El veto del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, a tres leyes aprobadas en defensa de los derechos humanos y una más que promovía los Foros de Seguridad Pública (Fosep), para participar en el diseño del Plan de Seguridad y evaluar el desempeño de la Policía Metropolitana, provocó una serie de críticas de diferentes legisladores de la oposición. En sentido contrario, el subsecretario de Derechos Humanos de la ciudad, Edgardo Berón, salió al cruce de los cuestionamientos y definió a la política del Ejecutivo en la materia como “transparente”, basándose en que el área a su cargo “mantiene una excelente relación” con los organismos.

Una de las leyes en defensa de los derechos humanos que Macri vetó es la de creación del Comité de Prevención de la Tortura. Las otras dos, votadas por los macristas en la Legislatura, son la del Registro de ex Presos Políticos y la que concedía un subsidio para la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

El diputado porteño de Igualdad Social, Martín Hourest, aportó datos clave para contextualizar los vetos. Informó que impugnó 31 leyes, de las cuales un 81 por ciento pertenecían a propuestas legislativas que son opositoras, pero con la aclaración de que en el 87 por ciento de esos casos, el bloque del PRO las había acompañado con su voto. “La utilización indiscriminada de la facultad de veto funciona como una suerte de intento de disciplinamiento por parte del poder administrador hacia la Legislatura, desconociendo así el carácter plural, participativo y democrático que tiene el Parlamento, con voces distintas a las del oficialismo y con ideas diferentes, que muchas de ellas han sido discutidas y consensuadas con los legisladores oficialistas”, señaló.

Hourest, un aliado de Proyecto Sur, el bloque mayoritario de centroizquierda en la Legislatura, agregó sobre los Fosep: “No hay buena política de seguridad sin participación popular”.

María Elena Naddeo, quien asumió el 10 de diciembre la única banca ganada por Diálogo por Buenos Aires, afirmó: “El reciente veto de cuatro leyes referidas a derechos humanos y que fueran votadas masivamente por la Legislatura porteña vuelve a confirmar la orientación política e ideológica del gobierno de Mauricio Macri y, en particular, una tendencia autoritaria a desconocer el rol del ámbito legislativo”.

La diputada desafió al PRO a que se despoje de lo que señaló como “doble discurso”, ya que “debería decir que no está de acuerdo con destinar recursos a los organismos de derechos humanos, ni a la creación de equipos destinados a prevenir y supervisar los casos de gatillo fácil y otras prácticas aberrantes”. Entre otras cosas, concluyó, porque “Montenegro y Macri tienen temor de que haya más miradas críticas sobre la reciente y ya muy desprestigiada Policía Metropolitana”.

Desde el MST Nueva Izquierda, Marcelo Parrilli también le apuntó a los vetos de Macri: “Mientras se frena la creación del Comité de Prevención de la Tortura y la implementación de los Foros de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Metropolitana, sin control de la Legislatura debido a su falta de funcionamiento y demora en la constitución de la comisión especial destinada a estudiar las incorporaciones de efectivos a esa fuerza policial, se encuentra próxima a salir a las calles”.

Berón, el funcionario que reemplazó a Helio Rebot en la Subsecretaría de Derechos Humanos porteña cuando éste asumió una banca del PRO en la Legislatura, defendió la política del área. En particular, cuestionó que se difundiera la negativa a otorgarle un subsidio a la APDH: “Hay que aclarar y recordar que están garantizados los subsidios para la APDH, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y Teatro por la Identidad, entre otros”. Agregó que “los legisladores están mal informados, tienen mala intención o un prejuicio que los lleva a atacar una política transparente de los derechos humanos”.

El funcionario puntualizó que la ley 3299, que otorgaba un beneficio a la APDH de 72 mil pesos y fue vetada mediante el decreto 16/10, recibió “un veto parcial al artículo que tiene que ver con el plazo de cinco años de renovación del subsidio”. En rigor, no es así. Macri firmó que se dejara sin efecto el artículo 4 de la norma, el mismo que establecía: “La entidad beneficiaria enviará a la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de esta Legislatura la rendición de gastos en forma trimestral realizados con el subsidio concedido en el artículo 1 de la presente”. En efecto, el veto fue parcial, pero no por la razón que esgrime el subsecretario. Cuando el jefe de Gobierno lo firmó el 8 de enero, no lo hizo por una cuestión de plazos y sí para que la APDH rinda el subsidio ante la Auditoría General de la ciudad y no ante una comisión permanente de la Legislatura.