no aceptamos a una persona obsecuente en el TSJ”, sostuvo.

“Hay que respetar los fallos. Si Macri no respeta los fallos, y a eso se le suma la andanada de la reforma de recusación y contracautela, se le va a hacer difícil gobernar, con el conflicto de poderes que va a implicar”, estimó el legislador Gonzalo Ruanova. “Si hay una nueva respuesta alocada del macrismo, el Tribunal Superior le va a poner límites”, estimó. “A partir de la sanción de los fallos, el Poder Ejecutivo debería revisar la forma en la que envió el pliego. El mensaje de los tres fallos también implica un llamado de atención de importantes sectores sociales sobre que es necesario un mayor consenso”, advirtió.

En tanto, mañana le pedirán a Macri que retire el pliego de Ugolini el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro por el Derecho a la Vivienda contra Desalojos (Cohre), la Asociación Abogados de Buenos Aires (AABA), la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Comité de América latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer (Cladem-Argentina), entre otros. Todos plantearon que seguir adelante y nombrar a Ugolini “significaría un fuerte retroceso en materia de derechos sociales”.