El ex agente Juan Manuel Mateos deberá seguir preso hasta que se defina su situación en la investigación del robo a la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. Así lo decidió la Justicia al dictarle la prisión preventiva a este policía, que ya estaba en disponibilidad acusado de haber participado en el asesinato de Santiago Pellegrini. De todos modos, Página/12 pudo saber que es muy probable que el caso pase al fuero federal a pedido del fiscal Marcelo Martini, quien considera que no se trató de un robo común sino de un acto de intimidación de trascendencia institucional. En este sentido coincide con lo que viene manifestando Sara Derotier de Cobacho, la secretaria de Derechos Humanos de la administración de Daniel Scioli y víctima del asalto del 30 de diciembre en el que Mateos y un cómplice se llevaron de su despacho expedientes judiciales de causas por delitos de lesa humanidad, su notebook, su celular y 11 mil pesos.

La prisión preventiva de Mateos la dictó el juez de Garantías Fernando Mateos. Le imputó el delito de robo calificado por uso de arma y por su condición de funcionario público.

Esta semana apareció, además, la computadora portátil pero, según la funcionaria, estaba vacía a excepción de una foto de su victimario de la dictadura. Consultada por este diario, Cobacho dijo no tener la certeza de si el macabro recordatorio se lo dejaron los asaltantes o quienes la revisaron, lo cual sería de mayor gravedad aunque estaría en sintonía con la serie de irregularidades y confusos episodios que rodean el hecho y su investigación. “Le sacaron todo lo que había, sólo dejaron una foto del represor que me torturó a mí en Santa Fe, (Juan) Perizotti, de Infantería. A la máquina la tuvo la policía científica y luego la Procuración”, describió. Al respecto, el fiscal Martini dijo desconocer la aparición de esa fotografía y explicó que le hicieron peritajes y la Procuración determinó que se habían copiado archivos.

En cualquier caso, la recuperación misma de la notebook de Cobacho –donde ella cuenta que guardaba todas las denuncias recientes que recibía sobre corrupción y delitos cometidos por policías y afirma que “nunca” se desprendía de ella– es un capítulo más de esta saga. Página/12 había anticipado que las irregularidades ya están siendo investigadas por la División de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense.

El 5 de enero Gustavo Mena, un alto jefe de la División Narcocriminalidad de La Plata se comunicó con el juez de garantías César Melazo para decirle que tenía información sobre el robo a la Secretaría. El magistrado, junto al jefe de la DDI platense Juan Ibarra, acudió a las calles 44 entre 26 y 27 donde estaba Mena con un informante suyo y otras dos personas, entre ellas un hombre que confesó haber entrado a la secretaría a robar con Mateos. Esta persona dijo que hicieron el asalto por un dato aportado por un chofer de esa dependencia y aseguró que robaron 190 mil pesos, una cifra superior a los ocho mil que denunció en principio Derotier de Cobacho, y también a los 11 mil encontrados en casa de Mateos cuando lo fueron a detener. Según fuentes de la fiscalía, fueron informados a la una de la mañana y el fiscal solicitó que trajeran a esas personas para tomarles declaración. No supo nada más hasta el día siguiente a las 9 de la mañana cuando el jefe de la DDI le trajo cajas con el material recuperado: la notebook, una cámara fotográfica y una filmadora. Al parecer, cerca de las 4 de la madrugada del 6 de enero Mena entregó los aparatos. Asuntos Internos investiga por qué actuó como intermediario en lugar de demorar a los supuestos “arrepentidos”, pero por el momento le dieron vacaciones.

Cobacho cree que al mencionar ese monto la policía pretende hacer aparecer el hecho como un delito común. Por eso recordó que no había esa cantidad de dinero en su despacho, y que a los empleados que estaban allí no les sacaron ni sus pertenencias ni el dinero de los aguinaldos que habían cobrado. “En el expediente dice que estaban drogados, que vinieron con armas de juguete, y esto de los 190 mil que nunca aparecieron. Nada de eso es cierto, quieren mostrar que fue como el robo a una despensa cuando fue una clara acción desestabilizante”, dijo la funcionaria. El fiscal Martini tiene el mismo enfoque y por eso pidió que el caso pase al fuero federal. “Pudieron haberse llevado elementos de las personas que estaban ahí, pero robar la notebook y sacarle información es intimidación, por la trascendencia de esos archivos que contenían denuncias contra policías”, comentó una fuente del caso. Si la causa cambia de fuero quedaría afuera de la investigación la Bonaerense, aunque esto no ocurriría hasta febrero.

La secretaria de Derechos Humanos había mencionado un posible vínculo del hecho con el represor Luis Patti, preso en Marcos Paz. Aunque esto no fue probado, a pocos días del robo en su despacho apareció una llamativa información en el portal Escobar News. “El inicio del juicio oral y público contra el ex comisario previsto para marzo está en peligro por el robo del expediente que se encontraba custodiado en la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense”, decía la nota sin firma. Desde el primer momento la funcionaria había descartado que en los expedientes robados, contenidos en once CD, hubiera pruebas de valor irrecuperables; y aclaró que en su mayoría eran copias de los que poseen los respectivos juzgados. Los únicos datos que dijo haber perdido eran sobre denuncias recientes contra miembros de la Bonaerense, sobre todo referidas al reclutamiento de menores para obligarlos a delinquir, algo por lo que justamente fue denunciado Mateos.