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Durante años se tendió a ver a los desastres como el resultado automático de las fuerzas de la naturaleza. Basándose sobre todo en las investigaciones de las ciencias duras, los estudiosos del tema analizaban las catástrofes como golpes de la naturaleza sobre una sociedad considerada inocente, neutra. La misma idea de “desastre natural”, la manera en que se suele identificar automáticamente un episodio meteorológico –un huracán, por ejemplo– con un desastre, es reveladora de esta concepción, detrás de la cual se encuentra la idea de inevitabilidad del desastre, como si fuera un simple acto de Dios, y la consecuente desresponsabilización de la sociedad.

Desde los ‘70, sin embargo, los estudios sobre el desarrollo derrumbaron este paradigma y pusieron el foco en la relación entre desarrollo (o subdesarrollo) y desastres naturales. Como sostiene el especialista Allan Lavell (Desastres y desarrollo: hacia un entendimiento de las formas de construcción social de un desastre), los desastres no son simples fenómenos meteorológicos sino el producto de procesos sociales que no garantizan una adecuada relación con el ambiente –natural y construido– que le da sustento a la vida en común. Los desastres son problemas no resueltos del desarrollo y la vulnerabilidad frente a ellos, una manifestación de los déficit de ese desarrollo.

Desde esta perspectiva, es lógico que los países subdesarrollados sufran los desastres de manera más intensa. El Informe Mundial de Desarrollo Humano del 2004 –titulado “La reducción de riesgos de desastres. Un desafío para el desarrollo”– incluye un dato esclarecedor: si bien sólo el 11 por ciento de las personas expuestas a peligros naturales vive en países con un bajo índice de desarrollo humano, representan más del 53 por ciento en el total de las muertes registradas.

Los desastres se producen en todos lados, pero impactan sobre todo en los países pobres a través de una serie de mecanismos creadores de vulnerabilidad. Los asentamientos informales en los corazones urbanos expanden entornos habitacionales inestables y precarios, a menudo ubicados en las zonas más peligrosas de las ciudades: barrancos, laderas empinadas, áreas inundables o próximas a plantas industriales o sistemas de transporte nocivos o peligrosos. En las áreas rurales, la deforestación genera deslizamientos, potencia las inundaciones (los árboles no absorben el agua) y degrada los suelos. La falta de mecanismos de alerta temprana impide al Estado anticipar los efectos de un terremoto o un huracán. Y si los mecanismos de anticipación existen, a menudo las dificultades de infraestructura no permiten realizar las acciones preventivas necesarias (por ejemplo evacuaciones masivas) o responder adecuadamente ante las catástrofes. La debilidad de la infraestructura física impide contener los posibles efectos, por ejemplo a través de barreras contra las inundaciones. Las deficiencias del sistema sanitario multiplican el riesgo epidemiológico en momentos de crisis.

La relación entre desastres y desarrollo es clara. No es casual que Cuba, a pesar de ser una isla expuesta regularmente a las inclemencias del Caribe, sea el país de la subregión que mejor sale parado de los desastres naturales, como resultado de su relativamente alto nivel de desarrollo (puesto 49 en el último Indice de Desarrollo Humano, más que cualquier otro país del Caribe no anglófono) y las obras de infraestructura realizadas durante años por el gobierno. Y no es casual que haya sido Nueva Orleans –con una pobreza del 28 por ciento, tres veces más que el promedio nacional, y tasas de desempleo y analfabetismo superiores a la media estadounidense– el epicentro de la catástrofe desatada por el Katrina, lo cual demuestra que las catástrofes afectan no sólo a los países pobres, sino también a los sectores más pobres de los países ricos (Nueva Orleans no es Miami).

En este marco, todos los índices coinciden en que Haití es el país latinoamericano más vulnerable a las catástrofes naturales. En su Indicador de Vulnerabilidad y Desastre para América latina, Isaías Chang Urriola le asigna un ciento por ciento de probabilidad. El índice elaborado por el BID, que combina aspectos que favorecen el impacto físico directo con otros referidos al impacto indirecto (fragilidad, debilidad estatal, etc.), también sitúa a la isla en el peor lugar del continente. Y es que Haití sufre el doble efecto de la mala suerte geográfica –una isla expuesta a las peligrosas aguas del Caribe, los tornados y los sismos– y una absoluta incapacidad de resiliencia. Esto ha hecho que el 34 por ciento de la población esté expuesta a las inundaciones, que una porción menor pero considerable sea vulnerable a los efectos de movimientos sísmicos y que el Estado sea incapaz de responder a las catástrofes humanitarias: con una pobreza de casi 80 por ciento, la última ubicación del continente en el Indice de Desarrollo Humano, una historia política marcada por el autoritarismo y la inestabilidad y una economía destruida, Haití es el mejor ejemplo de cómo el fracaso de un modelo de desarrollo es –más que las iras de Dios o la naturaleza– el verdadero responsable del desastre.