A poco más de 24 horas de conocido el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya el ánimo que reinaba entre los integrantes de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú era de disconformidad. Se reunieron anoche para escuchar de boca de sus abogados el análisis de la sentencia. “Malo”, “ambivalente”, y “poco satisfactorio” fueron sólo algunos de los calificativos que recibió el veredicto por parte de los distintos oradores. La imposibilidad de la postura argentina de comprobar –a juicio del Tribunal– que la pastera contamina fue eje central de la discusión, por ser, en definitiva lo que habilita a Botnia a seguir funcionando en Fray Bentos, el núcleo del conflicto. La exposición de los abogados además giró en torno de la interpretación de las disposiciones del Tribunal que sientan jurisprudencia con respecto al Estatuto del Río Uruguay, algo que es visto como una puerta abierta a un futuro reclamo en ese fuero internacional apenas se recolecten pruebas contundentes del daño ambiental. Lejos de atemperar el reclamo, los ambientalistas concluyeron que desde el martes “Botnia tiene el sello de la ilegalidad”, y que el resultado del dictamen “no soluciona el conflicto”.

La reunión convocada desde los días previos a la lectura de la sentencia comenzó poco antes de las 21 en el Club Frigorífico con una nutrida concurrencia. El encuentro –también preparatorio de la marcha del próximo domingo al Puente Internacional General San Martín– tuvo como rasgo diferencial la presencia del equipo de letrados que trabajó desde la Asamblea Ciudadana para sustentar el reclamo de los vecinos. Se repasaron todos los puntos salientes del fallo, se elogió el reconocimiento de las violaciones al Estatuto del Río por parte de Uruguay pero se objetó la interpretación de La Haya sobre la ponderación de la prueba de contaminación aportada por el Estado argentino. La principal crítica, ya manifestada desde que se conoció el fallo, fue que la Asamblea nunca tomó contacto con las pruebas presentadas por el Estado argentino, basadas en el argumento de la “confidencialidad” exigido por el Tribunal Internacional. Más allá de darle el beneficio de la duda, según contaron a Página/12, los abogados dijeron que no ponen las manos en el fuego por la contundencia de la prueba, ya que “tanto el municipio como la Secretaría de Medio Ambiente fueron poco perspicaces” para la toma de muestras cada vez que se denunciaba la presencia de contaminantes en el agua.

Entre los datos que encontraron en el fallo, Luis Lessia –otro de los abogados– señaló los argumentos de los jueces que fallaron en disidencia en el segundo tramo del dictamen. Allí los magistrados sostienen que se debieron haber propuestos peritos imparciales que pudieran constatar la contaminación. El fallo de La Haya otorgó valor sólo a las pruebas presentadas por el Uruguay, basadas en Dinama, Econometrix y Obras Sanitarias, todas partes interesadas. A pesar de que los jueces no convalidaron el planteo de contaminación, no significa que la planta de celulosa “no contamine”, señalaron. Los ambientalistas sostuvieron que esa parte del fallo fue “inconsistentemente débil en las argumentaciones”

Lessia también aseguró que se debe remarcar que la Corte ordena que a través del Estatuto del Río Uruguay en su artículo 44, que sean ambos países quienes administren el buen uso del río a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y que cada una de las partes puede previo permiso realiza estudios científicos en la jurisdicción de la otra. Algo que, según entienden, permitiría corroborar la contaminación y reabrir el proceso en el Tribunal.

Poco pudo saberse sobre la posibilidad de levantar el corte en la ruta 136, tema que fue eludido por los consultados. No es exagerado decir que sobre este tema existen tantas posturas como miembros de la asamblea. La discusión promete darse más adelante, luego de la movilización prevista para este domingo, cuando los ánimos se hayan calmado y el tema surja en una asamblea ampliada prevista para el domingo 2 de mayo. Gualeguaychú se mantendrá expectante ante la reunión entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su par uruguayo, José Mujica –que se llevará a cabo el miércoles que viene–, para inclinar su postura. El tema del veredicto es considerado ineludible en esa reunión de Estado tras años de tensiones bilaterales y enfriamiento diplomático. Al cerrar esta edición, los ambientalistas sometían a votación una invitación propuesta por el gobernador entrerriano, Sergio Urribarri, para tener una audiencia con ellos el próximo 28 de abril (ver recuadro).

Informe: Gabriel Morini.