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Cuando el fiscal de Río Cuarto Walter Guzmán archivó la investigación por la muerte de Natalia Sonia Gallardo –una cordobesa de 28 años que miraba el paso del Rally Dakar– y decidió ni siquiera imputar al piloto alemán Mirco Schultis, la Argentina toda pareció no darse cuenta de lo que esto significa.

“La conducta del corredor es la propia de una carrera” –determinó Guzmán– y la joven “estaba en un lugar donde no era permitido ubicarse”.

Algo así como “algo habrá hecho” la víctima, descartando olímpicamente que el motociclista se salió del camino y atropelló e hirió a varios espectadores, y que había una enorme organización detrás de él.

La joven Gallardo no es la primera víctima del Dakar en Sudamérica. Ya el año pasado tres personas perdieron la vida: el motociclista francés Pascal Terry, encontrado muerto tres días después de desaparecer, y dos ciudadanos en Chile, en un accidente sugestivamente silenciado.

El mismo silencio cubre la historia negra de esta carrera originalmente llamada Rally París-Dakar, que fue prácticamente expulsada de Europa y de Africa, y a la que Francia exigió incluso que se le quitara el nombre de su capital. Salvo aquí, el mundo entero sabe del desprestigio de un “espectáculo” que no es más que la aventura de unos pocos privilegiados, que ha producido ya más de 50 muertes y que por doquier deja desastrosas consecuencias ambientales.

El Rally se hizo famoso por el desafío que era unir en coche Francia con Senegal. En los primeros años no se pensaba en los daños ecológicos que se producían y tampoco se cuestionaba el trato inhumano hacia los habitantes de los países africanos, entonces poco menos que bestias de carga en los campamentos. El Rally era un “safari” y con el tiempo muchos empresarios fueron descubriendo el filón que significaba el concurso de las más famosas marcas de vehículos, bebidas, tabacos y otros artículos de consumo de ricos, más los derechos de televisión.

Pero tuvieron que irse de Africa cuando los países africanos se convirtieron en “inseguros”. Un poco por hartazgo ante el daño ecológico, otro por circunstancias políticas y algunos atentados, el Rally Dakar, con el nombre reducido y nulo prestigio en Europa, debió buscar otros horizontes. Parece que hubo intentos de hacer la carrera en los Estados Unidos (Cañón del Colorado), Canadá y Australia. Pero fracasaron porque esos países, cuando depredan, lo hacen hacia fuera: en sus territorios son rigurosamente conservacionistas.

Entonces apareció la opción sudamericana, donde hay buena rentabilidad, cero rigor ambiental y funcionarios con reputación de coimeros. Argentina y Chile, dos países con reconocida distracción ambiental y nulo combate a la corrupción, eran ideales. Y encima, el cholulismo del poder y de los medios les facilita conseguir subsidios estatales, de manera que buena parte del enorme costo lo terminan pagando los contribuyentes depredados.

Los daños son tremendos, porque en los paisajes andinos, como en los desérticos, la vida vegetal y animal está siempre en delicado equilibrio, que se rompe ante el rugido de cientos de motos, autos y camiones, a grandes velocidades y consumiendo miles de litros de combustibles.

Al parecer, y según informes circulantes en la web, el itinerario fue modificado este año en su paso por Mendoza, porque algunos dueños de tierras les han hecho juicio. En Córdoba también. En cambio La Rioja, Catamarca y San Juan ya se sabe que son tierra de nadie para el desastre ecológico.

Precisamente a finales de 2009 se conoció –aunque los grandes medios porteños casi no le dieron espacio– que la Universidad Nacional de Córdoba, por abrumadora mayoría y luego de un largo debate, rechazó los fondos “donados” por la Minera La Alumbrera de San Juan. Antes lo habían hecho ya las UN de Río Cuarto y de Luján. El doctor Raúl Montenegro, uno de los impulsores del rechazo, calificó la decisión de “histórica” y “profundamente ética” porque los fondos “proceden de una empresa que consume irracionales cantidades de agua en una provincia semiárida, contamina el ambiente y rompe los tejidos sociales con sus practicas clientelares”.

No son meras palabras: desde 1997 la mina utiliza 95 millones de litros de agua por día que obtiene en Campo del Arenal, una reserva de agua subterránea poco conocida. Consume el 25 por ciento de la energía eléctrica del NOA y el 87 por ciento del consumo total de la provincia de Catamarca. Y desde 1999 se detectan drenajes ácidos que, según Montenegro, “son la peor amenaza de la minería”. Los efectos contaminantes no se reducen a Catamarca; se han comprobado en Tucumán y hasta en el embalse de Río Hondo, Santiago del Estero.

La prensa nacional calló, casi masivamente, la represión del 19 de diciembre pasado en Andalgalá, donde fuerzas de Gendarmería desalojaron la ruta donde los habitantes protestaban contra la minera. ¿Por qué? Porque el pueblo entero de Andalgalá, de 20.000 habitantes, fue vendido recientemente para la explotación minera y va a desaparecer.

La indefensión ambiental argentina es ya escandalosa. Ahí están los canales de Areco y los miles que debe haber en todo el territorio bonaerense aunque lo nieguen los señores Biolcati y Buzzi. Ahí está la amenaza al Ayuí en Corrientes. Ahí la minería depredadora en San Juan y otras provincias. Ahí la inoperancia manifiesta de la Ley de Bosques. Y ahí el insólito, ya insostenible veto presidencial a la Ley de Defensa de los Glaciares.

¿Cómo es posible que el Gobierno no advierta la estupidez de ese veto, tan grave como su inacción frente a las mineras y su permisividad con “espectáculos” como este rally, en el que hasta las Fuerzas Armadas prestan colaboración? ¿Y que en la durísima oposición casi ningún dirigente ni partido, con la sola excepción de Pino Solanas, se ocupe de estos asuntos? ¿Y que la gran mayoría de los argentinos, y sobre todo sus dirigentes, sean tan inconscientes, o corruptos, que no reaccionan ante la destrucción de nuestro hermoso territorio?

Es desesperante que a estas preguntas las responda el silencio. Es gravísimo que seamos uno de los países más estúpida y ambientalmente suicidas del planeta.