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La condena al arzobispo Edgardo Storni representa, desde el punto de vista institucional, un paso muy importante para la Justicia y la vida de la sociedad argentina. Ya lo fue, en alguna medida y a pesar de que no se encuentra todavía firme, el fallo que condenó al sacerdote Julio César Grassi. Pero este de la jueza María Amalia Mascheroni adquiere una dimensión mayor por tratarse de un obispo, es decir, de una autoridad jerárquica de una Iglesia Católica que también ha utilizado el poder en la Argentina para lavar sus culpas y diluir sus responsabilidades. Para ello contó, durante mucho tiempo, con la complicidad del poder político y de las instituciones del Estado. La sentencia contra Storni es un paso más para dejar en claro que esta etapa está quedando en el pasado, aunque falten todavía muchas muestras más de autonomía. No se trata, ni más ni menos, que de la aplicación de un principio elemental del derecho: todos somos iguales ante la ley. También los curas y los obispos. No siempre fue así. Tal igualdad, que es sana para las instituciones y para toda la sociedad, lo es, sin duda y en primer lugar, para la misma institución católica.

Desde otro punto de vista queda claro que Storni no es sino un emergente de un problema que atraviesa a la Iglesia Católica de todo el mundo, de Norte a Sur y de Este a Oeste. Las denuncias sobre delitos por abusos sexuales cometidos por los ministros se multiplican en todos los lugares. En algunos casos la Iglesia ha decidido afrontar las demandas entregando cuantiosas indemnizaciones a las víctimas. En otros todavía funcionan los mecanismos de ocultamiento y de negación. El propio Benedicto XVI asumió las culpas de varios ministros acusados de delitos sexuales y pidió perdón por ello. Tales pedidos de perdón tienen que ser aceptados, en términos individuales, por las víctimas. Y en términos político-culturales por el conjunto de los interlocutores de la sociedad. No es el caso de Storni, que, a pesar de las evidencias y de la misma manera que lo sigue haciendo Julio César Grassi, niega las acusaciones. Pero más allá de todo ello en la Iglesia Católica no existe una verdadera revisión que lleve a preguntarse en términos de su propia organización y de su cultura institucional por qué sus ministros recaen en este tipo de delitos vinculados con los abusos sexuales.

Está claro que quienes así se comportan son los menos, son una minoría. Pero la reiteración y el aumento del número conocido de tales hechos hacen pensar que existen en el propio funcionamiento institucional, en los procesos de formación, en los modos de vida de los sacerdotes, condiciones que al menos favorecen la comisión de estos delitos. La Iglesia jerárquica, sin embargo, se niega a considerar esta realidad de manera seria y profunda, a revisar la cultura y las modalidades institucionales. Y el mecanismo al que más se recurre es el de admitir “el pecado” de los “hijos de la Iglesia”, sin reconocer responsabilidades institucionales. Es la misma lógica con la que se actuó cuando fue ineludible asumir la complicidad de parte de la jerarquía en las violaciones a los derechos humanos.

A lo anterior se agrega la protección institucional, directa o encubierta. Storni fue obligado a renunciar, pero si recibió alguna sanción ésta no se conoció públicamente. Lo mismo sucede con Grassi. E idéntica actitud asumió la jerarquía eclesiástica con el cura Christian von Wernich, sentenciado por delitos de lesa humanidad. Los obispos suelen quejarse cuando aparecen críticas en este sentido y en muchos casos leen cualquier observación o comentario como parte de campañas orquestadas contra la Iglesia o ataques contra la jerarquía. Esto aun cuando tales críticas provengan de hombres o mujeres de las propias filas eclesiales. Se les hace difícil entender que, tal como ellos mismos lo reclaman, son parte visible de la sociedad y actores importantes de la misma. Y eso, porque estamos en democracia, los iguala en todos los sentidos. También cuando tienen que hacerse responsables institucionalmente de la conducta de sus miembros más destacados.